A veces, en pocas palabras, se pueden decir muchas cosas. E interpretarse todas las que se quieran. En un escueta valoración sobre la investigación contra la alcaldesa Ada Colau por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por favorecer, presuntamente, a entidades amigas, el PSC, socio de gobierno de los comunes, dice que entiende que "corresponde a Colau dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido".

Las normas de Barcelona en Comú, y en concreto su código ético es muy claro. El apartado 3.6 especifica de forma textual el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas". El código ético se puede consultar en la web del partido [ver aquí].

SITUACIÓN ANÓMALA

Dicho de otra manera, y como le han pedido partidos de la oposición como Ciutadans y PP, la única salida que le queda a la alcaldesa es la dimisión. Los socialistas hablan de situación "anómala para el Ayuntamiento", aunque garantizan que "no afectará  al día a día de la institución ni al trabajo del gobierno municipal". El grupo que lidera Jaume Collboni respeta la "presunción de inocencia" y reitera que "corresponde a Colau dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido".  

Ni que decir tiene que a Colau no se le ha pasado por la cabeza dimitir a pesar de lo que le diga el código ético de Barcelona en Comú. "Quedará en nada. Ya llevamos 11 querellas archivadas". Y ha añadido que está fuera de lugar plantear ningún cese". Según la alcaldesa, se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación y ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación.

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona, con la primera edil Ada Colau / EP

 

COLAU DEBE DECLARAR EL 4 DE MARZO

Colau está citada a declarar el próximo 4 de marzo, a las 10.30 horas, ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas.

Detrás de la denuncia está la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. La querella ha sido admitida a trámite y en ella, a grandes rasgos, se dice que Colau, presuntamente, podría haber cometido los delitos citados al conceder subvenciones y convenios a entidades afines, como el Observatorio Desc (donde Colau trabajó), Enginyers Sense Fronteres (próxima al concejal de Emergencia Climática Eloi Badia) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que Colau usó para darse a conocer antes de dar el salto a la política.

CONFLICTOS HABITUALES

A lo largo del mandato, los conflictos los distanciamientos han estado a la orden del día entre los dos socios de gobierno de Barcelona: el Hermitage, la ampliación del aeropuerto, la prolongación del sistema de recogida de residuos Puerta a puerta y, por supuesto, el urbanismo táctico y la movilidad de la ciudad.

A poco más de un año de las elecciones, los socialistas deben ir desmarcándose de Colau si quieren ganar las elecciones en 2023 y convertir a Collboni en alcalde. El éxito y la mayor transformación que ha vivido Barcelona se ha hecho con el PSC. Y Colau ni estaba ni se la esperaba.

Noticias relacionadas