La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que la delegación de Barcelona de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se hará cargo de la acusación pública contra la dirigente de Barcelona En Comú, según ha explicado Crónica Global.
LA CITACIÓN, EL 4 DE MARZO
Anticorrupción llega al procedimiento después de que el juzgado admitiera a trámite la querella presentada en diciembre por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Esta misma semana se ha dado a conocer que ya se ha acordado la citación de Colau en calidad de investigada para el próximo 4 de marzo.
Según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a la alcaldesa se le atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público.
HECHOS ARCHIVADOS POR LA FISCALÍA
Colau mostró este miércoles su "perplejidad" al conocer la citación y dijo que le parecía "fuera de lugar plantear ningún cese". En rueda de prensa, aseguró que los hechos por los que se le investiga "son hechos ya archivados por Fiscalía", que abrió una investigación y llegó a la conclusión que no había ningún elemento de irregularidad.
En este sentido, la alcaldesa dijo desconocer si hay un nuevo elemento, pero, en todo caso, indicó que colaborará con la justicia y que mostrará la información disponible.
Este mismo jueves, ha subrayado la "intencionalidad política" que, a su juicio, "hay detrás de esta querella". En una entrevista en Ser Catalunya ha asegurado que le da "rabia" que se quiera "criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción".
PETICIONES DE DIMISIÓN
Distintos partidos de la oposición, como Ciutadans y PP, han reclamado a Colau su dimisión. JuntsxCat ha pedido al Ayuntamiento máxima transparencia, mientras que ERC y Barcelona pel Canvi no han valorado el caso. El PSC, socio de gobierno de Colau, definió la situación como anómala aunque aseguró que no interferirá en la labor del gobierno. El grupo de Jaume Collboni sí lanzó un dardo envenenado a Colau. "Corresponde a Colau dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido". Dicho de otra manera, los socialistas remitieron a Colau al código ético de su partido. Y este es muy claro.