Dar la voz a los ciudadanos, abrir la puerta a posibles consultas sobre las grandes cuestiones que defienden los comunes en Barcelona. Esa ha sido una constante de la alcaldesa Ada Colau, sin éxito por ahora. La nueva estrategia de la primera edil del consistorio pasa por una plataforma digital, Decidim Barcelona, que invita a pronunciarse sobre planes municipales y proyectos urbanísticos, con la idea de que se garantice “la confidencialidad y la privacidad”.
Ofrecer el voto a distintos proyectos, o permitir comentarios y propuestas, pero de forma electrónica. Ese es el espíritu de Decidim Barcelona, que quiere “dar la voz a la ciudadanía para que decida sobre el futuro de su entorno”. Se trata, mantiene el consistorio, de “un espacio digital de proceso participativo para debatir, contrastar y recoger propuestas”. El instrumento se ha elaborado con programario libre y código abierto para que los propios usuarios “lo puedan reutilizar o mejorar”.
PLANES ESTRATÉGICOS
¿Qué pretende el equipo de gobierno de Colau? ¿Un instrumento para consultas o referendos sobre las grandes cuestiones de los comunes? El decreto de alcaldía para aprobar inicialmente el proyecto de decreto, que regula la plataforma, ya lo ha firmado Ada Colau y se ha publicado en la Gaseta Municipal, a fecha 3 de febrero.
El consistorio abre la posibilidad de consultar “los procesos participativos abiertos”, los debates y el seguimiento de las propuestas, y ofrece modelos de propuestas ciudadanas en curso: el diseño de la zona verde de las Casas Baratas; Montjüic, un parque para Barcelona; Fabra i Coats, un espacio abierto en Sant Andreu; Plan del juego en el espacio público; o el Plan Estratégico de los espacios litorales de la ciudad.
CAMBIOS DE NOMBRE
La medida llega después de que la alcaldesa no pudiera sacar adelante las llamadas multiconsultas. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien dejó sin efecto el Reglamento de Participación Ciudadana de Barcelona que Colau había impulsado en 2016 para celebrar una consulta que no se produjo. El tribunal señaló que la norma “no respeta el régimen legal básico establecido”. El TSJC admitió a trámite, por tanto, el recurso que había presentado la entidad Abogados por la Constitución.
La sentencia ofrecía dos argumentos para retirar el reglamento. El primero consideraba que se debía haber sometido a un segundo período de exposición pública, una vez aprobado. Y el segundo argumento sostenía que las consultas municipales deben estar sujetas a la normativa estatal, que establece que los municipios pueden sacar adelante esas votaciones siempre que lo aprueben sus plenos y el Gobierno central, cosa que no se hizo.
Aquel reglamento que impulsó Colau se aprobó en octubre de 2017 con los votos de los comunes, PSC, ERC, el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y dos concejales de la CUP. El objetivo era que pudiera servir de paraguas para consultas ciudadanas, que podían celebrarse cada año, a partir de preguntas del consistorio o de entidades sociales. Y se llegaron a formular. Sin embargo, el pleno del ayuntamiento no las aprobó. La CUP y el PDECat, que habían votado en contra, posteriormente cambiaron el sentido del voto y el equipo de gobierno se comprometió a reactivar el proceso en este mismo mandato. Entonces, entre las preguntas figuraba la petición de “remunicipalizar” el servicio del agua, que gestiona Agbar, y cambiar el nombre de la plaza Antonio López por el de Idrissa Diallo, el joven que murió en el CIE de Zona Franca en 2012.