Barcelona gastó decenas de miles de euros en “litigios estratégicos”

El Ayuntamiento de Barcelona ha enterrado decenas de miles de euros en “litigios estratégicos” interpuestos en causas que, a priori, no tenían viso de ser ganadas. Esta estrategia persigue reforzar las causas ideológicas de los comunes y mostrar una imagen progresista y combativa del consistorio. De ahí que Barcelona impulsase la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, cuyo objetivo es “favorecer el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”. Las ciudades que forman parte de esa red son Barcelona, Pamplona, A Coruña, Cádiz, Zaragoza, Rivas, Vitoria, Tarragona, Valencia y Madrid.

Los litigios estratégicos materializados por el Ayuntamiento son varios. Por un lado, una querella contra los crímenes del franquismo que abrió un juzgado de Buenos Aires. Por otro, una querella contra la aviación italiana por los bombardeos de Barcelona entre 1937 y 1938. Otro litigio estratégico fue la querella presentada contra el letrado Carlos Rey, que fue el juez que condenó a muerte al anarquista Salvador Puig Antich, el último condenado a muerte del franquismo. “Este tipo de litigios pueden ser muy vistosos ideológicamente, pero todos los abogados sabemos que no van a ningún lado: están condenados al fracaso y sólo sirven para contentar a la parroquia y para dar trabajo a algún bufete de abogados”, explica a Metrópoli un penalista de larga trayectoria.

PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

A estos litigios, el equipo de gobierno de Ada Colau añade las iniciativas de la cooperación con las ciudades bombardeadas, la “revisión crítica de la herencia franquista”, retirando del nomenclátor nombres relacionados con el franquismo y medallas de honor o placas públicas, la recuperación de la cárcel Modelo y su reconversión como espacio memorial y “centro de interpretación de la represión” y el ”impulso a la memoria republicana”, estableciendo el mes de abril como la fiesta de la “Primavera Republicana, como reivindicación anual de la vigencia de los valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Pisarello, primer teniente de alcaldía de Barcelona, en la Primavera Republicana en Nou Barris / ARCHIVO - EUROPA PRESS

En realidad, poco después de la llegada al poder de los comunes, Colau anunció que el consistorio se personaba en la querella presentada por la Asociación Altra Italia para denunciar los bombardeos sufridos durante la Guerra Civil. En una escueta comunicación a la comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención, el Ayuntamiento informaba de su decisión de personarse en “la causa seguida en los juzgados de Barcelona a raíz de la querella interpuesta por la Asociación Altra Italia, Movimento per la Sinistra en Barcelona, en relación a los hechos que se refieren a los bombardeos en la ciudad de Barcelona durante el periodo de 1937 a 1938, seguidas oír un presunto delito de lesa humanidad”. La causa correspondía al sumario 1/2013 del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona.

¿INTERESES OCULTOS?

Algo que no debe pasarse por alto (y que el Ayuntamiento escondió) es que quien había presentado la querella de Altra Italia en los juzgados en el año 2013 había sido, precisamente, Jaume Asens. Se da la paradoja, pues, de que, una vez en el consistorio, se impulsa que éste se persone en una causa en la que era parte el teniente de alcalde, lo que arroja sobre el tema la sospecha de intereses ocultos. Sin embargo, no ha trascendido el coste que supuso la personación municipal en este “litigio estratégico”.

En esa misma comunicación, también anunciaba la personación “en los juzgados argentinos a raíz de la querella que tramita la jueza doctora Romilda Servini en la causa 4591/10 en el Juzgado Nacional número 1 de la ciudad de Buenos Aires, presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo”. Esta querella incluía hechos producidos en el periodo de 17 de julio de 1936 a 15 de junio de 1977 y, entre otros, se acusaba al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y a los exministros Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio. 

La jueza Servini mantuvo imputados durante siete años a los acusados. Martín Villa fue finalmente desimputado el pasado mes de diciembre por la Cámara de Apelaciones, que considera que la magistrada no ha hallado contra él ningún indicio de su implicación en torturas, maltratos y homicidios ni tampoco encontró indicios de que formase parte de un plan sistemático y deliberado para eliminar a los demócratas. El político llegó incluso a estar amenazado por una orden de extradición a la Argentina, dictada por Servini por “crímenes de lesa humanidad”. El entonces primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, calificó esa orden como un “acto de justicia” y acusó al exministro de ser “el responsable directo de la represión de movimientos sociales, obreros y democráticos, además de responsable político de persecuciones, maltratos, torturas y vejaciones”.

Rodolfo Martín Villa, en un acto en Madrid el pasado 17 de enero / EUROPA PRESS

EL PAPEL DE ASENS

Para impulsar el perfil político de estas personaciones, a finales de 2016, el entonces teniente de alcalde Jaume Asens firmaba en Pamplona el manifiesto ¡Verdad, justicia y reparación, ya!, juntamente con los alcaldes de Vitoria, Gorka Urtaran, Zaragoza, Pedro Santiesteve, A Coruña, Xulio Ferreiro, y Pamplona, Joseba Asiron. En esa reunión, el teniente de alcaldía barcelonés puso a disposición de los otros dirigentes locales la experiencia de Barcelona como impulsora de las causas judiciales abiertas en Argentina y Barcelona contra “los crímenes del franquismo y los bombardeos italianos”. La intención era impulsar, con otras ciudades, “una red de ciudades contra la impunidad de los crímenes del franquismo”. Se asentaba así la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, asociación que el Ayuntamiento de Barcelona presidió.

Barcelona también materializó el 14 de marzo de 2017 un “acuerdo con Durango para dar apoyo legal a las querellas contra los bombardeos franquistas”. En un comunicado del consistorio barcelonés, señalaba que “con este acuerdo, Barcelona ofrece a Durango compartir y facilitar el proceso judicial a través del cual se ha personado en las querellas ciudadanas que, como la de la Asociación Altra Italia, denuncian los crímenes perpetrados por la aviación fascista”. La abogada barcelonesa Anaïs Franquesa, directiva del Gabinete Iridia y exsocia de Jaume Asens en algunos pleitos, fue la encargada de redactar la querella que se presentó contra la Aviazzione Legionaria y que fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Durango en julio de 2017.

QUERELLAS FALLIDAS

La querella contra Carlos Rey fue encargada al despacho Molins-Parés y como provisión de fondos se le pagaron al bufete 32.065 euros. El contrato fue firmado el 4 de agosto de 2018. Para llegar a la firma, la gerencia de recursos del Ayuntamiento había adoptado el día antes un acuerdo: “Iniciar, en cumplimiento del informe del ilustrísimo señor Jaume Asens, de fecha 6 de julio de 2017 que se incorpora al expediente, la contratación del estudio, preparación y redacción del escrito de querella criminal por presuntos delitos cometidos en el proceso penal donde se condenó a muerte a Salvador Puig Antich”. La querella fue archivada en agosto de 2020.

El informe técnico justificativo, de apenas un folio, firmado por Albert Solé, director de los servicios jurídicos municipales, con fecha de 1 de diciembre de 2017, detallaba que el encargo provenía de la “tercera tenencia de alcaldía” y reconocía que “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos, también son necesarios conocimientos complementarios de indagación y búsqueda históricas”, además de una “muy alta especialización en derecho penal, especialmente en derecho penal internacional y derechos humanos”.

El presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, Jaume Asens, y el rey Felipe VI / EFE

El mismo despacho se había beneficiado de otro encargo singular del Ayuntamiento: presentar “una querella criminal por presuntos delitos de lesa humanidad contra el colectivo homosexual en el periodo del régimen franquista, de acuerdo con el informe del Ilustrísimo señor Jaume Asens de fecha 19 de diciembre de 2017”. En este caso, el pago al bufete fue de 33.275 euros y el contrato se firmó el 16 de abril de 2018. En noviembre de 2018, Barcelona se querelló contra seis magistrados que dictaron 553 penas de cárcel contra homosexuales entre 1954 y 1977. Dos meses más tarde, el TSJC desestimaba a querella.

MEDALLAS RETIRADAS

El 31 de marzo de 2017, al final del pleno, se leyó una declaración institucional para anunciar “la interposición de acciones legales con el fin de investigar los crímenes franquistas cometidos en la ciudad”. Ese mismo mes, el Ayuntamiento decidía retirarle la medalla de oro de la ciudad a Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior durante la Transición y exgobernador civil de Barcelona. La medalla se le había concedido en 1976. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó hace un mes que la medalla le debe ser devuelta y el político leonés, con la sentencia favorable en el bolsillo, renunció a la distinción.

En enero de 2019, cinco meses antes de las elecciones municipales, los comunes comenzaron a retirar las medallas de oro de la ciudad a personajes vinculados a la dictadura: fueron retiradas las medallas a los generales José Solchaga Zala y Agustín Muñoz Grandes (otorgadas en 1949 y 1969 respectivamente, al exministro de Interior Antonio Ibáñez Freire (1967), al excapitán general de Cataluña hasta 1971 Alfonso Pérez-Viñeta Lucio, a la Sección Femenina de Falange Española (1966) y la medalla de honor al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, de cuya cripta ubicada en las inmediaciones de la basílica de Montserrat fue retirada hace pocas semanas la escultura conmemorativa de los integrantes de esta unidad de combate.