Los proyectos ideológicos de los comunes son los proyectos estratégicos mimados desde el Ayuntamiento y que son potenciados desde las instancias oficiales con prioridad absoluta. Esos proyectos ideológicos han provocado no pocos debates, algunos muy agrios, con la oposición, que considera que su excesiva carga ideológica, en ocasiones rozando el fanatismo, no deben prevalecer en los encargos oficiales de un Ayuntamiento. Pero desde las filas de los comunes se indica que es precisamente la Administración la que ha de educar, en cierta medida, al ciudadano. Además, tanto la alcaldesa, Ada Colau, como los suyos, no han ocultado nunca que llegaron a la cúpula del Ayuntamiento barcelonés para cambiar la mentalidad de los vecinos de la ciudad y los valores ciudadanos.
En este contexto de educación del ciudadano cabría englobar uno de los últimos contratos municipales: se trata de un encargo de 399.573 euros que servirán “para el despliegue de la transversalidad de género en los distritos de Barcelona”. En otras palabras, es un plan para cambiar la mentalidad de las instituciones con el objetivo de impulsar la igual de género en la sociedad. Es decir, un mecanismo para educar a los barceloneses en el concepto de igualdad de género. Desde el consistorio se entiende que el cambio de mentalidad ha de comenzar por las instituciones.
Ada Colau, en el último pleno municipal / EFE - MARTA PÉREZ
LA ‘JOYA DE LA CORONA’
Se trata de uno de los servicios considerados la joya de la corona de los comunes, ya que toca el tema de la igualdad de género. Y para cada distrito de la ciudad se diseñará un plan particular con objetivos, actuaciones, desarrollo, calendario de ejecución, seguimiento y evaluación.
Así, el cometido del encargo será integrar la perspectiva de género en los planes y programas desarrollados desde los distritos, velar porque toda la comunicación se realice de manera inclusiva e incorporar la perspectiva de género en las políticas de empleo, trabajo doméstico, cuidados, lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad, participación política, social, tecnológica, de salud y de derechos sexuales, vivienda, vidas libres de violencia, justicia global y cooperación internacional, ecología, espacio urbano, movilidad y seguridad. Para concienciar y educar a los ciudadanos, se harán acciones formativas o de sensibilización, se dará orientación y se revisarán no sólo las subvenciones municipales, sino los contratos públicos que se otorguen desde los distritos.
LA EMPRESA QUE ENSEÑA A CONSUMIR
El contrato ha ido a parar a Tàndem Social, una cooperativa que ya echó una mano a Colau cuando se desató la polémica sobre el consumo de carne, atizado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Tàndem fue la entidad a la que el Ayuntamiento encargó la secretaría técnica de la Estrategia Alimentaria 2030 a mediados del año pasado. La estrategia que Tàndem debía elaborar ha de ser la hoja de ruta de los próximos 10 años sobre políticas alimentarias de la ciudad de Barcelona. El encargo se realizó en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la necesidad de moderar el consumo de carne. Por ese trabajo, la cooperativa se embolsó algo más de 45.000 euros. Ahora, no obstante, el contrato se eleva a prácticamente 400.000 euros.
La intención de educar en la transversalidad de género llegó al consistorio barcelonés en el 2015, con los comunes. Ese año, se dictaron las primeras directrices sobre el particular y se aprobó la medida de gobierno La transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona, que dio paso luego al Plan para la Justicia de Género 2016-2020 y al Reglamento para la equidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona, aprobado en el 2018. El contrato con Tàndem Social para aplicar la transversalidad por distritos es, precisamente, para dar cumplimiento al artículo 21 del plan citado aprobado en 2018. “Este año, en relación con los distritos, quedará cubierto con la creación de un servicio de asistencia técnica para el despliegue de la transversalidad”, dice un informe justificativo del contrato elaborado por los responsables municipales.
Fachada del Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS - David Zorrakino
UN CONTROLADOR EN CADA DISTRITO
La labor de la empresa es velar porque no haya discriminación alguna en la labor desarrollada desde el consistorio. Se debe de asegurar que las comunicaciones sean inclusivas, pero también que no haya lenguaje machista en las bases, convocatorias o difusión, se han de revisar los premios y distinciones y reformularlos “con perspectiva de género”, vigilar que todos los contratos sean inclusivos, impartir acciones formativas o de sensibilización sobre el tema, ofrecer orientación por correo o teléfono y elaborar materiales de apoyo (guías, metodologías, buenas prácticas, etc) para la incorporación de la transversalidad de género.
Además, indican los pliegos del contrato, “para cada uno de los 10 distritos, se definirá un plan de trabajo que adaptará los anteriores ámbitos de actuación y tareas a las necesidades territoriales y se establecerán de manera temporalizada a partir de la diagnosis y las demandas del distrito”. Esos planes de trabajo consistirán en un documento donde consten los objetivos, las actuaciones, el desarrollo, el calendario de ejecución, el seguimiento y la evaluación. En cada distrito se nombrará, así a una persona técnica que controle la aplicación de la metodología de la igualdad de género en cada territorio. El contrato se desarrollará, en principio, por dos años, que costarán la referida cifra de 400.000 euros, pero existe la posibilidad de que pueda prorrogarse otro año más, por lo que se ampliaría en otros 200.000 euros.