Contrato millonario a largo plazo de Colau a un año de las elecciones

Casi 5 millones de euros se dejará el Ayuntamiento de Barcelona en varios contratos para remozar todas las dependencias que dependen del área de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes y LGBTI, que depende de la concejala Laura Pérez. A un año de las elecciones, este macrocontrato será una muesca más a añadir a la gestión de la alcaldesa, Ada Colau, que perdurará en el tiempo, puesto que las obras se realizarán durante los próximos tres años, aunque existe la posibilidad de que, una vez extinguido el contrato, se renueve por otro año más. En otras palabras: Colau dejará al próximo alcalde un presupuesto comprometido de varios millones de euros.

¿Por qué se licitan las obras en este momento, a un año de las elecciones y con un contrato a tres años vista? Por una decisión política. Un informe justificativo del propio consistorio (fechado a primeros del pasado mes de junio, aunque los contratos se han adjudicado entre los meses de febrero y marzo) explica sólo que el Ayuntamiento está obligado a “satisfacer las obligaciones derivadas del mantenimiento de los diferentes equipamientos y adaptar los espacios para nuevas necesidades de estos equipamientos”. En otro párrafo, indica que los edificios del área indicada deben estar “en óptimas condiciones de utilización y seguridad para las personas o usuarios, además de ser actualizados conforme a la legislación vigente. Es también necesario proveerlos y mantenerlos, ya sea por las nuevas necesidades surgidas en cada uno de los equipamientos o bien por la obsolescencia de los mismos”.

MÁS DE 136.000 METROS CUADRADOS

Los edificios afectados por esta decisión son todos los centros sociales del área referida, las viviendas públicas dependientes de él o las oficinas de atención a la ciudadanía. En total, según el expediente municipal, 136.698 metros cuadrados de edificaciones, de los que casi 31.000 pertenecen al distrito de Sant Martí y más de 23.000, al distrito del Eixample.

Para facilitar la contratación, los responsables municipales dividieron las tareas a realizar en cuatro lotes: los tres primeros corresponden a los contratos destinados a realizar las obras de remodelación donde hagan falta. La empresa más beneficiada fue la constructora ACSA Obras e Infraestructuras, una firma integrada dentro del grupo constructor Sorigué, uno de los más mimados por el Ayuntamiento barcelonés. De hecho, ACSA es su joya de la corona, con una docena de sedes repartidas por Cataluña, Madrid, Baleares, Levante y Andalucía. El emporio de Sorigué se compone de una veintena de empresas principales dedicadas al negocio de la construcción, aunque también presta servicios en los sectores de medio ambiente, energéticos o de transportes. La facturación conjunta del grupo, que preside Anna Vallès, se eleva a unos 600 millones de euros.

LA MÁS BENEFICIADA

El contrato con el Ayuntamiento de Barcelona le reportará a ACSA 1.615.589 euros y bajo su responsabilidad estarán los equipamientos de Drets Socials de los distritos de Ciutat Vella, Eixample y la sede municipal que el área tiene en el paseo Sant Joan. Las demás sedes municipales de Drets Socials de los citados distritos no entran en el contrato. El pasado mes de febrero, esta compañía se llevó otro contrato de 4 millones de euros para realizar las tareas de mantenimiento de las fuentes de beber de Barcelona. En esa ocasión, concurría en una unión temporal de empresas (UTE) junto a la firma Aquambiente Servicios para el Sector del Agua.

La sociedad Maenju Empresa Constructora se llevó el contrato para los edificios de los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, además de los centros de Can Puig y Can Girona. Su contrato se eleva a 1.556.773 euros. Esta constructora tiene su sede en Reus y figuran como responsables de la misma Juan Francisco Vázquez Morales, Enrique Vázquez Morales y Juan González Gordillo.

LLUVIA DE CONTRATOS

El tercer contrato recayó en la empresa IFL Gestión, que se llevará 1.495.622 euros por los arreglos de los equipamientos en los distritos de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y la sede de Drets Socials de la calle de València. Se trata, en esta ocasión, de una empresa del sector de la construcción propiedad de la empresaria Cristina Mallol. Esta sociedad ya se había llevado más de 423.000 euros por un contrato similar (arreglos en interiores y adaptación de espacios en equipamientos del área de Drets Socials) para trabajos realizados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, además de recibir una quincena de contratos los últimos años (que suman alrededor de 2,5 millones de euros, aunque en algunos de ellos concurría dentro de una UTE) desde el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB).

El cuarto lote es el de los servicios de asistencia técnica, gestión y dirección y ejecución de obra, que fue para el arquitecto Oriol Guasch por 186.719 euros, uno de los despachos homologados por el Ayuntamiento para la realización de estudios y coordinaciones de seguridad y salud.