El gobierno municipal de Ada Colau continúa alimentando la economía solidaria en Barcelona. El Ayuntamiento ha impulsado diversas estrategias para dar apoyo a estas iniciativas, que se traducen en una lluvia de millones de euros.
Algunas de las partidas adjudicadas por el consistorio son subvencions a dedo, es decir, directas sin pasar por concurso público, que recaen en colectivos afines a la formación liderada por la alcaldesa.
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento otorgó una de estas cuantías a un colectivo afín a una federación que fue demandada por sus praxis para desarrollar un proyecto en el recinto de Can Batlló.
ESPACIO COOPERATIVO
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya se ha hecho con una subvención municipal para llevar a cabo los "Trabajos Definitorios de un Espacio Cooperativo en el Bloque 4 de Can Batlló" por valor de 30.000 euros, lo que supone la mitad del coste total del proyecto.
Interior de Can Batlló / AJ BCN
El proyecto subvencionado se dirige a la creación del "Centre de Promoció del Cooperativisme", una incubadora de cooperativas ubicada en el corazón de la economía solidaria de la capital catalana cuyo inicio de actividad se prevé para 2023.
El colectivo deberá justificar que la totalidad del gasto se ha destinado a esta actividad presentando la cuenta justificativa que adjunte un informe de auditoria para su confirmación.
"INTERÉS PARA LA CIUDAD"
El Ayuntamiento justifica el otorgamiento de la partida en que se trata de un proyecto de "interés para la ciudad", enmarcado en planes como la Estrategia de la Economia Social y Solidaria a Barcelona 2030 y en el Pla d'Impuls de l'Economia Social 2021-2023.
Según ha manifestado el consistorio, la subvención también encaja con el Barcelona Green Deal 2030, un plan económico "para los próximos ocho años que marca las prioridades y medidas para fortalecer la ciudad a través de tres aspectos clave: la competitividad, la sostenibilidad y la equidad".
COMPROMISOS
La adjudicación de la partida conlleva el cumplimiento de una serie de compromisos obligados por el Ayuntamiento a cumplir por parte de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. El colectivo deberá "introducir la perspectiva de género sin reproducir estereotipos y roles sexistas en la contratación de servicios y personas, así como en el ejercicio de sus actividades" y hacer uso de un "lenguaje inclusivo" en sus publicaciones.
Miembros de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya / BARABARA
La federación también tendrá que incorporar elementos que velen por la "igualdad de oportunidades y de resultados entre hombres y mujeres, facilitar al Ayuntamiento toda la información que requiera el proyecto y sus actividades, así como hacer difusión de las actuaciones que lleva a cabo" el consistorio y hacerlo "partícipe en actos públicos de especial relevancia".
Hacer constar la "colaboración del Ayuntamiento en todo el material divulgativo" y la participación de las entidades en la "Comisión de Seguimiento y grupos de trabajo que se constituyan" también son requisitos fundamentales para disponer de la ayuda económica municipal.
MALAS 'PRAXIS'
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya forma parte de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el órgano máximo del cooperativismo en la comunidad. En ella también se encuentra Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña, que fue demandada por sus praxis.
La cooperativa demandante, CoHousing Barcelona SCCL, señaló que la agrupación "ha estado participada por una cifra mínima de cooperativas, la mayoría posiblemente falsas cooperativas, que vienen de problemáticas conocidas por el sector, transformándose en nuevas cooperativas liquidando las antiguas".
Glòria Rubio y David Guàrdia, representantes de cooperativas incluidas en la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña / HABICOOP
El colectivo consideró que la situación es contraria a principios que deben regir la actividad de la fundación, como la "afiliación voluntaria y abierta", el "control democrático por parte de los miembros y su participación económica", la autonomía e independencia", el ofrecimiento de "educación, formación e información", la "cooperación" y la "preocupación por la comunidad". El proceso aún no cuenta con una sentencia firme.