Comunes y PSC vuelven a marcar distancias en el Ayuntamiento de Barcelona. A cada vez menos meses para las elecciones municipales de 2023, el partido que lidera la alcaldesa, Ada Colau y el que comanda su primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, acentúas las diferencias para desmarcarse de cara a los próximos comicios.
DARDOS A COLAU
A lo largo de las últimas semanas, por ejemplo, Collboni le ha dado varios tirones de oreja a la alcaldesa por el estado de la limpieza y de la seguridad en la capital catalana. También le recordó que la iniciativa de la rebaja de los precios del transporte no dependía de ella cuando sacó pecho por la medida y, hace tan solo unos días, se presentó en el congreso inmobiliario 'The District' mientras que la jefa de gobierno se deshacía en críticas y alentaba a las entidades sociales a manifestarse a las puertas del evento.
El pleno municipal extraordinario de este viernes ha vuelto a dejar otro ejemplo del divorcio entre los socios de gobierno a raíz de la propuesta presentada por ERC y Junts de elaborar una declaración institucional de adhesión al Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació. La propuesta ha sido aprobada al final del pleno, con los votos a favor de ERC, Junts y Barcelona en Comú. Cabe destacar las numerosas veces que la alcaldesa ha destacado la afinidad entre comunes y republicanos, llegando a reconocer que son la formación con la que más puntos en común comparte.
De hecho, son numerosos los guiños que Colau ha enviado ya a los de Ernest Maragall, principal competidor por la vara de alcalde. En los próximos comicios, según la última encuesta elaborada para Metrópoli, ambas formaciones podrían llegar a empatar en escaños el año que viene.
También se han adherido al acuerdo CUP, PDeCat, Demòcrates, Guanyem, Poble Lliure y Comunistes de Catalunya.
En esta ocasión, no obstante, el PSC se ha alineado con la oposición en el pleno del consistorio votando en contra de la declaración intitucional. Junto a ellos, también se han opuesto Cs, PP, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló.
AMNISTÍA Y AUTODETERMINACIÓN
El texto aprobado recoge la necesidad de apoyar la amnistía como una solución al conflicto catalán que afecte a todas "las personas exiliadas, encausadas y represaliadas". También considera la autodeterminación como un derecho y advierte de la necesidad de encontrar una solución democrática al conflicto catalán que pase, sí o sí, por el ejercicio de la libre determinación de la sociedad catalana.
En la misma línea, el texto reivindica también la modificación de del Código Penal vía reforma del delito de sedición "para evitar la represión de ideas políticas que deben poderse expresar y defender con absoluta libertad en democracia". Se trata de una propuesta que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se veía con buenos ojos hasta que el pasado jueves varios ministros, e incluso el propio Sánchez la descartaron, por lo menos temporalmente, hasta que haya una "mayoría" en el Congreso de los Diputados.
Ada Colau y Jaume Collboni, en un acto / EFE
La concejal en el consistorio barcelonés, Laia Bonet, ha advertido a ERC y Junts que "no pueden pedir el olvido" con respecto al 1-O y la DUI. No obstante, ha reiterado que la política de trincheras se ha demostrado que no funciona y ha asegurado que los socialistas "siempre tenderán la mano" a la búsqueda de entendimiento. Desde la oposición, la líder de Valents, Eva Parera, ha asegurado que no hay que debatir cuestiones ilegales, mientras que el líder del PP, Josep Bou, ha negado que haya conflicto entre Catalunya y España.
Desde Cs, Paco Sierra ha criticado a los grupos proponientes que "atacando continuamente a España dicen que esa independencia sería el oasis".
Por su parte, Marc Serra (Barcelona en Comú) ha insistido en la necesidad de la reforma del delito de sedición y el de rebelión. Por último, Elisenda Alamany (ERC) y Neus Munté (Junts), han asegurado que la "defensa pacífica de la independencia no puede ser perseguida penalmente".