Otro 'bollo' de Badia: Tersa contrata a Uría Menéndez para defender a su cúpula ante los vecinos

El exconcejal Eloi Badia, hoy diputado en el Congreso por Sumar En Comú Podem, ha dejado más de un dolor de cabeza en el Ayuntamiento de Barcelona. Hace poco, la deficiente gestión realizada en el área de Parcs i Jardins obligó a la nueva responsable del negociado, la socialista Laia Bonet, a tomar medidas urgentes para paliar los graves déficits que arrastra ese organismo municipal: tuvo que acometer la compra de tres vehículos comerciales, seis motocicletas, una carretilla elevadora y 20 bicicletas, además de reservar una partida económica para la reparación de maquinaria y la compra de recambios, baterías y filtros durante los próximos dos años.

Al margen, Bonet debe lidiar con las peticiones de una plantilla que pide más personal en la calle. Y no solo eso: ha contratado a Antoni Perramon Preñanosa para formar a los cuadros directivos de Parcs i Jardins en materia de liderazgo, habilidades en gestión de personas y proyectos de mejora interna. El objetivo es evitar que la situación llegue al nivel de la última legislatura, en la que hubo denuncias de trabajadoras que acusaban a directivos de Parcs de acoso, denuncias que se saldaron, al final, con el traslado y ascenso del acusado, mientras el concejal se negaba a reunirse con los representantes de los empleados. También acaba de contratar el pasado 11 de agosto al equipo de psicólogos de la empresa Gap 3 para ayudar en la selección de personal y en las competencias profesionales de los candidatos en los procesos de selección externa y promoción interna del área.

DELICADA SITUACIÓN EN TERSA

Pero no fue la única área perjudicada por Badia en la administración local: la compañía Tersa tiene en los juzgados una denuncia de la plataforma Airenet y otra de la Fiscalía por emitir supuestamente partículas que envenenan el aire de la costa de Barcelona, en la zona del Fòrum. Las instalaciones de Tersa fueron registradas en abril pasado por la Guardia Civil y Seprona está realizando un informe sobre la situación. El año pasado, la Fiscalía ya se querelló contra Eloi Badia (que además de concejal era el presidente de Tersa) y contra el jefe de explotación de la planta después de la denuncia de Airenet, apoyada por varias asociaciones vecinales y sociales. El concejal no hizo caso nunca de las denuncias vecinales ni de las peticiones de reunión que le hacían llegar colectivos preocupados por la situación. En abril pasado, Badia tuvo que declarar ante el juez.

Consciente de que el asunto es muy grave, el consejo de Tersa acaba de firmar un contrato con el bufete Uría Menéndez Abogados por 145.200 euros para que le resuelva la difícil papeleta jurídica que tiene sobre la mesa. Es un contrato en el que se ha cerrado el monto económico, pero no el plazo: si las investigaciones judiciales se archivan mañana, el asunto quedaría zanjado ya, pero si se mantienen en el tiempo, el bufete estará ligado a la defensa de la cúpula de Tersa durante un periodo de cinco años como máximo.

Rueda de prensa de Airenet relativa a la denuncia contra Tersa / RP

CON EXPERIENCIA EN EL TEMA

De hecho, Uría ya había defendido a la dirección de Tersa cuando Airenet presentó la primera denuncia el 12 de abril de 2018 ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero el 22 de febrero de 2022, la Fiscalía se metió a fondo en el asunto y presentó querella por presunto delito ecológico, ya que las emisiones de la planta de Tersa en el límite entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs podrían haber causado problemas para el medio ambiente y para la salud de las personas. Al menos, eso es lo que se desprende de los informes de técnicos universitarios que fueron requeridos para investigar el asunto. La denuncia de Fiscalía está siendo diligenciada por el juzgado de instrucción número 5 de Badalona.

Un informe interno de Tersa firmado por la directora de desarrollo corporativo y sostenibilidad, Gemma Gargallo, señala que “ante el nuevo escenario que queda tras la denuncia realizada por Fiscalía y la incoación de diligencias previas, se hace necesario contratar los servicios de la empresa Uría Menéndez Abogados para el asesoramiento sobre las actuaciones que han de llevarse a cabo en esta nueva fase”. ¿Por qué se contrata precisamente a este bufete sin convocar concurso, como sería lógico por el monto económico de la adjudicación? “Porque las actuaciones que han de realizarse provienen de la primera denuncia del año 2018, cuando fue este bufete el que realizó el servicio de defensa”. Por tanto, ya conoce el asunto y puede aprovechar la experiencia que tiene en el mismo.

TEMOR AL INFORME DE SEPRONA

El prestigioso despacho de letrados tiene por delante una complicada labor, ya que, según los documentos internos de la compañía, “han sucedido circunstancias que han conducido a la dilatación de la fase de instrucción”. Por una parte, el juzgado autorizó finalmente a Seprona a entrar en las instalaciones para examinar las condiciones de las mismas. Por otro lado, “se detectaron errores en los archivos remitidos por la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat en relación con datos monitorizados en continuo”. Debido a ello, se está a la espera del informe de Seprona y, además, Airenet presentó un recurso ante la Audiencia Provincial que está a la espera de resolución.

Planta de Tersa / CG

El temido informe de Seprona se espera para los próximos meses, aunque la fecha más probable de su envío al juzgado será hacia finales de año o, como mucho, a principios de 2024. Los estudios realizados por la unidad especializada de la Guardia Civil suelen ser duros, contundentes y decisivos en la mayoría de las causas judiciales que los requieren. De ahí la preocupación de los responsables municipales.

CONTRAINFORMES

El documento interno referido señala que “la principal base acusatoria se centró en la liberación de dioxinas y furanos, que constituyen un grupo de compuestos químicos orgánicos persistentes que se generan cuando las condiciones de combustión de los residuos no se ajustan a lo que establece la normativa ambiental de aplicación”. En otras palabras, los datos técnicos apuntan a que los residuos se quemaban a una temperatura más baja de la debida, lo que liberaba en el aire elementos cancerígenos que podían afectar a los vecinos de la zona. Y lo que se espera poder realizar con contrainformes técnicos que contrarresten los informes de especialistas que están incorporados ya al sumario y que apuntan a una mala praxis empresarial.

Ante ello, dice el informe de Tersa, el bufete Uría Menéndez debe defender los intereses de la compañía “y de sus directivos ante el juzgado” y realizar los correspondientes informes que “acrediten el correcto funcionamiento de la instalación y, en particular, la ausencia de contravención administrativa y/o peligro grave para la salud de las personas o el medio ambiente”. En otras palabras, debe “definir una estrategia de defensa desplegando una actividad probatoria orientada a pretender el archivo de las actuaciones judiciales penales en su instrucción”. El asesoramiento del bufete, afirma el escrito, “se continuará centrando en articular en sede judicial la actividad probatoria necesaria, acreditativa del estricto cumplimiento normativo que sigue la instalación y, en consecuencia, que la misma no comporta en absoluto un peligro grave para la salud de las personas o el medio ambiente”.