Un palo judicial de enorme envergadura que puede tener consecuencias para el futuro urbanístico de Barcelona, pero también para el futuro político en la ciudad. La sentencia de la juez que obliga a revertir la superilla de Consell de Cent, que deja en evidencia al gobierno municipal de Ada Colau –aunque gobernó en coalición con el PSC—deja en el aire esas transformaciones urbanísticas, con la mirada puesta en la ‘pacificación’ de Via Laietana. Pero también puede suponer que el alcalde socialista Jaume Collboni se aleje de los comunes de cara a formar un gobierno de coalición en los próximos meses.
Esa es la visión del mundo económico y comercial de Barcelona, protagonista de esa sentencia, porque han sido Foment del Treball y Barcelona Oberta las entidades que presentaron alegaciones contra la superilla de Consell de Cent. La gran incógnita, desde el punto de vista urbanístico, es saber cómo se puede revertir esa situación, desde la premisa de que nadie ha pedido, de forma explícita –al margen de la propia sentencia—que la calle del Eixample recupere el tráfico rodado, y deje de ser una zona peatonal y de paseo.
Ese tejido económico y comercial quiere evitar nuevas reformas que se apliquen “con los mismos métodos” que utilizaron los comunes. Y, de hecho, esa fue la respuesta de la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, al señalar que “la falta de diálogo y de consenso lleva a la judicialización”, como ha ocurrido en Consell de Cent. Tanto Foment como Barcelona Oberta piden ahora al Ayuntamiento que reformule algunas actuaciones urbanísticas, y, en concreto, en Via Laietana, “una de las principales vías de conexión entre la montaña y el mar en Barcelona”.
Esa posición coincide con la de algunos expertos que tuvieron responsabilidades en anteriores gobiernos municipales. Es el caso de Joan Torres, que fue teniente de alcalde de vía Pública y presidió Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) bajo los mandatos de Pasqual Maragall. “Lo que ha sucedido es una evidencia, y es que la supuesta participación era ficticia. No se ha consultado, ni se han buscado consensos. En otras etapas sí hubo participación, con Pasqual Maragall, por ejemplo, cuando se ‘pacificó’ Portal de l’Àngel, tras un esfuerzo largo de diálogo con todos los sectores implicados”.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la primera teniente de alcalde, Laia Bonet / EUROPA PRESS
El Ayuntamiento, con la alcaldía ahora en manos de Jaume Collboni, presentará un recurso ante el TSJC (Tribunal Superior Justícia de Catalunya). Pero el equipo de gobierno de Collboni ya ha dejado claro que no continuará la política de ejes verdes de Ada Colau. Y el propio Collboni se ha mostrado a favor de “reevaluar” algunas de esas obras urbanísticas, que incluye ejes verdes, carriles bici o la propia reforma de Via Laietana. Y eso lleva a ese tejido económico y comercial a señalar que los socialistas podrían alejarse de los comunes a la hora de constituir un gobierno municipal estable en este mandato. Collboni, con sólo diez concejales, necesita un socio estable. Aunque el alcalde socialista no tiene prisa para llegar a un acuerdo cerrado, deberá tomar decisiones a mediados de octubre para negociar los presupuestos municipales de 2024. El escollo ahora de los ejes verdes, con toda la presión de los comunes para que no se deshaga su principal obra –la bandera de Ada Colau—provocará una distancia con los socialistas, que insisten en la idea del “consenso”.
En ese caso, el líder de JxCat en el consistorio, Xavier Trias, señaló –solo conocer la sentencia de la juez sobre la superilla—que Collboni debía optar y abandonar esa política urbanística que se ha visto ahora sancionada. “Si cambia de orientación, tendrá nuestra ayuda”, insistió Trias.
EL PSC 'TOMA NOTA'
La política de los comunes se ha basado en un “dogmatismo poco comprensible”, según Joan Torres. Con la dirección de la concejal Janet Sanz y la responsabilidad del que fuera arquitecto jefe, Xavier Matilla, el anterior gobierno municipal insistió en que se debía reducir la presencia de coches en el centro de la ciudad. La determinación, calificada como “agresiva”, por parte de Foment y Barcelona Oberta, de peatonalizar determinadas calles del Eixample, sin tener en cuenta el Plan General Metropolitano –que era el argumento para presentar las alegaciones y que ha sido recogido por la juez en su sentencia—arrinconaba a los conductores. “Se les ha tachado de culpables, en esa política medioambiental, que, de hecho, nadie discute. Pero los conductores no somos culpables de nada, podemos ser, eso sí, responsables, pero no culpables”, insiste Joan Torres.
La sentencia marca un punto y parte en la política urbanística de los comunes. Y el PSC “ha tomado nota”, según las fuentes empresariales consultadas. Eso implica que se puede iniciar una nueva etapa en Barcelona, con actores distintos, al margen de cómo se le dé solución al eje verde de Consell de Cent.