Tersa se ha convertido en un nido de problemas durante los últimos años. Bajo la presidencia del exconcejal de los comunes, Eloi Badia, actualmente diputado de Sumar en el Congreso, la plataforma Airenet ha llevado a los tribunales a la compañía por presunto delito ecológico. Además, la sociedad ha disparado la factura eléctrica municipal.
Pese al perjuicio provocado en la capital catalana durante el último mandato, el consistorio ha prorrogado el acuerdo entre las partes para el suministro eléctrico municipal y ha zanjado un segundo pacto de gestión de Puntos Verdes, lo que se traduce en un desembolso municipal que roza los 50 millones de euros.
CONTRATOS
El gobierno barcelonés ha extendido el contrato relativo al suministro eléctrico para el Ayuntamiento y las entidades municipales a lo largo de este año, un encargo que costará 42.431.472 euros a las arcas de la ciudad. El último acuerdo entre las partes para garantizar este servicio se firmó a mediados de 2022, por un valor de 47.158.173 euros, pero sufrió un incremento posterior.
Instalaciones de Tersa en Sant Adrià
El Ejecutivo local también ha encargado a Tersa la gestión de Puntos Verdes de la ciudad y del servicio de atención al contribuyente de la tasa de recogida de residuos. Para esta función, el consistorio abonará otros 5.918.859 euros.
Los acuerdos, sellados a finales de diciembre, suponen una partida total de 48.350.331 euros a falta de eventuales ampliaciones a favor de la compañía pública, que a día de hoy está presidida por la primera teniente de alcalde y máxima responsable del área de Transición Ecológica, Laia Bonet.
DENUNCIA
Sobre la compañía pesa una denuncia por presunto delito ecológico debido a su elevada emisión de contaminantes, un problema que se ha cronificado para los vecinos del Besòs por la escasa distancia a la que se encuentran de la incineradora.
Tras un procedimiento impulsado por la plataforma Airenet, la Fiscalía consideró que la planta de Tersa habría emitido gases contaminantes que supusieron "un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas", y que Eloi Badia y el jefe de explotación "habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable".
Rueda de prensa de Airenet sobre la denuncia contra Tersa
El Ministerio Público sostuvo que el exconcejal de los comunes permitió, como presidente de Tersa, que durante la quema de basuras en la planta del Fòrum se expulsaran a la atmósfera más gases nocivos de los permitidos por la normativa.
URÍA MENÉNDEZ
Consciente de la gravedad del asunto, el consejo de administración de Tersa firmó el año pasado un contrato con el bufete Uría Menéndez Abogados por valor de 145.200 euros para afrontar esta denuncia por presunto delito ecológico.
La vigencia del contrato dependerá del transcurso de las investigaciones judiciales, hasta alcanzar el periodo máximo de cinco años, cuando el acuerdo quedaría automáticamente extinguido.
IMPAGO DE IMPUESTOS
Al margen de la denuncia por contaminación y el encarecimiento de la factura eléctrica municipal, la compañía fue sancionada en 2021 por impago de impuestos. Tersa tuvo que hacer frente a una multa de 506.845 euros por realizar un mal cálculo y pago del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) de unos trabajos que acometió en el municipio de Gavà, donde gestiona el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales (CTRM) de Gavà-Viladecans.
Centro de Tratamiento de Residuos Municipales (CTRM) de Gavà- Viladecans
Tersa es una empresa pública propiedad de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), que posee un 59% de la compañía, y el Área Metropolitana de Barcelona (41%). Su incineradora está ubicada en Sant Adrià de Besòs, y es la segunda más importante de España por volumen de gestión de residuos.