Las sentencias en contra de actuaciones llevadas a cabo por Ada Colau durante la última legislatura en Barcelona no se podrán ejecutar. Así de sencillo. Las tropelías cometidas por el equipo de gobierno comandado por la lideresa de los comunes son tan onerosas que es más perjudicial el remedio que la enfermedad.
El desprecio del anterior equipo de gobierno por las normas legales fue tan acusado que las sentencias en contra de sus iniciativas caen en cascada: desde las actuaciones en zonas peatonalizadas hasta la urbanización de la Via Laietana, pasando por la implantación de las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o la implantación de la tasa Amazon son fallos judiciales donde se pone en tela de juicio la gestión de Colau y su equipo, que actuaron con desprecio a las normas existentes. Y, en algunos casos, denotan el talante intolerante y poco negociador del anterior gobierno. Las sentencias hablan de falta de diálogo con otras administraciones y con los vecinos.
Una fuente municipal reconoce a Metrópoli que “en Barcelona se han peatonalizado muchas calles durante décadas y en todas las épocas, y jamás hubo problema alguno. Se hizo siempre y nunca se acabó en el juzgado. Siempre se había consensuado con todos los actores locales, comerciantes, vecinos, gremios, etcétera. Pero el equipo de Colau iba a destajo, sin negociar con nadie, y así le fue. Las cosas se podrían haber hecho mejor”.
“Recurriremos todas las sentencias”
Lo cierto es que las sentencias en contra de decisiones municipales se acumulan en los despachos municipales. Sólo contra ejes verdes del Eixample hay ya cuatro fallos de los tribunales que, en principio, obligan a revertir las obras. Pero, ¿cómo hacerlo? Los vecinos se espantan si tienen que estar varios años más con las calles levantadas a las puertas de sus casas o comercios. “Recurriremos todas las sentencias. No podemos desmontar todo”, reconocen en el Ayuntamiento. Incluso las asociaciones que interpusieron las denuncias ante las autoridades judiciales se han asustado de lo fácil que ha sido obtener las condenas y están dispuestas a colaborar para minorar en lo posible el impacto de las sentencias.
“Es cierto que hemos hablado con asociaciones para ver cómo dar una solución, pero creemos que lo mejor es que no se mueva nada más. Estamos negociando con los que han metido recursos y creemos que por interés público es mejor que todo quede ya como está”, señalan las fuentes consultadas.
Vulneración de normas
Las sentencias sobre los ejes verdes afectan a las calles del Consell de Cent, Comte Borrell, Girona y Rocafort. En estas calles, el Ayuntamiento ejecutó lo que llamaba “proyecto ejecutivo de obra ordinaria”, pero en realidad estaba haciendo añicos el Plan General Metropolitano (PGM), vulnerando todas las normas legales. Pero lo malo es volver atrás. Para acometer las obras, hubiera tenido que aprobar primero una modificación del PGM. Sin embargo, el consistorio de Colau actuó siempre con prepotencia y sin escuchar a los afectados. Al no haber hecho las cosas bien, la justicia considera ahora los proyectos nulos de pleno derecho. ¿Y qué hacer en estos casos? “Puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque revertir todo cuesta mucho dinero y molestias a los vecinos de nuevo. Hemos de ver qué es lo mejor para el ciudadano”, argumentan desde el actual consistorio.
Estado actual de la calle del Consell de Cent
Las sentencias en contra se comenzaron a acumular después de que los tribunales echasen atrás la ZBE impuesta por los comunes. Más tarde, vinieron los fallos sobre la Via Laietana y la tasa Amazon. Respecto a la primera, el juzgado contencioso 14 de Barcelona estimó la demanda de varias asociaciones y federaciones de vecinos (interpusieron denuncia CCOO, FAVB y Catalunya Camina, Associació pels Drets dels Vianants) por la reurbanización de la popular vía, una de las pocas arterias que unen a la ciudad con el mar y con el barrio de la Barceloneta. “El proyecto impugnado se enmarca en el proyecto urbanístico global superilla Barcelona en el que, en el presente caso, se impugna la reurbanización de la Via Laietana”.
El ejemplo de Via Laietana
Pero esta vía, recoge el fallo, “tiene la función vial de accesibilidad metropolitana y no estrictamente local o de barrio”, por lo que el proyecto de reurbanización “encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el PGM atribuye a la Via Laietana sin seguir el procedimiento legalmente previsto para ello y por decisión de un órgano manifiestamente incompetente: la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, en vez de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que es un órgano administrativo de la Generalitat de Catalunya”.
Obras de reurbanización en Via Laietana
La magistrada concluye que “el programa Superilla se desarrolla fraccionadamente mediante proyectos de obra ordinaria, tratando de eludir el procedimiento de modificación puntual del PGM, que obligaría al Ayuntamiento a tener que consensuarlo con la Generalitat de Catalunya y con el tejido social”. En otras palabras, critica que el Ayuntamiento no sólo despreció la negociación con otra institución, que es quien debe dar el visto bueno a la obra, sino también al tejido social, es decir, a los ciudadanos.
Una tasa poco clara
La última sentencia es del pasado 19 de julio y echa por tierra la llamada tasa Amazon, que gravaba el reparto de paquetes a domicilio. El consistorio imponía una tasa especial porque considera que las empresas de reparto “compiten en el mismo mercado” que los comerciantes que abren su tienda en la ciudad y con los mercaderes sedentarios o no sedentarios, y, por tanto, existe “un desnivel a la hora de competir ente el comercio de proximidad y el comercio electrónico realizado por los grandes operadores postales”. Según el Ayuntamiento, estos operadores, “aunque realizan actividad económica y obtienen beneficios económicos en Barcelona, no contribuyen de la misma manera al presupuesto municipal y se benefician de la obsolescencia actual de las normas vigentes, que no se han adaptado a la nueva economía digital”.
La sentencia deja claro que lo que se viene a gravar es la entrega de una mercancía. Y, aunque la finalidad era cobrar la tasa a las grandes empresas del comercio electrónico, en realidad a quien se cobra es a la repartidora. Además, advierte que si la ordenanza tiene como justificación finalista evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales esta protección “debe abarcar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el dominio público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del comercio electrónico”.
Una furgoneta de reparto de Amazon en una imagen de archivo
En resumen, la gestión municipal los últimos años no ha sido precisamente modélica. Una fuente municipal concluye que “Colau lo tenía todo muy tensionado, hablaba poco con la gente y con las asociaciones. Por eso, le buscaban las cosquillas. Lo que estamos viendo es el fruto de una manera de hacer política que está muy lejos de lo que debería ser la política municipal”. El actual consistorio deplora que Colau haya actuado por encima de las normas y con un absolutismo tal que se puso a todas las organizaciones sociales en contra. Pero conscientes de que la reversión de muchas obras es prácticamente imposible por el perjuicio que causaría a las arcas públicas (la vuelta atrás de lo andado representaría un gasto de cientos de millones de euros) e incluso sería negativo para el interés público, se intenta consensuar como mal menor el que todo quede como está… Quizás hasta que llegue otra Colau a llevarse por delante la legalidad vigente.