Guerra abierta entre Ayuntamiento y patronal por el cierre de los pisos turísticos en Barcelona

La batalla por el futuro de los pisos turísticos está servida en Barcelona. Las intenciones del gobierno de Jaume Collboni son claras: acabar con la actividad de estas viviendas para enfocarlas a otros mercados, especialmente el residencial. El Ejecutivo local ha marcado, además, el mes de noviembre de 2028 como fecha de caducidad definitiva para todos ellos, un plan que el sector no está dispuesto a aceptar.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) no tardó en expresar su irritación por este anuncio. La patronal aseguró que la medida “condena la ciudad a la pobreza y el paro”, un rechazo que este lunes llevó más allá, al cuantificar los daños. Marian Muro, directora general del colectivo, señaló que ya se han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial por valor de 1.000 millones de euros, una cifra que podría crecer hasta los 3.000 millones en Barcelona.

Al margen de esta guerra se mantienen los hoteleros, grandes beneficiados del conflicto. Con el final de los pisos turísticos en el horizonte, el sector vislumbra un incremento de sus beneficios, que este año aspiran a registrar una cifra inédita.

Fiscalidad

Hacer uso de la fiscalidad para que las viviendas turísticas no resulten rentables. Este es el camino a seguir por el Ayuntamiento para erradicar esta actividad en la capital catalana, salvo que se produzca algún tipo de excepción. Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, incidió en esta idea en el el programa Converses de la Cadena Cope, con la participación de Metrópoli. En sus declaraciones, el edil afirmó que estas viviendas no disponen de “licencia”, sino que se benefician de una “autorización” municipal expedida durante la etapa de Xavier Trias.

Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía METRÓPOLI null

El gobierno municipal ve, en esta prohibición, una oportunidad para paliar el problema de falta de vivienda que sufre la ciudad. Denegar el uso turístico facilita la orientación de estos pisos hacia otros mercados, especialmente el residencial. Al mismo tiempo, se aboca al visitante a las estancias hoteleras, lo que obliga al pago de una tasa que facilita la financiación de proyectos de ciudad.

Valls, insistente en que el consistorio disponga de un mayor margen con la fiscalidad para rentabilizar el turismo, aclaró que la planificación municipal no está orientada a favorecer a los hoteleros.

“Expropiación encubierta”

El estallido de Apartur se consolidó este lunes, cuando la asociación expuso la citada cuantificación económica para presionar a la administración barcelonesa y la catalana. Hasta el momento, según la patronal, unos 1.500 pisos turísticos y 25 empresas gestoras de Barcelona han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial. “Es una expropiación encubierta de un derecho, y esto da pie a una indemnización”, valoró Muro.

Enrique Alcántara y Marian Muro, presidente y directora general de Apartur respectivamente EUROPA PRESS null

Las palabras del colectivo fueron más allá. Su presidente, Enrique Alcántara, señaló que el Ayuntamiento “no tiene” la mano tendida al diálogo, y cargó contra el sector hotelero, al que acusó de destruir “de manera irreversible miles de viviendas” en la ciudad.

Alcántara, quien destacó que los hoteles barceloneses están "en su gran mayoría en suelo residencial", aseguró que los pisos turísticos pueden acoger otras actividades en caso de que se produzca un descenso del turismo.

Los hoteles, grandes beneficiados

Los hoteleros contemplan la batalla desde una posición privilegiada. El sector atraviesa su mejor momento en Barcelona, tras cerrar un verano con un máximo histórico de precios y la previsión de finalizar el año con una facturación récord. Este optimismo se acrecenta con los planes municipales, que anularán su principal competencia en la capital catalana.

Consultadas por este medio, fuentes del Gremi d'Hotels rechazan valorar la afectación que puede conllevar a los alojamientos una subida de la tasa turística que se paga en la ciudad, una voluntad municipal que busca sacar el máximo rédito al turismo. La misma posición de prudencia mantienen sobre las acusaciones vertidas por Apartur sobre el sector hotelero.