El Govern niega haber recibido el recurso sobre los mil millones de Apartur por la regulación de pisos turísticos

La portavoz y consellera del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Generalitat no ha recibido “ningún recurso judicial” sobre los mil millones de euros que ha exigido Apartur en responsabilidad patrimonial por la extinción de licencias. “Si hubiera una tramitación, responderíamos según la vía que se vaya desarrollando”, ha explicado Paneque.

La portavoz ha señalado que el decreto de viviendas de uso turístico aprobado por el Parlament “cumple la legalidad vigente” y, en este sentido, ha sostenido que el Govern se reafirma en la medida, que fija un tope a las viviendas de uso turístico. “En zonas tensas la prioridad tiene que ser la vivienda. Por tanto, en potenciar estas políticas”, ha añadido Paneque.

Así, ha insistido en que la vivienda es un ámbito fundamental para el Ejecutivo del presidente Salvador Illa y ha apuntado a encontrar un “equilibrio” entre el uso turístico y la vivienda.

Mil millones de euros

La patronal anunció el pasado lunes que exigirá mil millones a la Generalitat por las pérdidas que supondrá la regulación de las viviendas de uso turístico en Barcelona. Las reclamaciones parten del convencimiento de que la capital catalana acabará por extinguir en noviembre de 2028 las licencias de la ciudad. Según apunta Apartur, las solicitudes corresponden a 1.500 pisos turísticos y 25 empresas gestoras ubicadas en Barcelona. El sector cree que, además, ocurrirá lo mismo en el conjunto de Catalunya.

Marian Muro, directora general de Apartur, durante una entrevista con Metrópoli GALA ESPÍN Barcelona

Efectos de la regulación

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, y la directora general de esta asociación, Marian Muro, aseguraron durante la rueda de prensa que el valor final de las reclamaciones podría superar los 3.000 millones de euros en Barcelona y los 7.000 millones en el conjunto de Catalunya. Se pueden presentar solicitudes hasta el 8 de noviembre, cuando se cumpla un año de la publicación de la regulación.

Ambos portavoces de Apartur señalaron que, si las reclamaciones no son aceptadas por la Generalitat, llevarán las peticiones de indemnizaciones ante la justicia ordinaria.

Inseguridad jurídica

Alcántara apuntó que los propietarios de los inmuebles entienden que “hay un perjuicio claro sobre su patrimonio”. En este sentido, el presidente señaló que la cantidad reclamada comprende tanto el valor de las viviendas como la diferencia de beneficios entre el alquiler turístico y los que tendrían si los pisos se destinan a alquiler tradicional.

Muro lamentó que es “una expropiación encubierta de un derecho y esto da pie a una indemnización” a los propietarios que tienen este derecho. Además, criticó que esta situación provoca “inseguridad jurídica y vulnerabilidad importante” a cualquier sector que ejerce una actividad con una licencia.