BComú deja las ordenanzas fiscales en 'stand by' ante la posible nueva terminal de cruceros en el Port
- Los comunes acusan al gobierno de Collboni de "valorar positivamente" la creación de una nueva estructura para embarcaciones de lujo, mientras que el PSC insiste en que cumplirá con la reducción de siete a cinco terminales
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Las ordenanzas fiscales deberán esperar. El pleno municipal de este viernes resolverá el futuro de los tributos barceloneses, que siguen encallados después de que BComú y ERC hayan expresado su reserva de voto en la Comisión de Economía de este miércoles, mientras que el resto de fuerzas de la oposición se han posicionado en contra.
Aunque las tasas contaban, en primera instancia, con el beneplácito de ERC, los comunes han provocado un giro de guión. El voto favorable a la aprobación inicial de los impuestos no se ha repetido en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la que la edil Janet Sanz ha acusado al teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, de "valorar positivamente" la creación de una nueva terminal de cruceros en el Port de Barcelona.
"Exijo coherencia. El único acuerdo es pasar de siete a cinco terminales en el Port", ha señalado Sanz tras apuntar la importancia de "materializar una propuesta de decrecimiento turístico".
Valls niega la terminal
Valls ha asegurado que estas ordenanzas son "una herramienta para modular las externalidades que algunas actividades económicas tienen en la ciudad", y ha asegurado que su posición respecto a las terminales del Port es "clara", con una reducción de siete a cinco, tal y como pactó con BComú.
Sanz ha mantenido este estricto posicionamiento respecto a las ordenanzas después de que el Ejecutivo local haya aceptado 18 enmiendas presentadas por los grupos municipales, mayoritariamente de comunes y republicanos.
Entre las concesiones realizadas al grupo de Sanz, está el incremento en la subida del IBI a los hoteles de lujo, que finalmente será de un 1,17% si las ordenanzas salen adelante.
Voluntad constructiva
ERC ha insistido en la "voluntad constructiva" que ha mantenido su grupo durante la negociación de los tributos barceloneses, y que se ha escenificado con medidas como el "incremento del recargo turístico" hasta los ocho euros.
Las propuestas republicanas también han incluido las "bonificaciones" para aquellos que utilicen el sistema de reciclaje porta a porta y la rebaja del "40% en la tarifa de los centros deportivos municipales para personas con discapacidad", entre otras.
Junts, PP y Vox, en contra
Damià Calvet, edil de Junts, ha criticado la "propuesta continuista de Collboni, que perpetúa una presion fiscal desmesurada sobre las personas, familias y tejido productivo de Barcelona". También ha lamentado que el Ejecutivo local haya rechazado las "28 alegaciones" presentadas por el grupo.
La regidora popular Ángeles Esteller ha expresado la "enmienda a la totalidad a las ordenanzas fiscales" desde su partido, y ha criticado que el gobierno de Collboni solo haya aceptado "tres de las 33 alegaciones" presentadas por su formación.
Gonzalo de Oro, concejal de Vox, ha denunciado los incrementos en el IBI, y ha cargado contra la subida de la tasa turística, lamentando el empeño del Ejecutivo local en "estrangular el motor más importante de la ciudad".