La asociación Barcino 5G recurre la ordenanza de civismo de Barcelona

La asociación Barcino 5G ha recurrido la Ordenanza de Civismo de Barcelona mediante la interposición de un recurso centrado en la treintena de alegaciones presentadas por la entidad que han sido rechazadas.

El colectivo liderado por el abogado Alberto Fernández, al que el Ayuntamiento sí ha aceptado diez alegaciones, ha defendido algunas de las propuestas presentadas que han recibido el 'no' municipal, como la prohibición del burka y la exigencia de determinadas condiciones de arraigo cívico para acceder a beneficios municipales.

En este último caso, Barcino 5G ha reclamado que los infractores de la Ordenanza no puedan beneficiarse de servicios básicos de la ciudad.

Centro de servicios sociales en Barcelona AJ BCN

La entidad presidida por Fernández también ha defendido que no se pueda acceder a una vivienda social si no se demuestra una residencia legal y continuada de una década en Barcelona, sin sanciones firmes por incivismo en los tres últimos años.

Garantía policial

Entre las alegaciones que ha desestimado el ente municipal, se encuentra una mayor implicación de los Mossos d'Esquadra en la seguridad de la ciudad, con una mejora en los términos que sean necesarios. La petición se ampara en un convenio firmado por el Ayuntamiento y la Generalitat en 2005.

Garantizar los efectivos necesarios de Guardia Urbana, respaldar y afianzar la figura del agente cívico escolar y apoyar económica y jurídicamente a las víctimas de incivismo, también forman parte de las peticiones de Barcino 5G.

Imagen de archivo de un hombre detenido en Barcelona por los Mossos y la Guardia Urbana MOSSOS D'ESQUADRA

Reducir las consecuencias en el tráfico durante las manifestaciones, prohibir prácticas irregulares como los "aparcacoches" o la "mendicidad organizada", se han sumado a las reclamaciones de la asociación.

Respecto al consumo de drogas, Barcino 5G ha exigido que el texto de la Ordenanza prohíba explícitamente el consumo y tenencia de drogas en la vía y lugares públicos, una medida rechazada por el consistorio alegando que se prevé en la Ley de Seguridad Ciudadana.

"El gobierno sigue un criterio cuando quiere y, cuando no, lo cambia”, ha asegurado Fernández.

Alegaciones aceptadas

Las alegaciones aceptadas por el Ayuntamiento incluyen cuestiones como la colaboración de los municipios colindantes con Barcelona para actuar contra las prácticas irregulares y la dotación de recursos y medios suficientes a la Guardia Urbana.

Entre los puntos más relevantes también se suma la iniciación, a los dos meses de la entrada en vigor de la Ordenanza, de los trámites para introducir en la normativa municipal la prohibición de la promoción y el consumo de productos cannábicos ilegales en la vía pública.