El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el pleno del 27 de marzo de 2026

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el pleno del 27 de marzo de 2026 Ayuntamiento de Barcelona

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El plan de los comunes por la guerra: que Collboni pague ante la subida del combustible

Consiste en que se ponga más recursos para “ayudar a las familias, reforzar las ayudas sociales y los puntos de asesoramiento energético, dar apoyo al comercio y a los mercados, así como garantizar un transporte público más accesible”

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Los comunes no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad para desgastar al alcalde Jaume Collboni, al que consideran su principal rival en las elecciones municipales del año que viene. Los efectos de la guerra de Irán son una oportunidad inmejorable para ello.

En concreto, reclaman medidas a Collboni para minimizar los efectos de la subida de los combustibles, lo que ha encendido a los socialistas. La concejala Tània Corrons fue la encargada de encender la mecha de la guerra.

Fondo de 100 millones

Ubicada junto a una gasolinera, señalaba el precio de la gasolina. “Estos precios están subiendo estratosféricamente por una guerra a miles de kilómetros. La pregunta es: ¿Es justo que lo paguemos también nosotros? Porque no sólo es la gasolina. Es la luz, el gas, el transporte y la compra de la semana. No puede ser que paguemos nosotros las consecuencias de una guerra ilegal perpetrada por fascistas que sólo piensan en especular y seguir enriqueciéndose”.

Un mensaje adyacente al vídeo urge a Jaume Collboni a tomar medidas y hacen saber a su militancia que exigen que el alcalde disponga de un plan de choque y de un fondo municipal de 100 millones de euros “para poder actuar de forma inmediata si la situación empeora”.

Colau y Pisarello en una foto de archivo

Colau y Pisarello en una foto de archivo ARCHIVO

Apostar por renovables

Su plan es que el alcalde ponga más recursos para “ayudar a las familias, reforzar las ayudas sociales y los puntos de asesoramiento energético, dar apoyo al comercio, a los mercados a los autónomos, garantizando un transporte público más accesible”.

La concejala arrima el ascua a su sardina y aprovecha para hacer proselitismo de uno de los ejes ideológicos estrella de los comunes: la energía renovable.

Así, la gran medida propuesta es “reducir la dependencia energética y apostar por más renovables en la ciudad”, al tiempo que pide que Collboni exija al Gobierno del Estado medidas urgentes para paliar la escalada de precios.

El ejemplo de Colau

Corrons echa flores a su jefa Ada Colau y recuerda que la guerra de Ucrania “desde Barcelona en Comú reaccionamos ayudando a los comercios con el encarecimiento de la luz y el gas, congelando las tasas municipales, subvencionando el transporte público  y por eso el Gobierno de Collboni , que suele llegar tarde, si llega, le exigimos que ponga recursos para proteger a la gente de esta ciudad, para incrementar la energía renovable que producimos y que le exija al Gobierno del Estado  medidas urgentes para frenar  la escalada de precios”.

Estas afirmaciones han sentado mal en las filas socialistas por varias razones. “En la última legislatura, gobernábamos en coalición los comunes y los socialistas, por lo que no puede apropiarse de unas medidas que se tomaron colectivamente por un gobierno municipal mixto”.

El cabreo del PSC

Aseguran desde el Ayuntamiento que el alcalde anunció recientemente la activación de 23 millones en ayudas complementarias a las del Estado y la Generalitat para fortalecer la posición de Barcelona.

Ante la Taula de Diàleg Social, Collboni anunció una ampliación de 4 millones adicionales en la línea B-Crèdits para mejorar la liquidez de la pequeña economía. Van destinad as estas ayudas a comercios, microempresas y autónomos y el objetivo es llegar a una bolsa de 16 millones a corto plazo para que actúe como alivio financiero de la crisis.

Barcelona Activa ha diseñado también un dispositivo especial de atención a los trabajadores y se han dispuesto ayudas de hasta 200.000 euros a través de la Oficina de Atención a las Empresas.

Pero también hay otro pequeño detalle: “¿Pedirán los comunes al ministro Urtasun que tome medidas, ya que forma parte del Gobierno?”, se pregunta un dirigente socialista.

Janet Sanz, exedil de BComú, interviene en el pleno municipal de Barcelona antes de dejar su acta de concejal

Janet Sanz, exedil de BComú, interviene en el pleno municipal de Barcelona antes de dejar su acta de concejal EFE

“Lo tienen muy sencillo: que Urtasun lleve el tema al consejo de ministros. Seguramente, el consejo de ministros le hará más caso que al alcalde de una ciudad, aunque ésta sea Barcelona. El alcalde Collboni ni pincha ni corta sobre lo que decida el Gobierno. O también pueden hacer que Pisarello, que es miembro de la Mesa, lo lleve al Congreso y lo hable con su colega ministro Urtasun. ¿O es que va a resultar que en los comunes no saben que tienen ministros en el Gobierno ni diputados en el Congreso?”, razonan los socialistas.

En resumen, que lo tienen más fácil los comunes para situar un debate en el consejo de ministros que el alcalde de Barcelona.

Campaña por la vivienda

Esta diatriba a propósito de la guerra se ve complementada con una ácida campaña sobre el sensible tema de la vivienda con el que los comunes quieren desgastar la figura del líder socialista.

El candidato a las próximas elecciones municipales, Gerardo Pisarello, es el protagonista de esta batalla sectorial. Tanto él como varios dirigentes han enviado consignas y vídeos breves a los afiliados para concienciar sobre el tema.

 El candidato alardeaba de que la movilización popular había conseguido parar un desalojo en Gràcia. “Tenemos una Barcelona trinchada por la especulación inmobiliaria que nos expulsa de nuestra casa. Es preciso un gobierno valiente que plante cara a los poderosos. No hay tiempo que perder”.

En otra alocución de vídeo, aseguraba que “en Barcelona están creciendo exponencialmente los desahucios y el sinhogarismo, que se ha disparado hasta el 43% en estos últimos años (…) el problema es el gobierno municipal, que no es capaz de multar como corresponde las acciones especulativas y de hacer aplicar la ley del 30% que obliga a hacer reservas de vivienda protegida a las nuevas promociones o rehabilitaciones”.

Colau da la cara

La mismísima Ada Colau y la presidenta del grupo municipal, Gemma Tarafa, distribuyeron un vídeo al alimón. “Desgraciadamente, si aún no se han prohibido los alquileres y el fraude de los alquileres de temporada es porque Jaume Collboni es más sensible a las presiones del lobby inmobiliario”, advierten en el mensaje escrito.

Jaume Collboni durante el acto 'l'alcalde respond' 2026

Jaume Collboni durante el acto 'l'alcalde respond' 2026 ARCHIVO

En la alocución filmada, Colau explica que “el PSC ha sido muy sensible a las presiones de los especuladores. Los comunes conseguimos una regulación de los alquileres en el Estado, pero ahora hemos de conseguir que la puerta de atrás que el Partido Socialista dejó en la ley, que permitía que los especuladores burlen la ley a través del alquiler de temporada y de los colivings, esto se prohíba en Barcelona”.

“Esto se ha de acabar”

La concejala Jess González es otra que presiona con lo mismo: “En la Dreta de l’Eixample, el 30% de los pisos están vacíos, no viven vecinos. Esto son centenares de pisos secuestrados por el turismo y la especulación. Mientras, la gente trabajadora cada vez padecemos más por pagar el alquiler y se hace cada vez más difícil encontrar un piso donde vivir. Esto se ha de acabar”, advertía la concejala. Claro que lo dice una concejala con un salario bruto, según la web municipal, de 78.329 euros anuales a 16 de septiembre de 2025.

Carolina Recio avisaba los últimos días de “vecinas desalojadas por Collboni” en La Sagrera y “sin alternativa”. Lucía Martín, casi al unísono, se descolgaba con otro vídeo a la militancia en el que aseguraba que en Barcelona “hay suficientes pisos para que vivan todos” y denunciaba que “tenemos un problema muy grave con los pisos vacíos, los pisos convertidos en negocios y los pisos que se compran para especular”. 

Un control de los alquileres, afirma, acabaría “en solo 4 meses con el fraude de alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones que descuartizan pisos enteros para ganar muchísimo dinero expulsando a los vecinos de su casa”.