Vecinos de Les Corts piden al gobierno de Collboni su implicación para salvar una finca protegida

El futuro de Can Capellanets continúa en el aire. Ubicada en Les Corts y protegida por Patrimonio, sobre esta finca propiedad del Arzobispado de Barcelona se proyectó una residencia privada tras un primer acuerdo de la Archidiócesis con la promotora L'Onada, que suscitó el rechazo vecinal al poner en peligro el conjunto del inmueble y sus jardines, que datan de 1881.

La lucha vecinal realizada durante los últimos años dio sus frutos, y la propiedad readaptó sus planes para reducir este macroproyecto a una iniciativa que respetara el patrimonio, en especial el jardín de la calle de Galileu. El Arzobispado rescindió el contrato que tenía con L'Onada, una decisión que la compañía no aceptó, hasta el punto de introducir operarios en la finca con las obras ya anuladas. A día de hoy, según fuentes de la Archidiócesis, la cuestión continúa judicializada a la espera de conocer si se cancelarán definitivamente las obras o si la promotora tirará adelante este proyecto.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha evitado su implicación en el caso, que ha valorado como una cuestión entre privados. Con la llegada del nuevo gobierno municipal, los vecinos de Les Corts reclaman al consistorio que intervenga para proteger un bien patrimonial de Barcelona.

PROYECTO DE L'ONADA

Los planes de L'Onada chocan con la defensa de Can Capellanets. El proyecto deseado por la promotora pasa por la edificación de una macrorresidencia privada con unas 120 plazas, una iniciativa que sería posible a cambio de la destrucción del jardín protegido.

Edificio de Can Capellanets, en Les Corts / RP

El anuncio, realizado por la exconcejal de Urbanismo Janet Sanz a mediados de 2021, cogió por sorpresa a la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts. Desde el colectivo lamentaron a este medio que este movimiento acabaría con el citado jardín, y recordaron que "todas las asociaciones de usuarios y familiares de personas en residencias" pedían una modificación de la ley para que estas "tengan un máximo de 50 plazas".

La Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Les Corts criticó la "permisividad" del gobierno municipal anterior tras muchos años de denuncia, e incluso apostó por la "expropiación" de la finca antes de que el vecindario coincidiera con el Arzobispado en la necesidad de detener el proyecto planteado por L'Onada.

INVOLUCRACIÓN MUNICIPAL

Con el cambio en el Ejecutivo municipal, los residentes esperan que el Ayuntamiento se implique en defender el patrimonio y los espacios verdes del barrio. Así se expresan desde Salvem el Patrimoni de les Corts, quienes valoran que la Fundació Sant Josep Oriol (Arzobispado) esté dispuesta a "hacer otro proyecto que respetaría el jardín de la calle de Galileu", pese a que la promotora "quiere seguir con su macroproyecto de residencia".

El colectivo explica que, el pasado mes de julio, solicitaron una reunión con David Escudé, nuevo regidor del distrito de Les Corts. Para este encuentro, también reclamaron la presencia de Maria Buhigas, arquitecta jefa municipal que relevó a Xavier Matilla en este puesto con la llegada de Jaume Collboni a la alcaldía.

Trabajadores de L'Onada en el interior de Can Capellanets / CEDIDA

Aún sin respuesta del consistorio a esta petición, la plataforma requiere al gobierno municipal actual que se "implique para proteger los jardines", ya que no se trata de un "asunto entre dos privados", sino que numerosas asociaciones del distrito han mostrado su apoyo para frenar esta iniciativa.

CONTRATO A PASCUAL

A finales del pasado mandato, el Ayuntamiento concedió un contrato de forma directa a L'Onada para la rehabilitación de su centro de atención a mayores en Barcelona, situado en el Parc del Guinardó, según informó Crónica Global.

La directora general de la compañía es Cinta Pascual, también vicepresidenta de Foment del Treball que dio apoyo a la candidatura de Junts per Catalunya en las pasadas elecciones municipales. Anteriormente, se vinculó a la empresaria con ERC a raíz de su investigación judicial en el caso Voloh, concretamente en una pieza que afectaba a los traslados de enfermos desde las residencias catalanas.

El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona imputó a la directiva por unas conversaciones intervenidas a Xavier Vendrell, exconsejero republicano, en las que aseguraba que había trasladado a ancianos enfermos desde algunos geriátricos y que algunos de ellos "murieron". La cuestión acabó archivada.