El asunto es complejo. Por un lado está la guerra abierta de los taxistas contra Uber y Cabify –a la que ahora se han sumado otras dos aplicaciones chinas– que ha desestabilizado el sector. Por otro lado, las empresas poseedoras de licencias VTC. Y flotando, una incógnita: ¿Cuál es la mejor forma de terminar con el conflicto?
La propuesta que lanzó el Ayuntamiento de Barcelona que encabeza Ada Colau es la implementación de un reglamento que limita a una licencia de alquiler de vehículo con conductor (VTC) por cada 30 de taxis. Con este decreto, el consistorio municipal determinaría quién puede prestar servicio y qué número de vehículos pueden prestarlo en el Área Metropolitana.
Esta regulación se aprobó en el Pleno del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) el pasado 27 de febrero, pero aún le queda camino por recorrer y varios obstáculos por sortear.
Uno de los obstáculos es el mismo Gobierno, que por su parte ha aprobado recientemente un Real Recreto Ley con la intención de controlar el número de licencias de vehículos con conductor de forma homogénea a nivel nacional. Así lo explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que es consciente de que el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre este ratio de limitación entre las VTC y el taxi impuesto en 2015.
Conversamos con el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, sobre la situación actual y proyectos de futuro. Álvarez es una de las personas que más se ha volcado en la lucha, con determinación, argumentos y paciencia. Sin pelos en la lengua, reivindica la dignidad para el sector del taxi, que solo quiere recuperar la estabilidad.
¿Por qué no os parece positivo el Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno?
El Gobierno aprueba una ley donde dice que tiene que haber una autorización VTC por cada 30 de taxis pero no permite que las comunidades autónomas ni los ayuntamientos apliquen esa ley que ha sacado. No dejan regular. El Ayuntamiento de Barcelona lo que dice es que en su suelo tienen la capacidad y las competencias para regular. El Gobierno les quiere pasar un gran marrón. Imagínate: meten 20.000 VTC y dicen que las controle. Eso es incontrolable. El Gobierno manipula...
¿Por qué?
Nos quieren autoconvencer de que si nos meten 5.000 VTC en Catalunya tenemos que estar satisfechos porque no entran 20.000, solo 5.000. La realidad es que han aprobado una ley que no se cumple, y no les dan capacidad a la comunidades ni a los ayuntamientos para que solucionen el problema. Se lavan las manos. Por eso nuestra gran esperanza es el reglamento de Barcelona.
¿El Gobierno impugnará el reglamento de Colau?
Sí, ya lo ha dicho. (Silencio) Pues al juzgado iremos. (Ríe) Vamos a llevar tres bufetes: el nuestro, el Col·lectiu Ronda y a Elpidio Silva. Ahora estamos preparando una querella a través de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) a la que nos hemos unido más de 1.300 taxistas.
¿En qué consiste la PIT?
Se trata de un movimiento jurídico de taxistas. Muchos de nosotros creemos que hay una trama para alterar el precio de las autorizaciones VTC con mala intención. Todos los que estaban al frente del taxi ahora se han forrado con las VTC. El Gobierno del PP es cómplice de toda esta situación. Se aprovecharon del vacío legal que acabó convertido en una ley. Y si ahora dan las 40.000 autorizaciones que están solicitadas, nos arruinan. Pero ya no nos engañan más. Ahora ya no.
Imagino la impotencia que provoca a taxistas que están pagando aún sus licencias.
A los autónomos esta situación los vuelve locos. Imagínate depositar en una licencia todos tus sueños. Hay gente que la ha avalado con el piso de sus padres... ¡es que son 130.000 euros! Para pagarlo hay que echar tantas horas... ¡Es una locura! Tú haces esto y de repente ves un coche negro (de Uber o Cabify) que te quita a los clientes. ¡Qué impotencia!
Te has involucrado en esta lucha, pero también en muchas otras. Ahora tienes entre manos otro proyecto. ¿Qué nos puedes contar?
El día 5 voy a empezar un nuevo programa en la radio RKB con Elpidio Silva. ¡El jurista y el activista juntos arrasando! (Ríe) Va en serio, meteremos mucha caña. El primer programa irá sobre los estibadores. El objetivo es dar voz a todos los colectivos que quieran y que estén en lucha, así como a los movimientos sociales e injusticias de esta sociedad. Un espacio para que puedan reivindicar, siempre aportando el punto de vista jurídico de Silva, inhabilitado por el Partido Popular porque metió al primer banquero de España en la cárcel. ¡Esto será un bombazo!