La guerra judicial entre las empresas de VTC y el Ayuntamiento de Barcelona está servida. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)( del decreto que limita el número de licencias a estas empresas, encabezadas por Uber y Cabify, en el área metropolitana de Barcelona ha sido el pistoletazo de salida para lo que se prevé como una larga batalla en los tribunales de justicia.
Por el momento, las dos empresas de VTC, que son las directamente afectadas por la decisión del Consejo Metropolitano, han anunciado que van a presentar recursos judiciales para intentar de, de entrada, la nueva normativa quede en suspenso.
También es posible que tanto el ministerio de Fomento, que es la administración que tiene la potestad para legislar sobre este asunto, como la Generalitat de Catalunya presenten también sus recursos ya que ambos organismos consideran que la norma es ilegal. Según publica Crónica Global, la decisión de dejar en suspenso la decisión del decreto dependerá de las medias cautelares que pidan las partes recurrentes.
DUDAS LEGALES
Al parecer, en el seno de la propia Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se tienen dudas de la legalidad del decreto aprobado, motivo por el cual se ha retrasado casi dos semanas desde que se aprobó hasta que se ha publicado en el BOP para su entrada en vigor. Una de las principales dudas la marca el hecho de que la AMB podría no tener competencias legales para poner en marcha una legislación como esta.
La medida aprobada a iniciativa de Barcelona en Comú (BeC) establece que los vehículos VTC deberán disponer de un permiso municipal para poder actuar en el área metropolitana, teniendo en cuenta que el ratio quedará establecido en un máximo de 1 vehículo VTC por cada 30 de taxi. Es decir, que solo podrán circular 398 vehículos VTC, menos de la mitad de los que hay actualmente en circulación.