Las multinacionales de motosharing siguen presionando al gobierno de Ada Colau. Lo hacen para salir beneficiadas del concurso público abierto por el Ayuntamiento de Barcelona para entregar las 6.958 licencias de motos compartidas en la ciudad. El consistorio está estudiando la documentación presentada por las empresas que cumplen los requisitos y que habían manifestado su intención de entrar en el mercado, un total de 21 compañías.
Entre ellas se encuentran diversas empresas dirigidas por emprendedores barceloneses y startups, que quieren entrar en un negocio hasta ahora coptado por grandes compañías como Cooltra o Acciona, las que más han protestado tras abrirse el concurso.
PROBLEMAS EN LOS PLAZOS
Los expertos ven con buenos ojos el modelo que ha impulsado el gobierno de Ada Colau. "Es abierto, igualitario y participativo", indican. Pero le ven una pega: está "empañado" por el plazo fijado a la hora de desplegar las licencias.
En las bases del concurso ya se había contemplado una extensión de 30 días más en el caso de demostrar que los vehículos están en producción, aspecto que ayudaba a los emprendedores a poder optar a este concurso, como así ocurrió.
DUDAS JURÍDICAS
No obstante, las condiciones que fija el Ayuntamiento para ampliar los plazos dejan en el aire algunas cuestiones interpretativas del ámbito jurídico, de modo que los emprendedores pequeños no obtienen ninguna respuesta tras presentar los correspondientes escritos al Ayuntamiento de Barcelona, según fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes opinan que "este silencio, junto con las constantes muestras de desacuerdo de los grandes operadores que no tienen ninguna dificultad para desplegar sus motos después de estar operando hasta ahora en una situación no regulada, aumentan los temores de los pequeños adjudicatarios de que el modelo que quería implantar este gobierno municipal se vea afectado".
LA AMENAZA DE LOS GIGANTES
De ser así, las fuentes consultadas advierten de que el sector quedaría de nuevo en manos de los gigantes de la movilidad sin oportunidad de entrada a nuevos operadores y sin poder actuar bajo un libre mercado real. Para las empresas de nueva creación "sólo de esta forma, se puede ofrecer un servicio competitivo y de calidad para el ciudadano".
Cabe recordar que el concurso abierto por el Ayuntamiento tiene como como objetivo "regular el sector y romper la situación de duopolio" que existía hasta ahora en Barcelona.