En su empeño para reducir al máximo la circulación de vehículos privados por la ciudad, Barcelona continúa realizando cortes de calles al tráfico cada fin de semana enmarcados en su programa Obrim Carrers.
Todos los sábados y domingos, entre las 09.00 y las 20.00 horas, el eje de Sants-Creu Coberta (entre plaza Espanya y calle Arizala) y la calle Gran de Gràcia (en el tramos comprendido entre la calle Nil Fabra y la plaza Nicolás Salmerón), prohíbe totalmente la circulación de vehículos para dar un exclusivo paso a los viandantes. También se han llevado a cabo restricciones en la calle Aragó y en la vía Laietana.
Según el consistorio barcelonés, la finalidad de este programa es "disfrutar de una ciudad libre de humos, motos, coches y ruido", así como combatir la "crisis climática" ofreciendo "58.600 metros cuadrados de uso vecinal", una estrategia que supone un elevado coste.
CONTROLADORES
Para llevar a cabo los cortes en las vías barcelonesas, el Ayuntamiento prorrogará el contrato que garantiza el servicio de auxiliares y coordinadores encargados de controlar los accesos cerrados al tráfico.
El acuerdo cubrirá los trabajos enmarcados entre los días 30 de abril y 29 de junio del presente año, y su valor total ascenderá hasta los 763.171,42 euros, lo que supone unos 380.000 euros mensuales.
El contrato prorrogado está adjudicado a la compañía Alianzas y Subcontratas, SA, encargada de controlar las restricciones entre el mes de noviembre del pasado año y febrero de 2021.
OTROS COSTES
El Gobierno municipal ya abonó otros costes el pasado año para esta finalidad. Los últimos correspondieron a la colocación de vallas y a servicios informativos relacionados con la campaña.
Además, se añadieron los trabajos de control para impedir el paso del tráfico rodado por las vías cortadas. En total, la cuantía destinada a dichas labores superó los 70.000 euros.
El Ayuntamiento calcula que, mediante esta iniciativa, la ciudad evita la circulación de hasta 50.000 vehículos los fines de semana.
"SIN GUARDIA URBANA NO ES COHERENTE"
Jordi Rodríguez Lima, portavoz del Sindicato de la Guardia Urbana SAPOL, denuncia la falta de coherencia que hay en que estos cortes "los haga una empresa privada y no la Guardia Urbana", ya que la "regulación del tráfico deben hacerla los agentes de la autoridad". El agente recuerda que el consistorio comenzó a hacer uso de estos servicios auxiliares en Montjuïc. "Todo esto empezó con los servicios que se daban en Montjuïc para controlar los accesos del Palau Sant Jordi. Se contrató a una empresa que primero cubría el perímetro interior y luego los aledaños. El Ayuntamiento fue dándoles poco a poco más espacio para conciertos y eventos, y luego se añadió alguna cabalgata de Reyes colaborando con la Guardia Urbana", explica.
El portavoz señala la gravedad de realizar contrataciones a "empresas sin experiencia en este tipo de trabajos", y destaca la peligrosidad que conlleva: "Si un día pasa algo, nadie asumirá responsabilidades", lamenta Rodríguez Lima, que a su vez recuerda la necesidad de que sean "profesionales" quienes se encarguen de ello.
Además, el agente remarca que el Gobierno municipal de Ada Colau ha realizado "contratos a dedo", llevando al límite la cuantía económica que permiten las licitaciones para, posteriormente, adjudicar los trabajos sin necesidad de realizar un concurso público.
SUPERVISIÓN
Con todo, el agente pide que al menos haya una "supervisión profesional de la Guardia Urbana" durante estos cortes, e inisiste en que SAPOL está "totalmente en contra" de la gestión que se está llevando a cabo desde el consistorio barcelonés.