El pleno municipal ha tumbado este viernes una proposición del grupo municipal de Ciutadans en la que se pedía suspender la aplicación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La iniciativa del partido naranja nace después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anulara la norma, aunque como el fallo judicial no es firme, el Ayuntamiento de Barcelona puede seguir multando.
La presidenta de Ciutadans Mariluz Guilarte reclamaba también dejar sin efecto las multas impuestas hasta ahora y dejar de poner de nuevas. Asimismo, Guilarte ha propuesto iniciar la redacción de una nueva ordenanza para regular la ZBE "que corrija las deficiencias señaladas por la sentencia dictada por el TSJC". Sin embargo, el gobierno municipal se ha negado.
ORDENANZA IMPROVISADA
Ciutadans está a favor de la ZBE pero ha criticado la falta de rigor del gobierno. "La ordenanza se hizo de forma improvisada. Antepongan el rigor y los informes técnicos". Gullarte ha criticado que la norma no haya ido acompañada de otras medidas. "Mucha gente no se puede cambiar el vehículo". La ZBE veta la circulación a todos los coches contaminantes, de lunes a viernes, que no disponen de la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico.
Contra la propuesta han votado de forma negativa el gobierno de la ciudad, Barcelona en Comú y PSC, y ERC. JuntsxCat se ha abstenido. Y Ciutadans, Valents, PP y la regidora no adscrita Marilén Barceló se han posicionado a favor. A pesar de que la proposición no ha salido adelante, el debate político ha estado cargado de críticas a la gestión del gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni con la ZBE, incluso por parte de ERC, que ha votado en contra de la propuesta de Ciutadans, y JuntsxCat, que se ha abstenido.
SI LOS RECURSOS NO PROSPERAN HABRÁ QUE HACER UNA NUEVA ORDENANZA
Max Zañartu, concejal de ERC, ve con preocupación la sentencia del TSJC después de que muchos ciudadanos hayan tenido que hacer un esfuerzo inversor para cambiar de vehículo. Zañartu ha dicho que los recursos que se presentarán contra la sentencia pueden no ser aceptados y que la ZBE quede suspendida. Entonces, probablemente, la solución del Ayuntamiento será hacer una nueva ordenanza, como ya ha pasado por ejemplo con el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). "Son demasiadas veces que buenas ideas acaban de forma desastrosa".
Las palabras de Zañartu se referían a la cadena de recursos anunciados por Generalitat y Ayuntamiento contra la sentencia del TSJC. Los distintos recursos los presentará cada administración afectada ante el Tribunal Supremo, pero se hará de forma coordinada para blindar la normativa que el TSJC anuló. Ésta, por ahora, sigue vigente en la ciudad porque el fallo del alto tribunal no es firme. Es decir que si hoy un coche que tiene prohibido circular por la ciudad, porque carece de etiqueta medioambiental, lo hace puede ser multado.
Desde las filas de JuntsxCat, Francina Vila, ha apuntado que las políticas de movilidad del gobierno de la ciudad son "sectarias". "La movilidad de la ciudad la están decidiendo los jueces. Escuchen a la oposición. Presentamos alegaciones a la ZBE y no las escucharon. Y ahora el TSJC nos ha dado la razón. Hagan caso a la sentencia y rectifiquen", ha espetado Vila.
SENTENCIA DEMOLEDORA
El concejal del PP, Óscar Ramírez, ha pedido al gobierno que deje sin efecto a la ZBE. "Es una medida sin consenso y afecta a los colectivos más desfavorecidos. Los que tienen menos recursos son los que más la sufren porque no pueden cambiar de vehículo". Para el PP, la ZBE limita el crecimiento económico si su aplicación no se hace de forma racional. "Es una sentencia demoledora que suspende a sus políticas de movilidad".
800 ALEGACIONES
Desde Valents, Eva Parera, el gobierno tomó el camino fácil y prohibió la circulación por el año de matriculación. "Se presentaron más de 800 alegaciones y no hicieron caso. Con esta norma, se ha complicado la vida a los ciudadanos, especialmente a los que no se pueden comprar un coche más eficiente". En términos parecidos se ha expresado la regidora no adscrita, Marilén Barceló, para la que el ejecutivo local ha fracasado en la puesta en marcha de la ordenanza.
Eloi Badia, concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, ha recordado que en el momento en que se votó la ordenanza todos los grupos se posicionaron a favor. Según Badia, la ordenanza fue acompañada de un plan renove de ayudas para la compra de vehículos por parte del Gobierno español, ha recalcado el edil de Barcelona en Comú. "Teníamos obligación para mejorar la contaminación del aire", ha añadido. En España, este problema se da sobre todo en las ciudades de Barcelona y Madrid. Y a pesar de la ZBE, la capital catalana está por encima del umbral de calidad del aire que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).