El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han anunciado este miércoles una "cadena de recursos" contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital catalana, según ha detallado la teniente de alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo del consistorio barcelonés, Janet Sanz, entre otros.
Los distintos recursos los presentará cada administración afectada ante el Tribunal Supremo, pero se hará de forma coordinada para blindar la normativa que el TSJC anuló. Ésta, por ahora, sigue vigente en la ciudad porque el fallo del alto tribunal no es firme. Es decir que si hoy un coche que tiene prohibido circular por la ciudad, porque carece de etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo hace puede ser multado.
LA ZBE, EN CUATRO MUNICIPIOS POR AHORA
La ZBE está vigente en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y parte de Cornellà y de Esplugues. En el caso de la capital catalana los coches contaminantes no pueden circular por el interior de Barcelona de lunes a viernes. El alto tribunal dictaminó que a la norma le faltan informes determinantes que avalen algunas restricciones, se limita a un ámbito geográfico demasiado grande, restringe también en exceso el tipo de vehículos afectados y tiene deficiencias en su elaboración.
Vehículo en una manifestación contra la ZBE en el paseo de Gràcia / CEDIDA
En una rueda de prensa conjunta en la que estaban presentes Sanz, la regidora de Movilidad de Barcelona, la socialista Laia Bonet, el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sanglas, y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la capital catalana, Eloi Badia, los distintos cargos públicos han lanzado un mensaje de unidad. Incluso desde el PSC municipal, que en las últimas semanas ha mostrado distintas discrepancias con sus socios de gobierno, Barcelona en Comú, en distintos temas. Eso sí, Bonet ha querido dejar claro que los socialistas están en contra de ampliar ahora la ZBE a los vehículos con la etiqueta amarilla.
30 DÍAS PARA PRESENTAR LOS RECURSOS
Las primeras administraciones que presentarán los recursos serán el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Con posterioridad, lo harán los otros cuatro municipios afectados -L'Hospitalet, Sant Adrià, Cornellà y Esplugues-, aunque desde el TSJC indicaron el lunes que los dictamenes eran contra el Ayuntamiento de Barcelona y no contra el resto de municipios. Ayuntamiento y Generalitat tienen 30 días para presentar los recursos.
Pese a que la sentencia del TSJC no es firme, las entidades y asociaciones que llevaron la ZBE a los tribunales pueden pedir su ejecución provisional, es decir que el veto a los coches contaminantes quede suspendido. Metrópoli informó que varios de estos colectivos estaban estudiando esta posibilidad y uno de ellos, la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), ya ha confirmado que sí que lo hará. "Pediremos la ejecución de la sentencia", ha dicho la portavoz de la PARC, Mònica Xufré. Según el Ayuntamiento, la presentación de estos recursos paralizará que la petición de que la sentencia se pueda aplicar de forma inmediata.
Movilización en Gran Via de les Corts Catalanes contra la ZBE / PARC
UNOS 600.000 COCHES MENOS DE DESPLAZAMIENTOS
Bonet, del PSC, ha dicho que la implantación de la ZBE, en 2020, ha evitado unos 600.000 desplazamientos de coches contaminantes y ha contribuido a descender un 11% las emisiones de dióxido de carbono. Bonet también ha recordado que ahora hay una ley estatal que obligará a poner en marcha ZBE en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. Sanglas, de la Generalitat, ha añadido que la intención es impulsar medidas similares en municipios de más de 20.000 habitantes. "La salud tiene que ser la prioridad, no habrá ninguna sentencia que nos paralice".
Para Sanz, la ZBE es una medida indispensable, además de obligatoria, porque así lo dice la ley, y ha apuntado que en la sentencia ve incoherencias y más aspectos ideológicos y políticos que jurídicos. "Tenemos una legislación estatal que nos obliga a hacer una ZBE. La función de los tribunales es garantizar la legalidad vigente. Falta mucha reflexión jurídica sobre lo que se ha hecho y el ordenamiento jurídico vigente", ha valorado.
AYUDAS PARA CAMBIAR VEHÍCULOS
Bonet ha explicitado la necesidad de introducir ayudas para que las personas que tengan coches contaminantes se lo puedan cambiar. La regidora hacía referencia principalmente a los profesionales que se ven obligados a trabajar con sus vehículos y que no tienen dinero para afrontar un cambio. Badia ha añadido que la ZBE ya establece medidas específicas para ciudadanos con rentas bajas. Se establecieron, por ejemplo, excepciones y moratorias. Y ha declarado que la tendencia de la gente con menos recursos es no tener vehículo. Para el edil, la ZBE protege la salud de la gente con menos recursos.