Rechazo e indignación por la modificación de la Zona de Bajas Emisiones: "Es una tomadura de pelo"

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) continúa en el aire. La polémica medida se encuentra en manos del Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbara la medida y el Ayuntamiento de Barcelona recurriera esta sentencia.

Ante un posible nuevo golpe de la justicia, el consistorio barcelonés anunció este martes una propuesta de modificación de la ordenanza municipal que regula las restricciones. El texto incrementa a 24 las autorizaciones diarias anuales para los vehículos sin etiqueta. También facilita autorizaciones anuales a vehículos "singulares", aquellos que se encuentren en talleres, los que pertenezcan a personas con tratamientos médicos periódicos, vehículos profesionales cuyos titulares estén a cinco años de su jubilación y automóviles con titulares que acrediten unos ingresos anuales inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM).

Los afectados por la ZBE aseguran que los cambios son una "tomadura de pelo", y lamentan que el consistorio barcelonés no ofrezca una solución real a una restricción que ha llegado a explusar vecinos de Barcelona.

"TOMADURA DE PELO"

Mónica Xufré, vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), tacha el anuncio del Ayuntamiento de "tomadura de pelo", y asegura que no responde a una preocupación hacia los perjudicados, sino que se trata de una "medida totalmente electoralista".

La portavoz de este colectivo lamenta que los ediles del gobierno municipal como la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se disfracen de "justicieros sociales" después de haber "fastidiado la vida a mucha gente", incluyendo la marcha de vecinos de Barcelona a otros municipios.

Xufré insiste en que la reacción municipal es un "parche que llega tarde", y garantiza que PARC sigue adelante en su lucha contra las restricciones para "tumbar" definitivamente la medida.

"DECISIONES SIN CONSENSO"

Gregori Hidalgo, presidente de la Plataforma Motoristes BCN, destaca que en "Barcelona y el área metropolitana tiene que haber una movilidad libre", por lo que no se puede "pensar en clave municipal", sino que se debe hacer con una mirada "metropolitana".

En cuanto a la decisión municipal sobre la ZBE, resalta que la medida da a entender que "el Ayuntamiento está tomando decisiones sin consenso y sin una mesa que evalúe las consecuencias" de las decisiones en materia de movilidad.

Hidalgo incide en la necesidad de pensar "qué pasará con la industria del automóvil, con la ciudad y con los negocios afectados", así como que la medida penaliza "los años de fabricación" en detrimento de las "emisiones". El colectivo tampoco olvida que movilidad y economía van de la mano: "La movilidad crea la economía de Barcelona. Sin movilidad no hay economia", sentencia el presidente.

MILES DE BARCELONESES "IGNORADOS"

Raúl Sánchez, director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), afirma que esta modificación es un "desastre". "Desde que salió la sentencia nadie se ha puesto en contacto con nosotros para ver cómo podemos encontrar una solución, es increíble", explica.

El portavoz señala que la medida afecta a entre "120.000 y 130.000 barceloneses que están siendo ignorados". Respecto al criterio de renta para obtener autorizaciones de circulación anuales, apunta que la propuesta municipal "no tiene nada que ver con la realidad de las familias nuemerosas", ya que las que disponen de dicho nivel de ingresos "no tienen recursos para comprarse un vehículo".

"Están jugando con los ciudadanos. El problema ya ha llegado a muchísimas familias que se han quedado sin coche o han tenido que marcharse de Barcelona", sentencia Sánchez.

PENDIENTES DE RENOVACIONES

Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL), señala que el colectivo se beneficia de moratorias semestrales, pero reclama disponer de una "solución a largo plazo para no estar pendientes de qué pasa cada seis meses".

El líder del colectivo expresa su preocupación por los conductores, especialmente aquellos de mayor edad que "no pueden pagar un vehículo nuevo", y apunta la problemática a la que se podría llegar el día en que finalicen las moratorias.

Respecto a la comunicación que se ha hecho de las modificaciones, Magaña explica que habría preferido que se hubiera comentado con los transportistas "antes de hacerlo públicamente", ya que están participando en el "proceso de renovación de la ZBE".