Un hombre circula en su patinete eléctrico, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
Las empresas de movilidad cargan contra la prohibición de los patinetes en el transporte público
El incumplimiento de la norma, que entrará en vigor en febrero, comportará una sanción de 200 euros
19 enero, 2023 16:34Noticias relacionadas
La Asociación de Empresas de Movilidad, Entorno Sostenible y Smart (Aemes Smart) ha pedido este jueves a la Autoritat del Transpoty Metropolità (ATM) la retirada de la prohibición temporal de acceso de los patinetes eléctricos en el transporte público, que entrará en vigor el 1 de febrero.
La entidad, que reúne a 180 empresas del sector como Wallbox, FCC o QEV Technologies, ha subrayado que esta prohibición "afecta a muchas personas, dificultando en gran medida su desplazamiento cotidiano", y ha insistido a la ATM a para que valore otras medidas "mucho más eficaces", como permitir la entrada de los patinetes adecuadamente doblados y apagados, y prohibir únicamente su carga.
INCENDIO EN EL TREN
Ha recordado que el incendio de un patinete eléctrico en un vagón de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que motivó esta prohibición se produjo porque dicho vehículo estaba cargándose. "Si se prohíbe que los patinetes eléctricos puedan transportarse en el tren o metro por el riesgo de que la batería de litio se pueda incendiar, habría que hacer lo mismo con: bicicletas eléctricas, ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, sillas de ruedas y, en general, cualquier dispositivo que lleve este tipo de baterías", ha enfatizado.
La Guardia Urbana multa a una usuaria de patinete eléctrico en Barcelona / EUROPA PRESS
PATINETES ELÉCTRICOS
La entidad ha remarcado que, doblado adecuadamente, apagado y sin cargarse, el riesgo de que un patinete eléctrico pueda incendiarse espontáneamente "es muy bajo". "Lo que tendría que prohibirse es la carga eléctrica de patinetes o bicicletas eléctricas, no su transporte", ha subrayado.
MULTA DE 200 EUROS
Los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal (VMP) no podrán entrar en el transporte público de Cataluña a partir del próximo 1 de febrero, un veto temporal que se alargará seis meses, mientras se elabora una propuesta de regulación sobre el acceso de estos vehículos. El incumplimiento de la prohibición comportará una sanción de 200 euros.
