Los transportistas exigen la devolución de las multas de la ZBE: “Nos planteamos la vía judicial”

El pasado mes de noviembre, la Justicia tumbó de forma definitva la ordenanza inicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Tribunal Supremo (TS) ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que, en marzo de 2022, anuló la citada normativa debido al excesivo carácter restrictivo de la misma. De forma previa al fallo del Supremo, y en vistas del predecible revés judicial a las limitaciones, el consistorio barcelonés introdujo cambios en la normativa que se materializaron en la aprobación de una nueva ordenanza a principios de este año.

Con la regulación inicial tumbada y la normativa modificada vigente, asociaciones de transportistas exigen la devolución "inmediata" por parte del Ayuntamiento de las sanciones cobradas bajo el paraguas de la ordenanza anulada. Pese a que hasta la fecha el consistorio tan solo se ha limitado a confirmar la anulación de las multas que no son de carácter firme, desde el sector aseguran que se promoverán "cuantas acciones sean necesarias" para que los profesionales afectados recuperen el dinero.

DAÑOS Y PERJUICIOS

La Federación Catalana de Transporte de Barcelona (Transcalit), la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL), el Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció, la Asociación General de Autónomos Pimes Transportistas de Cataluña (AGTC) y Transprime Spanish Shippers Council, han firmado un comunicado en el que defienden esta postura tras la sentencia del Supremo. Entre las conclusiones que subrayan derivadas de la sentencia, destacan algunas como el uso de datos desactualizados en materia de contaminación por parte del Ayuntamiento, los niveles de polución desiguales en distintos puntos de la ciudad y la falta de justificación de las medidas adoptadas en la primera ordenanza.

Indicador de la ZBE en la Ronda de Dalt AJ BCN

Estos colectivos también señalan la importancia de "determinar las ventajas y las cargas" en la "elaboración de políticas ambientales", así como la necesidad de garantizar la "proporcionalidad" de estas medidas. Las orgnaizaciones esperan, también, que esta resolución judicial marque la senda de futuras normativas medioambientales que puedan aplicar otras administraciones públicas.

Por todo ello, las entidades firmantes reclaman que el Ayuntamiento "asuma en toda su extensión las responsabilidades por los daños y perjuicios causados por la ordenanza de la ZBE". En este sentido, exigen la "devolución de todas las sanciones pagadas" y la anulación de las multas impuestas durante la vigencia de la primera ordenanza de forma "inmediata y de oficio".

MEDIDAS RAZONABLES

Yolanda Redondo, secretaria general de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), expresa la discrepancia del colectivo con el criterio municipal de devolución de multas. "Tenemos una sentencia firme del Tribunal Supremo. Si una norma es declarada nula, las sanciones también lo son y se tienen que devolver", asegura.

La portavoz de la agrupación de transportistas destaca que "todas las devoluciones deberían ser inmediatas" y que, de lo contrario, el sector no descarta acudir a la justicia. "Si no se devuelven, nos planteamos la vía judicial", apunta.

Redondo insiste en que "el sector del transporte está a favor de una normativa que regule las emisiones", pero señala que las medidas adoptadas que afecten al sector deben ser "razonables y razonadas". La secretaria general de la federación señala que Barcelona debe dar ejemplo para la elaboración de futuras normativas medioambientales en otros puntos del país, y destaca la necesidad de retomar el contacto con el gobierno municipal. "Desde el cambio de alcaldía no hemos tenido contactos, estamos insistiendo para retomar conversaciones y planificar el futuro, pero no tenemos respuesta. Necesitamos interlocutores con el Ayuntamiento para cuestiones que afectan directamente al sector", sentencia.

Protesta de transportistas en la ronda de Dalt EUROPA PRESS

BARCELONA, BASE DEL AMB

Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL), también defiende la posibilidad de judicializar la cuestión en caso de que el consistorio niegue la devolución de sanciones. "El Ayuntamiento tiene que devolver de oficio el coste de las multas a todos los sancionados antes de la reforma de la ordenanza", apunta.

Pese a que el portavoz del colectivo señala que las relaciones con las administraciones implicadas, especialmente con el AMB, "han mejorado" con la modificación de la normativa, recuerda que existe una petición de encuentro del sector con el gobierno municipal para conocer si hay predisposición municipal para retornar las cantidades relativas a estas multas.

Magaña también destaca la importancia de que la capital catalana cuente con una ordenanza que respete las necesidades en el sector de cara a la elaboración de futuras normativas en otras localidades metropolitanas. "Barcelona es la base del AMB para las ordenanzas de otros municipios", subraya el presidente de la entidad.