Indicador de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona
Europa abandona a los afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona
La Comisión Europea reitera su beneplácito a las restricciones circulatorias, y concluye que estas medidas no infringen el Derecho comunitario
Otras informaciones: Ya es definitivo: Barcelona prohibirá la circulación de los coches con etiqueta B en la ZBE a partir de este día
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Los afectados por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) han perdido, definitivamente, el apoyo de Europa. La Comisión ha reiterado su defensa de las limitaciones circulatorias en Barcelona, al asegurar que no infringen el Derecho comunitario.
La medida, que vivió una travesía judicial a nivel nacional cuyo final fue su anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) y la obligación de elaborar nuevas ordenanzas municipales, ha recibido un beneplácito definitivo de Europa que deja en la estacada a los afectados por las restricciones.
"Expropiación fiscal"
La implementación de la ZBE en Barcelona y su área metropolitana llegó hace cinco años al Parlamento Europeo de la mano de Martín Gurría, un barcelonés que denunció los perjuicios ocasionados por esta polémica medida.
En su escrito, el peticionario señaló que los criterios de aplicación de las restricciones no disponen de una justificación técnica al no basarse en los resultados sobre contaminación obtenidos en la ITV, y apuntó que las sanciones constituyen una "expropiación fiscal" a los ciudadanos que incumplen dicha normativa.
Indicador de la Zona de Bajas Emisiones en la ronda de Dalt
Gurría también afirmó que la medida supone un "ataque directo al derecho de la propiedad", al privar a los afectados del uso de los vehículos.
Por todo ello, solicitó a la Comisión Europea que efectuara una investigación para constatar las vulneraciones de los derechos fundamentales que se estarían llevando a cabo.
Doble rechazo
En 2023, la Comisión emitió un primer rechazo a esta petición acogiéndose a la sentencia del 22 de diciembre de 2022, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que España incumplía las obligaciones marcadas en la directiva sobre la calidad del aire.
Desde Europa se valoró positivamente el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para garantizar el rápido cumplimiento de las citadas obligaciones, por lo que se desestimó la reclamación de Gurría.
El Parlamento Europeo envió, el pasado mes de mayo, una segunda notificación con un veredicto definitivo, en el que ratificó su posición inicial. “La Comisión mantiene su posicionamiento sobre que estos hechos no constituyen una infracción del derecho de la UE y, en consecuencia, no dará seguimiento a esta petición”, señala el escrito.
Cámara con lector de matrículas para el control de la ZBE
El órgano ejecutivo europeo añade que “velará para que España adopte todas las medidas necesarias” para cumplir con la directiva sobre la calidad del aire.
El texto también ha tumbado, por segunda vez, las peticiones de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (ASOPARC), que denunció las futuras restricciones a vehículos con distintivo B, así como la improvisación y la falta de análisis sobre las causas de la contaminación en Barcelona.
“Decisión clasista”
Gurría critica la decisión de la comisión, que “contradice las resoluciones que ha habido en España”. “Es una decisión clasista que no tiene en cuenta los derechos de los ciudadanos”, asegura.
El afectado lamenta que, en los cinco años transcurridos desde la presentación de esta petición, no haya “cambiado nada”, e incide en que este posicionamiento “daña a las clases medias de este país sin una razón técnica que lo justifique”.
