Arrancan las obras de l’Escola Sant Jordi del barrio de la Trinitat Nova y dentro del perímetro del recinto escolar se encuentra la vivienda de Antonio González, quien ha sido conserje de la escuela durante cuatro décadas.
Antonio y su familia reciben una llamada telefónica del Consorci d’Educació de Barcelona avisándoles de la ejecución de las obras e invitándoles a abandonar la vivienda que es de titularidad pública.
La alternativa que les propone el organismo d’Educació se reduce a una conversación verbal: “Les podemos abonar hasta 3.000 euros y ya veremos cómo lo justificamos y, en un día, le ayudamos a trasladarse”, explica Rosa María, hija del conserje. “Esa manera de acordar las cosas me escamó”, continúa. Pese a ello, las obras empezaron. Antonio González, octogenario con una disminución física, y su mujer, enferma permanente en la cama, disponen de una pensión con la que pagan los medicamentos de la mujer y los apósitos de Antonio.
Desde que comenzaron las obras, la salud del matrimonio se ha visto seriamente agravada. Antonio se ha desmoronado y empeora el estado de su mujer, que sobrevive con varias dosis de morfina diarias.
Rosa María padece la enfermedad de Crohn y sufre brotes cuando la casa tiembla por la acción de las obras y es que la vivienda está adosada a una de las naves del colegio que Vías y Construcciones S.A. ya ha vaciado por completo.
EL CASO PUESTO SOBRE LA MESA
La pared trasera de la casa da a uno de los patios del colegio cuyo terreno se ha socavado en varias ocasiones. “Debajo de esa arena hay una riera”, asegura Francisco Valverde, abogado que representa a la familia frente a los servicios jurídicos del Consorci d’Educació, con quien se reunirá el próximo 23 de julio.
Valverde explica, que después de vivir más de veinte años en una vivienda pública, el inmueble pasa a ser de la persona que lo ha habitado, según la ley. Así como ocurre con las antiguas viviendas del Patronato. Por ello, la familia González tiene derecho a quedarse, reclamar una indemnización o el traslado a otra vivienda pública, "al menos, hasta que fallezca Antonio", pide Rosa María.
“Lo lógico es que se haga un concierto de licitación para que la administración conozca el proyecto antes de concederlo”, asegura Valverde. Sin embargo, en este caso “la administración está permitiendo una actuación que perjudica a un particular y que se ampara en un supuesto desconocimiento”.
Vivienda de Antonio González, ex-conserje de l' Escola Sant Jordi / HUGO FERNÁNDEZ
“Instamos a negociar. Este proyecto no tiene en cuenta el agravio de las obras. Pedimos un trámite de audiencia para que la familia también exponga la opinión sobre su situación”, explica el abogado. Una situación que, Rosa María, sabe separar muy bien de la necesidad de este proyecto educativo para el barrio. No obstante, al jefe de la obra solo le interesa cercar bien la casa de Antonio. Corta el paso de Rosa María al colegio pero ella cuenta con el permiso del director del centro, con quien asegura que mantiene buena relación. “Él me ha dado una llave para entrar cuando lo necesite”. Además, “el colegio no les reivindica ese espacio. Al revés, sobran aulas y ya tienen derecho a la prescripción adquisitiva del inmueble”, asegura el abogado.
LAS OBRAS LE DESTROZAN LA CASA Y ATRAE ROBOS
Por si fuera poco, Rosa María, vive expuesta a una serie de robos desde que empezaron las obras porque no hay alarmas ni la empresa ha contratado a ninguna persona para la seguridad de la obra. A Rosa María, le han forzado la puerta de entrada de su casa y ha visto como han entrado a robar en las obras que colindan con su casa. Por eso, ha avisado en varias ocasiones a la Guàrdia Urbana y a los Mossos d'Esquadra. Los primeros “me entienden y los Mossos tardan hasta media hora en venir”, teniendo en cuenta que la comisaría más próxima está a cuatro minutos a pie.
Agravios en la fachada de la vivienda / H.F.
VÍCTIMAS DE MOBBING INMOBILIARIO
Por ahora, el hogar de hasta tres generaciones (Rosa María tiene una hija de 17 años) se ve amenazado por unas obras permitidas por el consistorio municipal y que, pese a dirigir las oficinas de asesoramiento contra el acoso inmobiliario, se olvida de la ley que ampara contra el mobbing inmobiliario, también en su contra.
“Me siento acosada por unas obras que están agrietando mi casa y nadie nos escucha. Le comenté mi situación a la concejala del distrito, Janet Sanz. Ella me aseguró que nuestra situación se resolvería con el proyecto”, explica desalentada Rosa María. La política no pudo atenderle telefónicamente y le pidió que le dejase su mensaje en el contestador. Desde entonces, Rosa María, junto a una amiga que considera como una hermana, Crescencia (o Teresa, como le llamaba Antonio), se sumergen en una batalla administrativa que acaba de comenzar. Mientras, su enfermedad le achaca y sus padres pierden el fuelle de la fuerza y la nobleza con que se les reconoce en el barrio.
Rosa María y Crescencia en la entrada de la vivienda / H.F.
UN PROYECTO PARA EL FUTURO DEL BARRIO
El nuevo proyecto de la escuela es un sueño para el barrio, escaso de equipamientos y tercer barrio de la ciudad con el índice de pobreza más alto, según el estudio de Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017.
El proyecto unificará, al menos, dos escuelas de la zona, una biblioteca y un gimnasio.
MÁS QUE UN CONSERJE
Antonio González, conserje de l’Escola Sant Jordi no ha tenido ningún acto de reconocimiento vecinal amparado por la administración por su implicación en el desarrollo del barrio como si lo han tenido otras personas del distrito. Antonio, afilador y una oposición aprobada, ha sido referente para muchos jóvenes de uno de los barrios más maltratados de la ciudad.
Su vinculación con el colegio iba más allá de su labor contractual. Plantó árboles frutales en el recinto escolar para que los niños de familias más desfavorecidas tuvieran un alimento al salir de clase, guiaba a los jóvenes más rebeldes para que siguieran los estudios, llevó a unos pocos al hospital cuando sufrían algún accidente, etc.
Antonio no está siendo tratado como un ciudadano con derecho a una vivienda digna. Un vecino del que las instituciones se han olvidado de incluir en sus memoriales de moda.