La primera anomalía que salta a la vista es la puerta blanca, colocada en el número 75 de la calle de Sant Iscle. La entrada, instalada ilegalmente, conduce a una quincena de viviendas dispuestas en una isleta de casitas, rodeada a su vez por nueve edificios. Estos vecinos del Turó de la Peira describen un fortín, donde una veintena de personas, algunos de ellos okupas, se han adueñado del espacio. Denuncian obras ilegales, fiestas con la música a todo volumen, amenazas y múltiples problemas de convivencia. Algunas familias pagan una tasa mensual de 10 euros a estos inquilinos conflictivos que han construido una suerte de comunidad sin ley con centenares de vecinos atormentados.
“La convivencia es deplorable. No puedes ni mirar por la ventana porque te insultan. Tienen a los vecinos aterrorizados, se han ido creciendo y cada vez son más dueños del lugar”, relata Marta (nombre ficticio), que prefiere mantenerse en el anonimato. La misma posición adoptan dos vecinos más, por miedo a las represalias. Un pequeño grupo de vecinos organizados mantienen reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona y en dos semanas han recogido más de 400 firmas para exigir una solución a este conflicto de convivencia y seguridad.
CONSTRUCCIÓN IRREGULAR
La construcción de las viviendas, levantadas en los años 50 para alojar a los trabajadores que edificaban el barrio, se hizo de “manera irregular”, señala el Ayuntamiento, y está fuera del planeamiento urbanístico de la zona. Un informe de los Bomberos de Barcelona declaró en 2020 el estado de ruina no inminente de las casas. “La legalización de la construcción no es posible. Por ello, desde el distrito se está trabajando a partir del informe de bomberos. Mientras, el distrito mantiene su intervención en los conflictos vecinales que van surgiendo”, informa una portavoz municipal.
Los vecinos de alrededor, que alertan del peligro de la estructura para sus habitantes, recuerdan que en 2005 los trabajos de eliminación del aluminosis en el Turó de la Peira esquivaron estas construcciones. Sus ocupantes parecen no compartir la alarma por la seguridad de los edificios. Lo demuestra las numerosas obras y trabajos de reforma, todos ellos ilegales. A golpe de martillo, han adecuado alguno de los locales y almacenes en viviendas. Unos agujeros rectangulares a modo de ventanas asoman en los bajos. En la terraza de la parte superior han habilitado una especie de zona chill out con hamacas.
MULTAS SIN RESPUESTA
Los afectados reprochan una cierta tibieza desde los responsables políticos del distrito. Aseguran que hace unos días admitieron la dificultad de actuar porque no contestan a los requerimientos del Ayuntamiento, como ha ocurrido con las cinco sanciones por hacer obras ilegales. También alertan de que viven niños sin escolarizar.
Mossos d'Esquadra el mayo de 2018 tras un tiroteo entre inquilinos de las casas / CEDIDA
Los problemas para los habitantes de los inmuebles colindantes (calles Sant Iscle, Pedret, Montsant y Travau) vienen de lejos. Hasta hace tres años, unos traficantes habitaban algunas de las casitas. Marta aún recuerda el tiroteo de mayo de 2018 originado por una disputa y a los Mossos d’Esquadra, metralleta en mano, que asaltaron viviendas y terrazas. Tras este suceso, la marcha de estos habitantes y el ingreso en la cárcel de algunos de ellos dio paso a la llegada de otras familias que han impuesto sus normas creando una especie de comunidad de vecinos paralela.
PATIO VETADO
La puerta de entrada es una actuación más sin ninguna regulación ni permiso. Con este acceso controlan quien entra y quien sale, impidiendo el uso comunitario del patio, vetado para el resto de residentes. Recientemente, a un operario, contratado por los vecinos para retirar un cableado, le obligaron a marcharse tras proferirle varias amenazas. Unos toldos y una cristalera protegen del sol y de la lluvia la terraza inferior, elementos también instalados de forma irregular.
El Ayuntamiento confirma la okupación ilegal en algunos de los apartamentos, aunque desconoce la cantidad. Los tres vecinos consultados cuentan un mínimo de cinco. El resto de personas viven de alquiler o han contratado una hipoteca y los pisos pertenecen a una constructora, un gran propietario y particulares. Los okupas pinchan la luz y el agua que les permite llenar con frecuencia las piscinas que instalan en verano. Desde hace unos días, también se han acoplado a la antena de televisión de una de las comunidades. En una compañía telefónica señalan la zona en rojo por los problemas constantes con los inquilinos, por ejemplo, por la ausencia de pago.
LLAMADAS A LA URBANA
Los vecinos se han cansado de llamar a la Guardia Urbana por las fiestas y barbacoas, en verano hasta altas horas de la madrugada. “Llamamos a la Urbana, pero no viene. No tienen suficientes efectivos”, lamenta Marta. Hace unos días vieron, por primera vez en tres años, a un policía plantándoles cara después de ser recibido por una lluvia de latas de bebida.
Desde el distrito de Nou Barris, gobernado por el socialista Francesc Xavier Marcé, recomiendan a los vecinos que no dejen de llamar a la policía. Desde el PP y ERC se han interesado por el conflicto y mantienen contacto con los vecinos. El pasado lunes, 22 de febrero, el regidor Marsé se comprometió a realizar un segundo informe sobre el estado de las casas. La esperanza de los afectados es que, en esta ocasión, se declaren los edificios en estado de ruina inminente y se ponga fin, así, a su infierno particular.