Los incidentes en el barrio de Lavapiés, como consecuencia de la muerte de un mantero, debido a un infarto, han provocado un tsunami político en la capital, con una grave irresponsabilidad por parte de Podemos y de parte de los concejales de Ahora Madrid, a los que la alcaldesa Manuela Carmena no controla. El resultado es que la situación con respecto a este creciente fenómeno es peor que antes, por la falta de un criterio claro de actuación. Un hecho fatal, como es la muerte de cualquier persona, vinculada a los problemas congénitos del fallecido, el senegalés Mame Mbaye, puede tener los efectos de una bomba de racimo para Madrid, Barcelona y otras capitales donde el top manta ha pasado a formar parte del paisaje.

Hace unos días, podíamos leer en Metrópoliabierta.com una información de Jordi Subirana por la que conocíamos que el Ayuntamiento de Barcelona había dado instrucciones a la policía de no actuar contra los manteros. Era uno de los primeros efectos de lo sucedido en Lavapies, aunque el consistorio de Ada Colau ya había dado signos de laxitud frente a esta forma de venta ilegal. Los dos Ayuntamientos tienen coincidencias: alcaldesas, mando de la izquierda y complejas alianzas para mantener el equilibrio. La muerte en Lavapiés ha puesto de manifiesto la falta de unidad de actuación en el consistorio madrileño.

Para Colau, una declarada permisividad con el top manta podría resultar peligrosa, dada la fuerza de los pequeños comerciantes en Barcelona y Cataluña, en general, más sindicados que en Madrid. Los 'botiguers' son un lobby. La diferencia obedece a la tradición más asociativa de Cataluña con respecto al resto de España. Lo mismo sucede con las asociaciones de vecinos y los barrios. Estos días, a quien más se ha escuchado en Madrid, además de a los políticos, es al Sindicato de Manteros y Lateros, es de suponer que improvisado, sin una personalidad jurídica clara.

La lucha contra el top manta conjuga diversos fenómenos, como la falsificación, la explotación, la inmigración, la seguridad y hasta el racismo. Es un cóctel complejo ante el que no se puede actuar desde el oportunismo político, como ha hecho Podemos, errado e irresponsable. España es, después de Italia, el segundo país de la Unión Europea con más penetración de falsificaciones, por valor de 8.000 millones de euros anuales. Es necesario proteger los intereses comerciales de la actividad legal, pero también los Derechos Humanos de los inmigrantes, de donde se nutren las mafias de la venta ilegal. Ello exige debate, firmeza y unidad política. Es decir, pactos de Estado, sin revanchismo, ni oportunismo, ni, por supuesto, mirar para otro lado. Eso es refugiarse bajo la manta, y lo que hay que hacer es levantarla con orden, seguridad y humanidad.