Las informaciones que llegan de todo el mundo fomentan la idea de que los sistemas democráticos no son el mejor instrumento para luchar contra adversidades como una epidemia. Los países autoritarios tienen acceso más rápido a los instrumentos eficaces, de la misma manera que los estados centralizados disponen de una agilidad envidiable para la adopción de medidas profilácticas.

La conclusión es correcta, en principio, pero también es cierto que los inconvenientes de los Estados de derecho se pueden superar –como demuestran casos tan cercanos como Alemania-- echando un poco más de trabajo e ingenio al asunto, disfrutando a cambio de sistemas ampliamente aceptados y anhelados por los ciudadanos.

Eso no quiere decir, ni mucho menos, que los electores siempre tengan razón. En estos momentos de crisis aguda se echan en falta voces respetables que le digan a los ciudadanos que sus comportamientos son irresponsables, poco menos que suicidas; y que se lo digan alto y claro.

Después de varios fines de semana con alertas sobre la saturación de los espacios naturales de Cataluña, ayer los Mossos d’Esquadra tuvieron que cerrar los accesos al parque del Montseny desde primera hora porque una horda de pixapins había invadido los aparcamientos como paso previo al allanamiento de ese pulmón tan cercano a Barcelona. ¿La gente no sabemos lo que hemos de evitar hasta que nos lo prohíben?

¿Qué hacer también con los miles de familias que han celebrado este fin de semana las primeras comuniones de sus hijos con las fiestas y los riesgos paralelos que conllevan? ¿Cómo no toma medidas la iglesia católica? 

Ha llegado el momento de hablar con claridad, de levantar la voz para denunciar que esas actitudes son incorrectas, arriesgadas y propias de seres irracionales. Ya sabemos que no es la mayoría, pero también sabemos que basta con que el 10% de los conductores se salte la normativa viaria para convertir las carreteras en un infierno.

La responsabilidad de los políticos pasa por hablar sin tapujos, cueste lo que cueste en términos de votos. ¿Qué es eso de referirse siempre al comportamiento responsable de la población cuando vemos las calles y las plazas llenas de personas consumiendo bebidas y comidas? Atascos en las carreteras, salidas masivas en los festivos. ¿Tendrá algo que ver la crecida de los positivos de estos días con el puente del Pilar?

Da vergüenza ver cómo la Generalitat hace un ridículo coherente con ese mirar hacia otro lado que domina la política. Ahora está a la espera de que el Gobierno central decrete el estado de alarma para aplicar en Cataluña las medidas que la propia Generalitat considera necesarias. ¿Acaso necesitó ese escudo en el Segrià o, antes, en la Conca d’Òdena? ¿No se sonrojan al suelo al ver cómo Íñigo Urkullu sale a la palestra para reclamar medidas aplicables en toda España salvaguardando las competencias autonómicas mientras ellos solo hablan de su ombligo?

Qué decir de la actitud del gobierno autonómico de Madrid, empeñado en una batalla con el Ejecutivo nacional que nos pone en boca del mundo y paraliza las medidas radicales en la lucha contra el coronavirus.

Y, por más que resulte lacerante, no sorprende que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se limite a lanzar un hilito de tres tuits para animar al Govern en su petición a Madrid y condicionar de paso el apoyo municipal al reforzamiento de los CAP. ¿Es todo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Barcelona en una crisis como ésta?

Los comunes, herederos del buenismo de ICV, nunca hablarán a los ciudadanos sobre su responsabilidad personal porque liberar al individuo del libre albedrío que le permite abrirse camino por sí mismo forma parte de su ideología. Pero, al menos, podría ser coherente con su discurso sobre la migración.

El ayuntamiento no puede ignorar el grave problema que supone para la expansión de los contagios el papel de los inmigrantes, por ejemplo, en el caso de las cuidadoras de personas dependientes. Alguien que haya estado en contacto con un positivo, aun y teniendo una PCR negativa, necesita 10 días de aislamiento para reanudar su trabajo. Pero, ¿dónde alojarse ese periodo en el que el trabajador ya está de alta pero no puede incorporarse al trabajo si en su círculo hay positivos? No digamos ya si él mismo da positivo y no tiene contrato.

En lugar de pagar una semana de pensamiento alternativo comunista como esta performance tan maja que se celebró en Barcelona entre los días 13 y 18 de este mes, ¿por qué no establece el consistorio una red de alojamientos en los hoteles que están cerrados para permitir que esos trabajadores puedan cumplir con los requisitos sanitarios, frenando la expansión del virus y ayudando a los barceloneses con dependientes a su cargo, esos que no saben cómo poner a salvo a sus familiares?