Fue uno de los temas estrella durante la campaña electoral que aupó a Ada Colau por primera vez a la alcaldía de Barcelona. Los desahucios eran y son un drama social y humano capaz de conmover al corazón más frío, sobre todo cuando se trata de un desahucio que recae sobre familias en riesgo de exclusión social.

La alcaldesa Ada Colau hizo de la lucha contra este problema social su bandera. Poniéndose al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió la popularidad suficiente como para concurrir a las elecciones a la alcaldía de la capital catalana y ganarlas. En plena crisis económica, su discurso beligerante en contra de las injusticias y en contra de los gobiernos del momento, a quienes acusaba de ser los causantes de la situación asfixiante de la capital catalana, le granjeó la simpatía de muchos barceloneses que creyeron que con un cambio en la alcaldía vendrían cambios profundos que favorecerían a los más vulnerables. Muchos creyeron que la realidad que vivíamos en ese momento cambiaría para siempre de la mano de un gobierno que prometía centrarse en quienes más necesitaban a la administración. Con su llegada al poder parecía que iban a terminar las desigualdades que veníamos sufriendo por los tiranos sin corazón que parecía gobernaban contra el pueblo.

Vivimos una campaña de proclamas. Contra los poderosos, contra los ricos, contra el sistema... Muchos creímos ya entonces que, por bien que sonara la música, la cosa no iba de proclamas grandilocuentes ni de promesas vacías. Que más allá de hacer un diagnostico de la realidad era necesario plantear medidas que fueran capaces de revertir las situaciones complicadas en las que se encontraban muchas familias de nuestra ciudad. Ganaron las proclamas. Ahora es pertinente ver si hemos ganado en algo los ciudadanos.

Si analizamos los últimos datos disponibles podemos ver que los desahucios han crecido en el mes de septiembre cerca de un 50% derivado de las reactivaciones de los desalojos tras la suspensión acordada por la administración, con motivo del Covid.

En su primer mandato, Ada Colau pareció creer haber encontrado la solución al problema de los desahucios. Prometió la construcción de ocho mil viviendas públicas para personas en riesgo de exclusión social y la realidad acabó siendo que no entregó ni 800 llaves. Incumplió, eso es un hecho objetivo. Ahora, en su segundo mandato parece que volverá a incumplir. Pese al acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento para construir 3.614 pisos públicos en Barcelona, esas cifras quedan lejos de las prometidas en el primer mandato.

Necesitamos soluciones concretas que no pueden basarse en la confrontación con las fuerzas de seguridad. El problema social de los desahucios no se soluciona impidiendo por la fuerza el acceso de la policía a la vivienda. Este problema hay que solucionarlo entendiendo su raíz. La base del problema no es otra que la de la falta de vivienda pública en nuestra ciudad y en el conjunto de nuestro país.

En España, solo el 2,5% de la vivienda es vivienda con apoyo público. Si cogemos como referencia a países como Francia y Reino Unido, podemos observar que cuentan con un 17% de vivienda social o pública.

Algunos, en lugar de centrar sus acciones en incrementar el número de vivienda pública, han creído que la solución se encuentra en intervenir directamente el precio del alquiler. Este debate se ha planteado recientemente de nuevo con mucha fuerza, y de hecho esta medida promovida mediante Ley que se aprobó en el Parlament el pasado mes de septiembre presenta numerosas dudas. Por un lado, en cuanto a su legalidad. Por el otro, en cuanto a su efectividad.

Legalmente, el Consejo de Garantías ya ha declarado inconstitucionales 18 puntos y está pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional al respecto. Por otro lado, en cuanto a su efectividad, esta misma medida se ha demostrado poco efectiva allá donde se ha aplicado. En ciudades como Berlín se ha reducido la oferta un 25% generando por tanto el efecto contrario al deseado.

La solución, evidentemente, no es reducir la oferta de vivienda, sino aumentarla. La única solución viable al desastre social que suponen los desahucios es la creación de un parque de vivienda pública suficiente para alojar a aquellas familias que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Y, desgraciadamente, en nuestra ciudad encontramos a muchas.

Teniendo claro el objetivo final y visto que las alternativas no tienen sentido nos queda únicamente abordar el cómo. Este gran proyecto de creación de vivienda pública no puede sostenerse en los presupuestos de la administración. Es imperativo iniciar una colaboración público-privada que permita iniciar cuanto antes la construcción del parque público de vivienda que necesita nuestra ciudad. Eso es lo verdaderamente progresista. Huir de la ideología sectaria para llegar a hacer posible lo que necesita nuestra ciudad para atender a los más necesitados. A los más vulnerables.

Es momento de dejar de lado la ideología para dar paso a las ideas. Barcelona no puede permitirse más desahucios. Quienes llegaron prometiendo solventar la situación no lo han conseguido. Probemos algo distinto. Que se pongan de acuerdo con quienes pueden ser parte de la solución en lugar de ahuyentarlos en pro de una argumentación sectaria que perjudica precisamente a quienes quieren beneficiar. Estoy seguro de que no hay un solo barcelonés que quiera ver a una sola familia en la calle. Pongámonos de acuerdo para hacer posible que esto no vuelva a suceder. Abandonen, señores dirigentes, sus prejuicios y pónganse de acuerdo. Es posible. Es imprescindible. Si no lo hacen nos veremos obligados a fundar la PAS, Plataforma de Afectados por el Sectarismo.