Arran, la rama juvenil de la CUP, está tan embebida en su matonismo impune que se atreve a denunciar en las redes la pintada que alguien ha hecho en su local del Clot, un barrio infectado de carteles y grafitis de estos cachorros del extremismo más absurdo y contradictorio que ha conocido la política catalana en los últimos 40 años.

Solo hay que ver cómo han apoyado con su abstención la presidencia del Parlament de Laura Borràs pese a estar imputada por varios presuntos delitos para constatar las enormes incoherencias de una formación que se proclama antisistema pero que está perfectamente incrustada en él –ahora, incluso en la Mesa del Parlament-- y que lo hace aliándose con un partido tan conservador y salpicado por todo tipo de escándalos como JxCat.

La muchachada de los cupaires ha escrachado domicilios privados, equivocándose de dirección varias veces, atacado sedes de partidos --PSC, ERC, PP, JxCat, Cs--, empresas –Tous, Repsol--, medios de comunicación –Diari de Girona, Crónica Global-- y a todo el que se le ha puesto por delante. Pero ahora amenaza con darle su merecido a quien ha osado hacerle la pintada de marras.

Llama la atención el descaro de estos amigos de la kale borroka. Están tan acostumbrados a hacer su santa voluntad sin consecuencias que su abuso les parece normal. Pero no deja de tener cierta lógica. Todos somos testigos de que las únicas consecuencias de la guerrilla urbana que han practicado en las calles de nuestras ciudades tras el encarcelamiento del rapero Hasél consisten en poner a los Mossos d'Esquadra en el centro de la diana.

El neofascismo que practican esos jóvenes de camisa parduzca protegidos por sus mayores de la CUP no es la única anomalía de la vida política catalana que los ciudadanos hemos asumido como algo habitual.

Un matonismo paralelo es el que practica la alcaldesa de Barcelona con los medios de comunicación que considera hostiles. Ada Colau ha ideado un sistema para zarandearlos muy simple y populista, del estilo del que practicaba Donald Trump: crear fake news con las que acusar a quien él considera adversario de generar fake news.

Se trata de recurrir al derecho de rectificación para que el juez obligue a los medios a recoger de forma íntegra un comunicado del ayuntamiento aunque la información a la que hace referencia sea veraz. A partir de ahí, las redes sociales del propio consistorio, de Barcelona en Comú y aledaños se encargan de presentar el asunto falseando su verdadero sentido, construyendo una mentira a partir de la formalidad de un edicto judicial.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha descubierto la treta de la alcaldía –Colau autoriza y anima a sus concejales a que ejerzan el derecho a pedir puntualizaciones informativas por su cuenta-- y le ha parado los pies. Le ha condenado a pagar las costas de un caso que Crónica Global pleiteó y que ha ganado, primero, porque la información era cierta; y segundo porque el ayuntamiento solo puede pedir una rectificación sobre algo que le concierna de forma directa. Y la inseguridad en el reparto de paquetería en ciertos barrios de la que informó Crónica Global en el verano de 2019 le concierne porque tiene que ver con su trabajo, pero no de forma directa, tampoco le da derecho a pedir un desmentido ni nada que se le parezca. Ninguna de las empresas citadas objetaron nada sobre los reportajes.

O sea, que el método tramposo de las falsas correcciones ha fracasado. Colau tendrá que buscar otra fórmula para tratar a los medios críticos. Puede seguir la línea de actuación de la CUP y sus muchachos o aceptar los inconvenientes de la democracia: no todo el mundo te ríe las gracias.