No ganamos para dar trabajo a la picota. Lo último ha sido, hace pocos días, el derribo de una joya modernista que existía en el Putxet. La que había sido la torre Paula Canalejo, conocida popularmente como “La Torreta” y proyectada en 1900 por Adolf Ruiz Casamitjana (autor también del edificio de la Rotonda en la avenida del Tibidabo) ha sucumbido parcialmente a la picota. La torre estaba ubicada en el centro del barrio del Putxet y no estaba catalogada. En esta casa vivió hasta su fallecimiento, en el año 1987, el pintor y diseñador Will Faber Zietz, y posteriormente se ubicó en la finca un geriátrico.

Un suma y sigue de derribos de una parte de nuestro patrimonio se ha cebado de forma importante en el distrito de Sarrià-San Gervasi, y esto es debido al alto valor que pueda llegar a tener el suelo en esta zona. Tanto esta finca como otras que hemos visto caer tenían la correspondiente licencia municipal de obras, cosa que nos hace pensar que en ocasiones el Catálogo Municipal de Protección no les ha dado la más mínima importancia patrimonial. 

Para muestra un botón. Podríamos ir sumando actuaciones del mismo estilo que a muchos ciudadanos nos han dejado perplejos, como han sido las de la casa Jover en la Plaza Adriano, la antigua cooperativa Flor de Maig, la transformación de la Masia de Can Raventós, las Bugaderes de Horta y parte del muro del pasaje Antic de València, entre otros. Unas intervenciones que han representado una irresponsabilidad y falta de respeto, y en ocasiones poco conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Muchas de estas han sido polémicas, porque gran parte de los ciudadanos no llegan a entenderlas. Máxime cuando se tendría que haber llevado a cabo un proceso de revisión y actualización del Catálogo Municipal que, visto lo visto, parece que no se ha hecho.

Los catálogos de protección tienen que ser un instrumento para proteger el legado que tiene la ciudad en su arquitectura y en su historia. Para hacer un poco de historia, Barcelona establece su catálogo de protección en base a la ley del suelo de 1956, un documento en el que se incluían aquellos valores artísticos e históricos que no podían ser derribados. Una normativa que quedó establecida en octubre de 1962 con la redacción del Catálogo de Edificios y Monumentos de Interés, y que permitió velar por la conservación de los monumentos de la ciudad. Finalmente, la ley de 9/1993 del Patrimonio Cultural Català, estableció el marco de referencia para la conservación, investigación, difusión y fomento del patrimonio cultural. Barcelona redactó planes de protección con diferentes categorías como bien de interés nacional, local, urbanístico y documental. Sin embargo, al amparo de la ley parece ser que algunos símbolos o arquitecturas que entroncan con la identidad de sus ciudadanos se han quedado fuera. En su libro La Arquitectura de la Ciudad, Aldo Rossi ya definía en 1966 la ciudad como un todo que se construye por sí misma, en la que la historia y su memoria se integran con la arquitectura, y esto hace que se identifiquen las ciudades.

Ahora bien, el conflicto sobre la preservación del patrimonio siempre aparece por el debate entre lo que se tiene o no que preservar. Un debate que no solo sale a la luz por la participación ciudadana y por las asociaciones de defensa del patrimonio, sino porque son las instituciones, en este caso el consistorio, quien determina la decisión de su conservación o no. Un ejemplo ha sido el derribo de parte de las Bugaderes de Horta, así como el centro de la cooperativa la Flor de Maig, dos arquitecturas sencillas sin un valor arquitectónico destacable pero con un valor patrimonial histórico muy importante que ha sido cuestionado por el Ayuntamiento.

Esto nos demuestra que una actualización del Catálogo de Protección del Patrimonio de la ciudad tiene que velar también por preservar la historia de los hechos y situaciones que han marcado y marcan nuestra historia, que necesariamente se tiene que transmitir. Una obligación que tiene que prevalecer por encima de cualquier interés que, de forma lícita, tiene la propiedad privada. El valor que tiene el patrimonio cultural de nuestra ciudad es indiscutible e incuestionable, no podemos sentirnos indefensos frente a actuaciones que hacen peligrar un legado que muchos ciudadanos entienden que se tiene que conservar. Un Catálogo que necesariamente tendría que incorporar también las aportaciones de los ciudadanos, de las asociaciones de protección existentes, de los colegios profesionales... Como un documento abierto en que todos se sintieran partícipes y evitar, de este modo, el desencuentro entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.