Cerca de donde vivo, la parroquia del barrio tiene un local en el que se reparte comida entre quienes no pueden permitirse llenar la cesta de la compra. Antes, el reparto se realizaba una vez por semana; hoy, se ha incrementado la frecuencia y las colas son más numerosas. También ha cambiado el tipo de persona que espera su turno, que, perdonen la manera de decir, ustedes o yo consideraríamos «normal», gente que, hasta hace dos días, creía que nunca se vería haciendo cola para conseguir comida.

Según el último estudio publicado por la Fundación FOESSA, el 29,1 % de la población catalana vive en exclusión social. Prácticamente, uno de cada tres, o 2.258.000 personas. Cataluña es la Comunidad Autónoma con la exclusión social más alta de España. Además, la situación ha empeorado rápidamente. En los últimos tres años, la exclusión social ha pasado del 16,9 % al 29,1 % y ha aumentado más desde 2017 que lo que aumentó los diez años anteriores, durante la gran crisis financiera de 2008. Lo peor de este asunto es que la exclusión más severa afecta al 15 % de la población, a 1.200.000 personas, a uno de cada seis catalanes.

Cataluña, y por ende Barcelona, tiene un alto porcentaje de población en situación de integración plena, que no sufre para llegar a finales de mes y se permite algún capricho. La población en integración precaria, que llega justita a final de mes, pero llega, o en exclusión moderada, que no llega, se ha reducido un tanto. Eso quiere decir que el incremento de la exclusión social se ha debido a la exclusión más severa, a la que lo pasa realmente mal. Los casos más graves de exclusión social se dan entre ancianos o entre personas de edad madura que han perdido su trabajo, más en mujeres que en hombres, en inmigrantes, y en familias numerosas o monoparentales. Estamos peor que en el resto de España porque aquí hay más gente que pasa hambre, que no puede encender la calefacción, que no tiene acceso a medicamentos… y no queremos verlo.

Lo que es una vergüenza, se mire como se mire, es que sólo el 13 % de las personas en situación de pobreza severa recibe el Ingreso Mínimo Vital y apenas un 28 % la Renta Garantizada de Ciudadanía. Los trámites para conseguir cualquiera de estas ayudas son un infierno burocrático y la espera para obtenerlas supera el año. ¡Esto no funciona!

Quizá les sorprenda descubrir cuál es la moda en el perfil de la exclusión en Cataluña. La mayoría de las personas afectadas por exclusión viven en hogares que no se consideran pobres, no tienen menores a su cargo, cobran un salario y son de nacionalidad española; viven en centros urbanos, en Barcelona, en Hospitalet, en Cornellà… Como habrán supuesto, la mayoría son jóvenes. La exclusión les afecta principalmente en la salud, la vivienda y el empleo. Las personas en exclusión tienen una esperanza de vida menor, por ejemplo. En Barcelona, puede ser diez años menor que la media, según el barrio en que hayas nacido. El coste de la vivienda les come el salario y no será raro que tengan que abandonar la ciudad en la que trabajan, obligándose a largos desplazamientos en un transporte público sobresaturado, no en pijopatinetes. Acceden a empleos de mala calidad, mal pagados y temporales. Etc.

Eso explica la llamada exclusión política y social, que en Cataluña afecta al 43,7 % de la población. En Barcelona, en las últimas elecciones a la Generalitat de Catalunya, se notó esta exclusión. En los barrios donde vivía el 5 % más rico votó el 67 % del censo; en los barrios donde vivía el 5 % más pobre, un 35 %, la mitad. También explica el sentido del voto. Más del 60 % de los votantes de la CUP o de Junts son de clase media-alta o alta. Las clases más privilegiadas representan igualmente el 60 % de los votos de En Comú Podem y ERC. El independentismo y las «izquierdas alternativas» de Barcelona son pijas y divinas de la muerte y los pobres no votan.

Ahora quizá se expliquen por qué lo que importa a estos partidos no suele ser lo importante.