La obsesión de la administración por regular las actividades de la vida cotidiana de sus ciudadanos puede llegar a supuestos que posiblemente determinen ciertos contextos, que no son acertados para remediar el mal que se quiere paliar. Este puede ser el caso, de la nueva ley de la vivienda y la posible afectación que pueda llegar a tener en el mercado. Una iniciativa del gobierno que por primera vez en democracia establece una ley de vivienda que sin embargo mantiene ciertos puntos obscuros.

Este pasado mes de enero el Consejo General del poder Judicial (CGPJ), redactó su informe con respecto al anteproyecto de esta nueva ley, aunque no es vinculante sí que es preceptivo, en el que determinaba en líneas generales varios puntos en consideración. En primer lugar, establece que el ámbito de la ley compete a las comunidades autonómicas, y que su regulación representa una invasión competencial a las atribuciones que tienen las mismas. El informe también determina en segundo lugar que las medidas de contención de precios a la que hace referencia la ley, tiene a su juicio un alcance limitado y de farragoso contenido. Una consideración que lleva a pensar, que en los supuestos debidos a una falta de interpretación clara, acabaran en los tribunales. En definitiva el CGPJ, indica que esta ley introduce una medidas que no resultan adecuadas, en cuanto a su generalización y al mantenimiento de las mismas. Entiende que la crisis sanitaria, posiblemente ha marcado de una forma circunstancial, el espíritu de la ley. En otro orden de cosas, también critica la falta de compensaciones suficientes a los arrendadores en referencia al control de precios.

Esta ley tiene ciertas semejanzas con la ley catalana del derecho a la vivienda. Una ley catalana que ha cumplido más de un año y que está recurrida en el tribunal Constitucional, y que ha provocado una bajada en la oferta de la vivienda de alquiler en un 40%, con escasos efectos sobre los precios, y con una fuga constante de inversores. Ha producido una inseguridad en el mercado que ha contribuido a un descenso considerable de la oferta de las viviendas de alquiler. Obteniendo como resultado un mercado más reducido, que consecuentemente a derivado en una mayor dificultad de acceso a la vivienda. Lógicamente, no hay que perder de vista que el apoyo al sector de la construcción representa un mayor crecimiento en la creación de empleo, dado que como sector estratégico de la economía protagoniza un motor económico de suma importancia.

La regulación en materia de alquiler bajo la perspectiva de los llamados barrios "tensionados", puede decirse que ha tenido predecesores en otros países. El caso más significativo ha sido en Suecia, y más concretamente en Estocolmo. Este país, que se ha caracterizado siempre por su modernidad e impulso social, aplica un control de precios a las viviendas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, reduciendo considerablemente la rentabilidad de los propietarios de las mismas. Un hecho que ha desincentivado las inversiones futuras al no construirse nuevas viviendas. Esto ha causado cierto tapón de la demanda frente a los pisos disponibles. Una anomalía que ha llevado a este país a que sus ciudadanos tengan que esperar más de 20 años para poder acceder a una vivienda de renta controlada. Una renta que, en definitiva, es asequible para la mayoría de la población, pero a pesar de ello ha conducido a la falta de oferta y paradójicamente a la exclusión social. No hay que olvidar, que la falta de oferta, según la actual teoría económica, aparece cuando se regula el precio de las cosas por debajo del que dicta la ley de la oferta y la demanda.

El paralelismo que existe entre las políticas de vivienda que se han aplicado en algunas ciudades europeas, como es el caso de Suecia con el de nuestro país, puede llegar a demostrar que la regulación ha sido un fracaso. Una sombra que nos alerta, máxime cuando este tipo de políticas una vez implantadas, su desregularización se hace muy complicada.

Algunos expertos nos alertan que en Barcelona la aplicación de la ley tiene consecuencias no deseadas, y que dibuja un escenario peor de lo que se pretende remediar, al provocar una menor oferta de viviendas, y consecuentemente una subida de los precios de alquiler. Un efecto que también es debido al desplazamiento de los contratos de alquiler hacia contratos temporales, y que de alguna manera sortean la ley aumentando los precios. Un cumulo de incongruencias que obvian la responsabilidad que tiene la administración en construir un mayor parque de viviendas. Una obligación que al mismo tiempo, tiene que venir acompañada por una mayor y mejor financiación con más recursos económicos, para de esta manera, poder construir nuevas viviendas tanto de iniciativa pública como privada. Unas medidas que potencien y tengan como resultado la existencia de una oferta de vivienda con precios asequibles, y que nada tiene que ver con otro tipo de iniciativas seguramente ineficaces, como el tan señalado bono joven de alquiler. Una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo de dos años para subvencionar al acceso a la vivienda de alquiler que su precio no supere los 600 euros mensuales. Una propuesta que no deja de tener cierta ironía, cuando es sabido, que en el parque de viviendas de la Ciudad Condal solo existen un 2% de viviendas que tengan este precio de alquiler. En definitiva como decía aquel, vende tu producto, aunque no funcione.