Todos los gobiernos sufren, antes o después, correcciones de los tribunales. Es normal, lo hemos visto incluso con la fórmula jurídica elegida para declarar el estado de alarma de la pandemia. Pasa en todas las administraciones de todos los países. Es normal.

Lo que ya no es tan habitual es que los jueces enmienden la plana continuamente al mismo ejecutivo. Y lo que aún es menos frecuente es que después de cometer el error apuntado por una sentencia los autores de la pifia, en lugar de rectificar se dediquen a descalificar al árbitro. Es lo que ha pasado en Cataluña tras el pronunciamiento del TSJC sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Los portavoces municipales han encontrado en los dirigentes autonómicos de ERC compañeros de viaje en ese sinsentido de querer tener una razón que nadie discute, dado que todo el mundo –incluida la Unión Europea— coincide en que hay que reducir las emisiones contaminantes. ¿A quién creen que engañan los activistas de Barcelona en Comú, a los que sorprendentemente se han sumado los altos cargos de ERC, cuando dicen que los jueces están a favor de que los barceloneses mueran intoxicados por las emisiones de los coches?

La descalificación es tan ingenua que en realidad descalifica a sus autores. Cualquier ciudadano puede entender que, nuevamente, su ayuntamiento no lo ha sabido hacer, que tendrá que volver en septiembre porque no es capaz de hacer las cosas correctamente.

La demagogia de que una suspensión de la ordenanza equivale a fomentar la contaminación que producen los coches y a enfrentarse a las normas de la UE es de un simplismo insultante. Porque, además, antes de este episodio la justicia ya enmendó la plana a la tasa de los pisos vacíos, a la obligatoriedad expropiatoria de reservar un 30% de las promociones de vivienda a vivienda social, a la empresa mixta Habitatge Metròpolis Barcelona, al primer plan de limitación de aperturas de hoteles, al reglamento multiconsulta, al PEUAT y a un largo etcétera. No dan pie con bola.

Hace algún tiempo cabía decir aquello de no basta con tener razón, hay que hacer bien las cosas, hay que atenerse a la ley. Pero en estos momentos la actitud del consistorio barcelonés raya lo irracional, no porque el juez le tumbe una de sus normas estrella, sino por su obcecación en negar la legitimidad a unos tribunales a los que el mismo ayuntamiento recurre para defenderse de sus críticos, incluso retorciendo la ley. Es una actitud de suma frivolidad. De izquierdas si se quiere, pero frivolidad: porque yo lo valgo.