Las cifras sobre okupaciones de inmuebles en España durante 2021, ofrecidas por el Ministerio del Interior, son alarmantes, 13.389 casos hasta septiembre de 2021. Y como no, liderando el ranking de comunidades autónomas con más okupaciones se encuentra Cataluña, con un total de 5.689, representando el 42% del total de okupaciones que se producen en España. De éstas, 4.229 fueron en la provincia de Barcelona.  

Las okupaciones violan el derecho a la propiedad privada y suponen un problema de seguridad para los propios ocupantes y para los vecinos. Pero es importante diferenciar entre los casos de jetas antisistemas que no quieren pagar una vivienda, con personas y familias en riesgo de exclusión social que se ven forzados a recurrir a ocupar un inmueble. Por eso, es necesario perseguir la lacra de mafias que promueven okupaciones ilegales y se aprovechan de personas vulnerables. Ante esta situación, es indispensable la actuación constante de los servicios sociales, Mossos y Guardia Urbana para controlar y prevenir especialmente aquellos casos delicados en los que hay menores.

Los problemas con okupas no solo afectan al propietario, también a todos aquellos vecinos que pagan impuestos y cumplen las normas. Nadie merece soportar las consecuencias de tener un okupa como vecino: ruidos, fiestas, suciedad, inseguridad, coacciones y lo más peligroso, tener pinchada la luz, con el consecuente temor que se produzca un posible incendio.

Ante esta problemática, desde Valents decidimos presentar, este mes de marzo, una iniciativa para proponer que las Oficinas de Atención Ciudadana de los diez distritos de Barcelona, ofrezcan un punto de atención ciudadana dedicado especialmente a vecinos que padezcan problemas con okupas. Así como facilitar el trámite de denuncia con la aplicación digital del Ayuntamiento conocida como Barcelona butxaca, elaborar un censo de pisos y locales ocupados ilegalmente en cada distrito e instar a la Mesa de Emergencia Residencial a incrementar la entrega de viviendas a personas en riesgo de exclusión social.

Estas oficinas deberían ofrecer un servicio rápido, sin burocracias, para asesorar desde la administración municipal a pequeños propietarios y ciudadanos que sufren problemas con okupas. Pero parece que a la alcaldesa Ada Colau y su socio del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona les incomoda ofrecer soluciones a determinadas cuestiones como es este caso. Lamentablemente, la propuesta de Valents ha sido rechazada en todos los distritos -menos en Sarrià-Sant Gervasi, donde sí se aprobó- por parte de los mismos protagonistas, el gobierno municipal de los comunes y PSC, con la complicidad de ERC. A pesar de las escandalosas cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior, nos han llamado, “exagerados”, asegurando que en Barcelona no existen casi problemas con okupas y calificando nuestra propuesta de “campaña del miedo”. 

Durante los siete años de Ada Colau como alcaldesa, el Ayuntamiento ha sido muy permisivo con el colectivo okupa, desde permitir que el edificio Can Vies siga en pie, hasta llegar a pagar las reformas de un local okupado en la calle Nil i Fabra, en Gràcia que muchos vecinos llevan años denunciando por molestias.

Y todavía hay más. El Ayuntamiento de Barcelona ha permitido que se celebren actos en equipamientos municipales que fomentan la ocupación ilegal, como sucedió en Les Corts, con dos talleres, unos sobre Autogestión y nuevos modelos de vivienda alternativos, y otro sobre “Liberación de espacios”. Eso sí, es campaña del miedo, del miedo que da ver como gestionan nuestros impuestos.

Si todavía tienen dudas, hagan un ejercicio muy rápido y sencillo ahora mismo. Abran Google desde su ordenador o móvil. Ahora busquen las palabras: “Colau okupando”. Acabarán encontrando mucha información de la alcaldesa relacionada con okupas, pero la más interesante es un vídeo extraído de un reportaje francés, Volem rien foutre al païs (2006) en el que aparece una joven Colau okupando un piso con su tropa de amigos, amigas, amigues y presentándose como nueva vecina a una señora que alerta que los pisos que están entrando son propiedad del Ayuntamiento. Paradójico, ¿verdad? Al finalizar la conversación, Colau dice: “por cierto, me llamo Ada”.

Estos son algunos de los ejemplos sobre la permisividad de la alcaldesa Colau con el colectivo okupa. Ahora no les debe sorprender que no acepten una propuesta como la presentada por Valents para que los vecinos tengan más facilidades para denunciar problemas determinados problemas con sus viviendas. La respuesta es clara, la alcaldesa fue una okupa más.