La retirada de la polémica losa de la ronda de Sant Antoni, durante unos dos años y medio un foco de incivismo, y especialmente la reurbanización de la calle ha abierto una pugna entre los dos partidos que gobiernan Barcelona, comunes y socialistas, y ahora entre distintas entidades y plataformas vecinales y de comerciantes. Y ha puesto en evidencia que a Barcelona en Comú la democracia y la participación solo le interesa si el viento sopla a su favor. 31 de los 41 concejales del pleno quieren un proyecto de pacificación para la ronda, el de 2018, pero los comunes andan mareando la perdiz a ver si le pueden dar la vuelta a la tortilla. 

La historia es simple: la losa de Sant Antoni se instaló para albergar las carpas provisionales de los comerciantes del mercado mientras se reformaba el histórico edificio. La remodelación acabó en 2018 y desde entonces la losa se ha convertido en un nido de vandalismo, porquería y molestias ¿Y, qué hacia el gobierno de Ada Colau? Pues, mirar hacia otro lado, como casi siempre cuando algo no interesa a la alcaldesa y a sus acólitos. Vecinos y comerciantes de la ronda se organizaron, hartos de no dormir y de malvivir ante la inacción municipal. Montaron la Plataforma d'Afectats per la Llosa de Sant Antoni, y tras meses de lucha, protestas y reuniones con todos los grupos municipales, consiguieron el compromiso de sacar la losa a finales de año y reurbanizar la calle después.

El problema, ahora, radica en qué proyecto se debe ejecutar. Estos vecinos y comerciantes, junto a otra veintena de entidades, defienden que se recupere la propuesta de 2018, que prevé una notable pacificación de la calle: una vía con transporte público, más verde, aceras más anchas, un carril bici central de doble sentido y zonas de carga y descarga en el lado del Raval. El plan fue aprobado, licitado y anulado en 2018 en medio de una ola de recortes. Ha estado cuatro años en los despachos. Y a finales de abril, todos los partidos de la oposición y el PSC votaron a favor de que se ejecute la propuesta. Solo Barcelona en Comú se abstuvo.

Es decir 31 de los 41 concejales avalan la reforma, pero como el área de Urbanismo y Ecología Urbana depende de Janet Sanz y las decisiones del pleno no son jurídicamente vinculantes, ésta no quiere dar su brazo a torcer. Los comunes proponen actualizar el proyecto y pacificar todavía más la ronda pese a la oposición del resto de partidos y vecinos de la ronda.

Esta es la democracia de Barcelona en Comú: tres cuartas partes del pleno -el mismo número de concejales que aprobó, por cierto, el tranvía por la Diagonal- quieren una cosa pero como ellos son más guapos que nadie se lo pasan por el forro. ¿Es irregular que Barcelona en Comú quiera actualizar el proyecto de la ronda? No ¿Es legítimo que quiera una propuesta nueva? Sí ¿Da risa? También ¿Por qué? Porque un partido como éste, que presume de ser el más participativo de todos, no acata una mayoría clara del pleno. Así andamos en Barcelona.

La cosa todavía se ha liado más estos últimos días. Quien esto firma lleva meses siguiendo el tema de la losa de la ronda de Sant Antoni. Desde Metrópoli se ha hablado con vecinos y comerciantes afectados y todos piden lo mismo: poner fin a los problemas de incivismo, encabezados por el mercado de la miseria, quitar la losa y reurbanizar la calle con el proyecto de 2018. Ahora, por arte de magia, o quizá por designios de su majestad, han aparecido entidades que discrepan del proyecto de 2018 y defienden, como los comunes, una ronda más pacificada. Hasta ahora no habían dicho nada y, de golpe, cuelgan un manifiesto y montan una rueda de prensa. A la Plataforma d'Afectats per la Llosa de Sant Antoni les huele a chamusquina -porque ven a las entidades discrepantes muy cercanas a los comunes-. Y a mí también.

La ronda de Sant Antoni ha supuesto el enésimo desencuentro entre comunes y socialistas. Los ha habido de mayores, sin duda, como la ampliación del aeropuerto, pero cuentan que la remodelación de Sant Antoni se ha convertido, a un año de las elecciones, en la cuestión más desestabilizadora del gobierno de Barcelona que ha afectado de forma seria a las relaciones personales de algunos concejales de los dos partidos. Jaume Collboni, líder del PSC, haría bien en no ceder ni un centímetro y defender el proyecto de 2018, y a los vecinos y comerciantes, hasta la extenuación, aunque ello suponga una ruptura de la coalición. Algo que, por otra parte, no le iría nada mal al PSC.

Y si me permite un consejo, señor Collboni: si en 2023 tiene usted ocasión de ser alcalde y gobernar Barcelona, algo que le deseo, búsquese mejores compañeros de viaje. Barcelona y los barceloneses se lo agradecerán.