En estos momentos, algunos barceloneses luchan contra el aumento del alquiler que conlleva la derogación parcial de la ley catalana de vivienda. Son los inquilinos que firmaron un contrato de arrendamiento entre septiembre de 2020 y febrero pasado en el que se incluía una cláusula de revisión si la normativa vigente era anulada por el Tribunal Constitucional.
Aunque hay distintas interpretaciones, la más generalizada apunta que esa cláusula, apellidada Berlín porque en la capital de Alemania ya se había producido la misma abolición, no se ajusta a derecho. La mayor parte de los agentes inmobiliarios la desaconsejaron a sus clientes.
El caso es que ahora el Sindicat de Llogaters trata de judicializar las reclamaciones de quienes dieron su conformidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos casos hay, pero a juzgar por el ruido que hacen los activistas deberían ser miles, pese a que la ley solo estuvo en vigor 18 meses, un periodo en el que el ritmo de nuevos contratos decayó. Probablemente son muchos menos, aunque son tan víctimas como sus caseros. Ambos pagan los platos rotos de quienes impulsaron y aprobaron una ley sin tener competencias constitucionales para hacerlo animados por el afán populista y propagandístico.
La historia de esta norma fallida deja una lección frustrante: quienes actuaron con más acierto fueron los dueños de viviendas que, atemorizados por la situación y con pulmón para resistir, retiraron sus inmuebles del mercado para poner una buena parte de ellos a la venta. Hay quien calcula que la oferta llegó a caer un 20% en Barcelona, uno de los motivos por los que las rentas han subido más en la capital catalana que en Madrid y que en el conjunto de las ciudades españolas.
Mientras tanto, los que alquilaron un piso durante esos 18 meses respetando una legislación que limitaba sus ingresos se comprometieron por cinco años. O sea, que si la renta de una vivienda se fijó 150 euros por debajo del mercado libre, por ejemplo, su propietario dejará de ingresar 9.000€. Hicieron el primo.
Los especialistas no son capaces de precisar los efectos reales de la polémica ley sobre el presunto objetivo de la movida, los alquileres. Algunos han bajado, pero también han subido los que tenían una renta inferior a la referencia oficial, y la oferta se ha reducido. El fin de la pandemia y del teletrabajo empuja desde hace un par de meses un aumento de la demanda en las grandes ciudades del mundo, un fenómeno que pronto llegará a la turística Barcelona. Es de temer que el estrechamiento de la oferta generado por la ley anulada se transforme en más presión sobre los precios. No parece un balance muy positivo.