La ocupación es un problema grave para la ciudad de Barcelona. Y también lo es para Cataluña. Los datos así lo atestiguan. En Cataluña se producen más del 40% de las ocupaciones de toda España. Es decir, en Cataluña (y especialmente en Barcelona) se concentra una gran proporción de esta problemática. La cifra no es menor. Hablamos de 21 ocupaciones diarias.

Evidentemente, la ocupación, más allá del hecho de la propia ocupación, que supone un golpe terrible para quien la sufre, generara también percepción de inseguridad y problemas de convivencia. Especialmente en los barrios más humildes de la ciudad en los que gente trabajadora ve como en su propio edificio se ocupan pisos con sensación de total impunidad. Y esto tiene que ver con el tedioso y largo proceso de resolución de una ocupación. Proceso arduo y complejo que hace que, quienes deciden ocupar y vivir a costa de otros gocen de la ocupación durante años antes de que, finalmente, se les pueda desalojar de la vivienda ocupada.

Los pequeños propietarios y gente trabajadora que ha dedicado toda su vida a trabajar para pagar durante muchos años una hipoteca también merecen ser defendidos. No pueden convertirse en el eslabón más vulnerable de la cadena.

Ocupar es ilegal, sea cuál sea el motivo que empuja a ocupar. En el sentido de la ilegalidad del hecho no puede haber debate. Cosa diferente es asumir el hecho de que hay familias que verdaderamente no tienen posibilidades de pagar el alquiler o de encontrar un hogar. Eso es distinto y hay que abordarlo. No podemos vivir como si el problema no existiese. Pero evidentemente lo que tampoco podemos hacer es operar como si la solución a los problemas de vivienda de las grandes metrópolis se pudieran solucionar ocupando pisos. Por más vacíos que supuestamente estén. Más aún cuando todos somos conscientes de la existencia de mafias organizadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de aquellos que acaban cayendo en sus redes y de una legislación que dilata los tiempos de actuación hasta límites vergonzantes.

El pasado viernes el Partido Socialista de Barcelona por boca de su presidente Jaume Collboni expresó con claridad una propuesta que considero necesaria para acabar con el fenómeno de la ocupación. Según afirmó, trasladará la petición de una reforma legal para tener más instrumentos contra la ocupación, entre los que incluye que las comunidades de propietarios puedan denunciar, que se actúe en un plazo máximo de 72 horas, y que sólo sirva para justificar la presencia en un domicilio un documento de propiedad o un documento de alquiler firmado por el propietario. Con esto nos cargaríamos el problema de aquellos que entienden que se demuestra el derecho a estar en una vivienda con dos recibos de comida a domicilio y conseguiríamos solucionar el problema con un desahucio exprés en 72 horas. Esta es la verdadera solución al problema de la ocupación. Cambiar y mejorar la ley. Hacerla más eficiente. Más efectiva.

El tema de que las comunidades de propietarios puedan denunciar es importantísimo. Son muchas las veces en que las ocupaciones suceden en pisos de entidades bancarias o fondos de inversión, y éstos, o bien tardan mucho tiempo en darse cuenta o bien les es indiferente que la vivienda esté ocupada. Situaciones como éstas generan molestias en el edificio, y los vecinos se ven atados de pies y manos pues sólo el propietario puede denunciar. Con este cambio que se propone desde el PSC, las comunidades de vecinos podrían denunciar incluso sin ser propietarios de la vivienda, y por tanto, si las personas que hay en el piso no acreditan la titularidad o el documento de alquiler, tendrían que abandonar la vivienda.

Con propuestas como estas se ataca directamente al punto central del problema. Y sólo así se consiguen mejoras de verdad.

Es así como se lucha contra la inseguridad y no con propuestas absurdas y subidas de tono como las que hemos tenido que escuchar por parte de algunos concejales que viven instalados en el intento de hacer ruido para hacerse notar sea como sea. Nunca olvidaré cómo en la comisión de presidencia de hace unos días hubo un grupo político que propuso que se distribuyeran fotografías a los ciudadanos de los delincuentes reincidentes y sus fotos se colgaran en las calles de la ciudad como si estuviéramos en el lejano oeste de las películas que ya sólo emite TreceTv.

La única solución contra la multrieincidencia pasa por un cambio normativo que ya está a día de hoy a pocos días de resolverse en el Congreso y el Senado gracias al Partido Socialista. El cambio en el código penal que hará que los delincuentes multireincidentes acaben en la cárcel es el camino para acabar con la multireincidencia. No colgar fotos de los delincuentes para “prevenir” a los ciudadanos. Del mismo modo que el problema de vivienda no se resuelve con ocupación, el problema de la multireincidencia no se soluciona con señalamientos públicos. Al final, el populismo, venga del lado que venga funciona siempre del mismo modo.

La política sensata, la política útil es la que busca soluciones efectivas a problemas concretos sin grandes aspavientos. Contra la multireincidencia, mejora de la ley. Contra la ocupación, ley más restrictiva. Contra el problema de vivienda, más vivienda social. Contra la estupidez, más sentido común.