Lo ocurrido en Badalona es una tragedia. Me refiero a la muerte de los vecinos que estaban en el inmueble que se vino abajo hace unos días. Pero lo ocurrido en esa calle Canigó ha pasado en otras. En la calle Granada, por ejemplo. En ese momento, las administraciones firmaron un acuerdo para -a través del consorcio metropolitano de la vivienda- iniciar un programa para rehabilitar hasta un millar de viviendas. Pasó en marzo de 2022. En nada habrán pasado dos años. Y el uno por el otro, la casa sin barrer. Han cambiado los gobiernos metropolitano y badalonés, no se ha iniciado ni una sola rehabilitación, y preguntar por ese compromiso resulta casi embarazoso para quien lo hace, pero sobre todo para quien debiera responder.

Digo esto cuando se ha conocido que el gobierno español va a cumplir algo que dijo en campaña. Y esto, si me permiten el comentario, sí que es una novedad porque el presidente Pedro Sánchez anunció avales del 20% a la compra de vivienda, y ha cumplido poniendo 2.500 millones encima de la mesa, para parejas o jóvenes de hasta 35 años con ingresos de hasta 75.000 euros. También lo hago cuando se ha sabido que la SAREB va a poner en marcha el concurso de siete lotes de suelo finalista, para que se construyan viviendas de alquiler en 33 municipios del territorio. Las condiciones para ello serían la cesión del suelo a privados durante 80 años para que construyan y alquilen a precio tasado, devolviendo el suelo a manos públicas al fin de ese período.

En la lista de iniciativas cabe apuntar también el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para que esta última, en cinco años, pueda construir 1.700 viviendas invirtiendo 221 millones de euros. Veremos si es posible (en cinco años), y veremos también como se desarrolla lo que el gobierno central ha previsto. Ojalá.

Volviendo a mi ciudad, decía que no es ni la primera ni la segunda vez que un edificio se viene abajo. En este último caso, la investigación judicial determinará la causa del derrumbe. En otros era claro que el mal estado del edificio y su falta de mantenimiento, habían sido la clave de su desgracia. Muchos barrios metropolitanos con bloques de viviendas antiguos, y con vecinos sin capacidad económica suficiente, tienen un problema estructural que merece la atención pública. Los políticos se han lanzado -cómo no- los platos a la cabeza, con acusaciones mutuas tan estériles como imprecisas sobre quién hizo más o qué se debería hacer. Todos con soluciones abstractas sujetas a la redacción de planes y acuerdos en la jerga a la que nos tienen acostumbrados. Es loable la proximidad y atención que se ha prestado a las personas que han tenido que abandonar sus casas por parte del ayuntamiento y la Generalitat, pero eso no quita que debamos también advertir de la necesidad de una política metropolitana de vivienda no sujeta a cambios políticos y centrada en las ayudas a la rehabilitación de bloques de viviendas como los que han caído ya en Badalona.

En el terreno pragmático se me ocurren algunas acciones que deberían ofrecerse. Y que de hecho no son nuevas. En Santa Coloma de Gramenet, la calle Pirineus con 360 viviendas fue rehabilitada por el municipio, siendo este quien se encargó de tejer los acuerdos entre empresas y particulares para intervenir, cogiendo el liderazgo de las inspecciones técnicas, los proyectos la petición de subvenciones y los convenios con las comunidades para paliar deficiencias de todo tipo.

En Badalona el ayuntamiento debería ver el elefante que tiene en el comedor y no pensar que vendrá nadie a llevárselo. Debería actuar con presupuesto e idear soluciones para atajar la rehabilitación del parque privado de viviendas antiguas de la ciudad.

En el caso que nos ocupa, estudiar si el propio ayuntamiento podría hacer suya la promoción de un nuevo edificio, erigiéndose en el propietario y arrendatario de unas familias que lo han perdido todo, menos la propiedad de un suelo que no pueden valorizar, sería bueno. Quizás sería el momento de plantear una operación de rehabilitación para que en ellas, con alquiler de por vida, puedan empezar de nuevo. O eso, o actuar subsidiariamente apuntando en sus escrituras el coste de las obras para que, si en un futuro se venden, el ayuntamiento pueda resarcirse de ese gasto.

Que lo ocurrido en Badalona sea la semilla de una actuación estructural coordinada, focalizada y potente es un deseo, pero sobre todo es una imperiosa necesidad.