A escasos meses de las elecciones municipales del pasado mayo de 2023, el consistorio bipartito de la capital catalana, por aquel entonces formado por los comunes y por el grupo de los socialistas, pusieron en marcha toda una serie de medidas restrictivas a la actividad económica de la ciudad, entre ellas el cierre de los supermercados fantasma y la prohibición de las llamadas ‘dark kitchen’.

Ni supermercados ni cocinas fantasma. Con esta iniciativa, Barcelona se convertía en la primera capital del estado en vetar los negocios de productos o comida que se reparten a domicilio sin espacio físico para clientes.

A partir del 15 de febrero la ciudad condal solo permitiría que se instalasen macrococinas en el polígono industrial de la Zona Franca, en un radio de 400 metros una respecto de la otra, y obligaría a los 21 almacenes alimentarios que ofrecían reparto a domicilio, los llamados 'súpers fantasmas', a convertirse en supermercados reales abiertos a los vecinos (previa obtención de la licencia) o a continuar su actividad repartiendo al por mayor, pero en ningún caso a domicilio.

Asimismo, en el plazo de 24 meses, todos aquellos restaurantes y bares que realizasen reparto a domicilio deberían comunicarlo al ayuntamiento y demostrar que tienen abierto al público un mínimo del 40% de su espacio, que permiten a los repartidores el acceso al local y a sus servicios, y que también les ofrece un lugar donde poder descansar.

Ahora, un año más tarde, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, flexibiliza la norma y da aire a las cocinas industriales. Aunque con limitaciones, se podrán abrir ambos tipos de comercios, dark kitchen y dark stores, en las zonas industriales de la ciudad.

Es razonable que las administraciones públicas traten de abordar las externalidades negativas que puedan causar estas novedosas actividades económicas, que guste o no han venido para quedarse, pero siempre procurando que no haya una desconexión entre la regulación aprobada y la realidad de las nuevas tendencias del consumo.

La digitalización de los procesos empresariales hace que aparezcan nuevas formas de operar que deben ubicarse en el centro de las ciudades y no en la periferia, para que los repartidores puedan desplazarse en bici, moto o patinete, y no con camionetas o camiones que no se ponen en marcha hasta que están llenos. Es la única forma de poder ofrecer entregas rápidas y a su vez sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

La normativa aprobada en 2023 comporta rígidas barreras jurídicas para el comercio electrónico en la ciudad de Barcelona en perjuicio del consumidor, que sufre una restricción de la oferta de productos y servicios, un encarecimiento de los mismos y, a su vez, una menor calidad al incrementarse inevitablemente los tiempos de entrega; además de perjudicar a cientos de empresas y a un sector con un gran potencial de crecimiento que genera miles de puestos de trabajo.

Limitaciones de actividad que no se traducen en una verdadera protección del medio ambiente y del paisaje urbano, sino en el intento de imponer un modelo de ciudad que responde a criterios estrictamente ideológicos y no a la protección de bienes jurídicos esenciales a los que dice servir. En una sola palabra, populismo.

Éste es un ejemplo más de la importancia de legislar con el consenso de todas las partes implicadas, porque como todo en la vida, las cosas ni son todo blancas ni son todo negras. Existen los grises y los pactos, y las medidas unilaterales no deben formar parte en ningún caso de las políticas de nuestros representantes.

Sin duda es importante preservar el comercio de proximidad y minimizar el impacto sobre el espacio público, pero no podemos rechazar las nuevas formas económicas que irrumpen en la sociedad con la introducción de las tecnologías y la digitalización. Las ciudades son cada vez más competitivas a nivel de conectividad y digitalización. Barcelona ha sido y es pionera en distintos ámbitos y hoy es un referente dentro del país y de Europa porque reúne importantes empresas del sector.

La sociedad digital se evalúa en función de la capacidad que hayan tenido las ciudades de adaptarse a las nuevas tendencias. Barcelona cuenta con el potencial necesario para convertirse en motor de una economía basada en el conocimiento y la innovación, pero para ello es necesario impulsar el emprendimiento y potenciar aquellas iniciativas que generen competitividad empresarial, atracción y retención de talento y alianzas público-privadas en el sector.

¿Regular?, sin duda. Pero nunca de forma restrictiva sino pacífica y proactiva, favoreciendo la economía, la generación de empleo y preservando el bienestar de la ciudadanía.