Como un regalo de Reyes con retraso, este pasado martes anunciaba rumboso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que el Gobierno desembolsará 7,2 millones de euros en la compra la Casa Gomis-Bertrand, una de las joyas de la arquitectura catalana del siglo pasado.

Obra de Antoni Bonet i Castellana, -responsable de otro edificio singular probablemente más grabado en la retina de muchos lectores: el Tribunal Constitucional- la Casa Gomis es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura racionalista en nuestro país.

Declarada Bien Cultural de Interés Nacional en 2021, su valor arquitectónico y patrimonial ofrece pocas dudas. La casa se dispone sobre una plataforma artificial elevada con la que el arquitecto domestica el territorio usando la geometría de formas onduladas que da carácter a la obra. 12 arcos que cubren las estancias e insertan el edificio en el paisaje de la pineda mediterránea en perfecta armonía. 

Destacaba el ministro Urtasun esta semana, al anunciar la compra, que esta adquisición permitirá preservar y difundir un inmueble clave de la arquitectura catalana, vinculado al “maravilloso entorno natural de la Ricarda”.

Quiere con la compra que la Casa Gomis vuelva a ser polo de atracción de artistas e intelectuales, como lo fue tras su inauguración en los años sesenta del siglo pasado, dando cobijo a no pocos miembros del Club 49.

Herederos de una saga que hunde sus raíces en la burguesía que dio esplendor a la Cataluña modernista, el matrimonio Gomis-Bertrand hizo honor al legado no solo con el encargo a Bonet, sino también con su posterior papel de anfitriones de lo poco que se movía en términos artísticos en aquella España franquista que empezaba a intentar salir del túnel.

Lo dicho. Nada que objetar al valor artístico y patrimonial de la última adquisición del Gobierno. Pero vamos a detenernos en ese enclave nada fortuito: el “maravilloso entorno natural de la Ricarda”. 

Ernest Urtasun, ministro de Pedro Sánchez y hombre de confianza de Yolanda Díaz es también el dirigente con más proyección de los Comunes. Ese partido que se ha erigido, con permiso de ERC, en principal opositor a la ampliación del aeropuerto de El Prat.

También es el partido de Lluís Mijoler, alcalde de El Prat, -que ahora se retira-- el único municipio de cierto peso que sigue en manos de los Comunes tras la derrota de Ada Colau. Una alcaldía que ha pasado sucesivamente por las manos del PSUC, ICV y ahora los Comunes.

Todo un bastión, que ahora pugna por mantener su carácter agrícola y el espacio natural del estanque -artificial- de La Ricarda a cuenta de los pingües beneficios obtenidos de un aeródromo que El Prat no quiere ver ampliado.

Y aquí me asaltan las dudas sobre la inocencia de la última adquisición del Ministerio de Cultura. La Casa Gomis se sitúa entre el final de la tercera pista del aeropuerto y la playa de El Prat, un enclave que la hizo inhabitable desde la construcción de la pista por el ruido del constante trasiego de aviones.

Su venta ha sido, por ello, la mejor de las noticias para los herederos de esta joya arquitectónica. Pero no deja de resultar llamativo el entusiasmo por la arquitectura de un ministro que prefirió irse al circo que contemplar en primicia la reconstrucción de Notre Dame de Paris -con todos mis respetos al mayor espectáculo del mundo-.

O la generosidad de un ministro del partido de Ada Colau con un legado tan burgués como el de la familia Gomis-Bertrand. Por eso, quizá con exceso de celo, los periodistas testigos del anuncio de Urtasun le preguntaron con insistencia cuánto veía en la Casa Gomís de barrera a una futura ampliación del aeropuerto de El Prat.

Una inquietud que a mí, lo confieso, también me asalta.