El pasado miércoles, 3.000 vecinos de L’Hospitalet y Esplugues se manifestaban por las calles para reclamar más seguridad.
Una “manifestación histórica” de la que dio buena cuenta Sofía Díaz en Metrópoli Abierta. Sin banderas ni consignas políticas. Estaban prohibidas por los organizadores, que tenían claro su objetivo: poner el foco en la inseguridad y la sensación de abandono de vecinos y comerciantes.
Sus demandas eran tan claras como obvias: más seguridad, un plan de acción que ataje la delincuencia, mayor protección para los negocios y medidas que garanticen la convivencia. Sin olvidar salarios justos para la policía y respeto a sus derechos.
"No dejemos de exigir lo que es nuestro" concluían los vecinos en la lectura de un manifiesto ante el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, que tomó buena nota de la que se le viene encima.
El pasado agosto, la influencer Marina Pujol Merino encendía las redes con un vídeo bajo el título: "running en los barrios chungos de Barcelona”.
El barrio chungo escogido no era otro que La Florida, en L’Hospitalet, que la influencer describía con una mezcla de comentarios racistas y clasistas dignos de la mejor alumna del movimiento MAGA.
Dos hechos aparentemente inconexos que comparten espacio geográfico y virtual -los vecinos promotores de la manifestación se organizaron a través de las redes sociales-.
Quirós lo sabe, por eso respondió tan puntualmente a la pija influencer como a los vecinos en pie de guerra. Porque con su clasismo, Pujol consiguió una repercusión en las redes que es una andanada contra todo lo construido por Hospitalet en los últimos 40 años.
Justo lo que reclamaban los vecinos que se manifestaron el miércoles, recuperar su ciudad. Calles seguras y barrios para la convivencia. Al fin y al cabo, la influencer es una anécdota; no lo son en absoluto las patrullas vecinales. Esas que empezaron a rondar las calles de Bellvitge la pasada primavera.
No se trata de percepciones manipuladas por los discursos extremistas. Los datos demuestran que los delitos crecen en Hospitalet. Un 64% entre marzo de 2024 y febrero de 2025, según reconoció la policía autonómica en la última Junta de Seguridad Local.
El director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, explicó entonces que el municipio “no tiene un problema de crimen organizado”, sino que, en general, se trata de “pequeños delitos”. Y de nuevo, la multirreincidencia. Los hurtos suponen casi la mitad de los delitos, a los que los Mossos han respondido en los últimos meses con un plan un plan a escala metropolitana y especial incidencia en L’Hospitalet y Badalona.
Un plan a todas luces insuficiente, a tenor de lo visto el miércoles. Pero el alcalde, como el director de los Mossos, sabe que la clave no está tanto en la policía como en la Justicia.
Esa sensación de impunidad para unos, indefensión para los más, que es una de las mejores maneras de socavar los cimientos de una sociedad democrática. Faltan mossos, pero casi todos los responsables políticos tienen claro que el problema no está en la policía, sino en la incapacidad del sistema judicial para procesar a los detenidos, que se sienten así inmunes pese a acumular detenciones y antecedentes policiales.
Lo advertía el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el foro Barcelona, desperta!. “Poco me importa tener 200 mossos más” (dicho con ironía y todas las salvedades, porque la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, se aprestó rápidamente a quedarse con ese suplemento policial para su ciudad) si el refuerzo no va acompañado de una reforma legal y judicial para afrontar la multirreincidencia.
Lo sabe también el alcalde de L’Hospitalet, que tras la manifestación vecinal hacía pública la misiva enviada recientemente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que se afronte esta cuestión.
“Me dirijo a usted en calidad de alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, una gran ciudad metropolitana que sufre de manera muy directa los efectos de la multirreincidencia delictiva y de la ausencia de ingreso en prisión en casos de delitos reiterados”, advertía Quirós.
Con ejemplos claritos, como los 32 identificados en las fiestas de Bellvitge, que acumulaban 287 antecedentes. Cifras que puede repetir Albiol, en base a las actuaciones de la policía local de Badalona, y casi cualquier alcalde metropolitano.
Estaría bien que el ministro Bolaños se centrara, por tanto, en cumplir las promesas realizadas hace casi un año, cuando aseguró la apertura de más juzgados en Barcelona. Quizá no le dé tantos titulares como pelearse con el PP sobre el blindaje constitucional del aborto, pero seguro que los ciudadanos lo encontrarán más útil.
