El alcalde de Barcelona se someterá hoy a una cuestión de confianza motivada por la falta de apoyos para la aprobación de los presupuestos del 2026. La va a perder, pero a la vez la va a ganar.
La ley establece que, cuando el presidente de un consistorio se somete a la votación del pleno con el objetivo de sacar adelante las cuentas anuales, para ser cesado no basta con que la oposición le niegue el apoyo. Se mantiene en funciones hasta que la misma oposición consigue la mayoría suficiente para sustituirle.
Es un mecanismo que permite dar estabilidad al ayuntamiento y que probablemente fue pensado por unos legisladores que pretendían acotar los efectos de la diversificación del voto, de la dispersión de la voluntad popular en numerosos grupos políticos locales.
Es la segunda vez que Jaume Collboni recurre a este procedimiento, y no podrá volver a hacerlo en esta legislatura porque la ley lo impide. Ada Colau lo usó también dos veces, como Xavier Trias.
Los tres han tenido mayorías frágiles, pero también es cierto que en los cuatro mandatos que totalizan se mantuvo la estabilidad porque los grupos que permitieron la elección del alcalde inicialmente no cambiaron de posición después.
La Constitución, sin embargo, no lo permite para el presidente del Gobierno ni para sus homólogos autonómicos. Sus redactores no debían tener prevista la fragmentación de las últimas legislaturas. El Congreso salido de las generales del 2023 reúne representantes de 11 grupos políticos. En el Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, hay seis, casi la mitad.
Estas cifras apuntan, aparentemente, que sería más necesario un mecanismo de nivelación en la cámara legislativa que en las corporaciones locales.
Cuando la fragmentación del voto empezó a amenazar el bipartidismo en España, los especialistas recordaban los sistemas que utilizan otros países para reforzar a los partidos que ganan las elecciones y permitir que puedan gobernar.
![Entrevista a Jordi Martí Galbis](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2025\/02\/12\/vivir-en-barcelona\/923667783_14108864_320x180.jpg"])
Hay legislaciones electorales que premian al vencedor con escaños adicionales; otras establecen las dobles vueltas para concentrar el voto; en algunas también se usan porcentajes mínimos altos para entrar en las instituciones de manera que quedan fuera los de menor implantación nacional.
En España seguimos igual que en 1980, aunque la realidad ha creado una gran paradoja dentro de nuestro sistema. Collboni tiene más estabilidad con el 24% de los concejales que Pedro Sánchez con el 35% de los diputados y que Salvador Illa con el 31% de los escaños del Parlamento. Es un sinsentido.
[Pero habría que estar loco para proponer en estos momentos que los grandes partidos se pongan de acuerdo en modificar la estructura legal del país para fortalecer su gobernanza. Habría que entrar a saco en la Constitución, donde se fija la cuestión de confianza del presidente del Gobierno, de la que se deriva a la de los autonómicos.]
