Un juzgado de Barcelona ha aplazado hasta el día 18 el desahucio de Josep Torrent, un profesor que vive desde hace 20 años en la famosa Casa Orsola, situada en la Esquerra de l’Eixample. Así, las partes tendrán tiempo de negociar con la mediación del Sindic de Greuges y el Ayuntamiento.

La historia es conocida. Al inquilino, que vivió 10 años en uno de los pisos más grandes del edificio y lleva otros tantos en uno de menos metros y con una terraza del mismo tamaño que la vivienda, le venció el contrato de alquiler que el propietario no quería renovar. Él tampoco acepta las consecuencias del vencimiento y desde 2021 ingresa la renta en el juzgado. Torrent paga 700 euros mensuales por el pequeño ático y asegura que se ha llegado a esa cifra con aumentos ilegales.

El edificio tiene 27 viviendas y cuatro locales comerciales; estos últimos están al corriente de pago y disponen de contratos actualizados. Ocho de las viviendas tienen contrato indefinido; en otras seis están vigentes sendos contratos de alquiler residencial; en siete son de temporada; en cinco, entre las que figura la de Torrent, ya han vencido; y una está vacía tras el fallecimiento de la inquilina.

Se trata de un edificio de estilo modernista, construido en 1925 por un industrial de origen italiano -Giovanni Orsola- en el solar donde había tenido una fábrica de cerámica. En vísperas de la Exposición Universal de 1929, con la construcción de la primera línea de metro y la urbanización de Montjuïc, la demanda de viviendas por parte de la emigración que se había generado en Barcelona era tan acusada como ahora: el 95% de las familias vivían de alquiler. Los pisos de Orsola, de entre 55 y 79 metros cuadrados, estaban destinados a trabajadores de cuello blanco; a clase media baja. No tenían ascensor, pero si agua corriente y lavabo.

En 2021, los entonces propietarios del edificio decidieron ponerlo en venta. Los planes de peatonalización de Consell de Cent prometían una revalorización inmobiliaria capaz de atraer compradores. Y, efectivamente, Lioness Inversiones, lo adquirió.

Las rentas que pagaban los inquilinos, entre los 450€ de Josefa, una señora de 80 años que vivía sola, y los 815€ de Tono Hernández, están por debajo del índice de referencia de alquiler del Ministerio de Vivienda, que oscila entre 744,22€ y 938,17€ mensuales para ese edificio. La recaudación bruta anual por todo el inmueble debía rondar los 250.000€, de los que solo el IBI ya se llevaba en torno al 10%.

Es evidente que Casa Orsola había dejado de ser negocio para sus dueños, a los que el encarecimiento de los inmuebles de la zona puso los dientes largos. Quien ideó la pacificación de ese eje del Eixample no tuvo en cuenta sus efectos colaterales, y tampoco se preparó para corregirlos. Cuando estalló el conflicto, el ayuntamiento estudió la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo, pero el precio de compra, más las reformas necesarias y la recolocación de los vecinos durante las obras lo hacían económicamente inviable.

Ahora parece que el consistorio podría replanteárselo, según ha dado a entender el alcalde. El propio administrador de Lioness Inversiones, Albert Ollé, admite en una melodramática carta pública que, a la vista de las complicaciones, igual vende el edificio, cuyo valor de mercado debe haber caído en picado; o sea, que lo hará con pérdidas.

Es posible que los inquilinos, que dicen haber tenido una excelente relación con los antiguos propietarios, no se dieran cuenta de que disfrutaban de un chollo, puede que no vieran la conveniencia de modificar sus contratos -indefinidos y baratos, unos; simplemente baratos, otros- para que el dueño también pudiera ganarse la vida. No lo sé, como tampoco sé por qué la ley es tan rígida y estúpida: el propietario solo tiene dos opciones, o no gana o se hace de oro.

Pero está claro que hacer el papel del aprovechategui, ese término que ha actualizado cierto político gallego, tiene muchos riesgos. Si pagas una renta que está por debajo del índice confiscatorio que ha puesto la Administración para frenar la escalada de los alquileres, difícilmente puedes llamarte a engaño si llega otro con más herramientas que tú para aprovecharse también de los huecos de la ley y hacer su particular peix al cove.

Aunque también es posible que el mismo aprovechategui tenga los apoyos mediáticos y políticos suficientes para ganarle el pulso al propietario y que al final el expropiado sea él. Puede que el Ayuntamiento termine haciéndose con el edificio a justiprecio, o mucho más barato que en 2021, a cuenta de los contribuyentes para que los inquilinos de Casa Orsola sigan pagando un alquiler social aunque su renta no les haga merecedores de ese trato asistencial.