La compra de la casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona (junto a la fundación Habitat 3) debe de ser un asunto muy bien resuelto porque, tras oír a los participantes en la operación, nadie está contento. Es lo que tiene organizar la convivencia: todos ceden y nadie gana por goleada. Aunque algunos lo pretendan.
El dueño hubiera preferido el negocio inicialmente previsto. Ahora ha ganado con la venta, pero esperaba ganar más con los alquileres libres. El autodenominado Sindicat de Llogateres se queja porque no ha salido en la foto final en primer plano.
Los inquilinos se alegran en lo que les toca, pero lamentan que su solución sea tan parcial que no afecta a otros ciudadanos con problemas. El Ayuntamiento, a través del alcalde, Jaume Collboni, ya ha dicho que esta solución no es de aplicación universal.
Luego están los grupos políticos con representación municipal. Vox y Junts (tan parecidos en casi todo) dicen que es un fiasco. El PP es el que más tardó en criticar la decisión. Seguramente tenía que consultar con Feijóo y con Díaz Ayuso antes de pronunciarse.
Los comunes se quejan de que todo es puro teatro para encubrir la supresión del 30% de reserva en obra nueva. Los de ERC no saben si están contentos o no.
El único verdaderamente satisfecho es el Síndic de Greuges, David Bondia. Pudo hacer una rueda de prensa para recordar que existe y asegurar que todo era mérito suyo. ¡Por fin sale en una foto!
Lo más acertado es lo dicho por Collboni: es una solución, pero no es la solución. Puede haber resuelto el problema actual de unos inquilinos amenazados a corto y medio plazo, pero el Ayuntamiento de Barcelona no puede, con la legislación actual en la mano, dedicarse a ir comprando cada edificio que se ponga en venta.
El problema de la vivienda es que se rige exclusivamente por el mercado. Un mercado que no está regulado. Y resulta que el mercado, cuando se le deja absoluta libertad, es una fuente de desigualdades.
Para colmo, las leyes confieren a los municipios una gran capacidad de decisión en materia urbanística y, por tanto, relacionada con la construcción de viviendas.
Quizás no estaría de más que alguien explicara qué han hecho los municipios (todos y cada uno de ellos) con el 10% de suelo que reciben en los procesos de urbanización. Porque si se suman las operaciones de los últimos 40 años, la cantidad de suelo es muy importante.
En el caso de Barcelona, la ciudad llega a la democracia con todo tipo de déficits: pocas zonas verdes, pocos centros de enseñanza públicos, un sistema sanitario con muchas necesidades de locales e instalaciones y, por supuesto, una notable escasez de viviendas en relación con la demanda real.
Invertir en vivienda pública resultaba complicado. Para empezar, construir es caro. Además, las viviendas protegidas se pensaban como una solución provisional y transitoria.
Pero cabía la posibilidad de que, en el momento adecuado (por edad, en las promociones para jóvenes; por ingresos, en otros casos) los inquilinos no quisieran marcharse. Y los ayuntamientos de izquierdas sentían verdadero vértigo ante la posibilidad de ser ellos quienes instaran a un desahucio.
En tiempos de Porcioles reclamar una cierta racionalidad en la vivienda era asunto delicado. No se negociaba con el poder político, sino que a la mesa de diálogo que pedían los vecinos acudía el poder policial, convenientemente armado (véase El 47).
Los consistorios electos a partir de 1979 tomaron algunas decisiones razonables y aumentó el número de viviendas, pero de forma insuficiente. La eclosión del turismo fue otro factor que movió al alza el precio de los pisos, tanto de compra como de alquiler.
La cuestión, por tanto, es clara: ¿hay que dejar que una necesidad como la de vivienda la solucione el libre mercado?
Es evidente que los agentes inmobiliarios no intervienen con el espíritu de Cáritas. Construyen, compran, alquilan y venden con el objetivo de ganar dinero. Así funciona el mercado. Y es probable que algunos de los que ahora se quejan de las consecuencias votaran en su día a partidos como Junts, Vox o el PP partidarios del libre comercio también en la vivienda.
La solución dada a la casa Orsola solventa 27 problemas. Pero no elimina el verdadero problema: cómo garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Eso no lo hace el mercado.