El juicio moral es cosa de cada uno, aunque la izquierda debería tener presente algún principio, dado que la derecha --la corriente socialcristiana se evaporó hace mucho tiempo-- ya está en otra, más inclinada al pragmatismo y a la ganancia económica.

La cuestión es que las caretas han caído. Las cosas se plantean con toda la crudeza. Sucede en el ámbito de la vivienda, el más castigado y el que puede plantear más problemas a la administración. 

En Barcelona se planteó en los últimos años, con los gobiernos de los comunes, pero con la participación de los socialistas, una medida que no ha resultado: la reserva del 30% de vivienda social en las promociones urbanísticas.

Una de las ideas que se difundió es que al promotor no le salían las cuentas, y que ese porcentaje, tal vez, debería ser menor. Pero con la boca pequeña también se expresaba algo más peliagudo: muchos compradores potenciales no quieren que al lado de su puerta pueda vivir alguien de menor renta. Porque, ¿es lícito que se beneficie de una comunidad con propietarios de más nivel? ¿Cómo hablar con ellos del tiempo en el ascensor? 

No es algo nuevo. No produce escándalo porque ya se practica en otros terrenos, como en el educativo.

La defensa de la escuela concertada, con el peregrino argumento de que los padres tienen derecho a elegir un método de enseñanza para sus hijos --ese derecho a elegir escuela no se da en otros países de nuestro entorno europeo-- escondía un hecho más crudo: las familias de clase media acomodada no quieren la mezcla de sus hijos con inmigrantes. Así de sencillo.

Elllo ha provado la segregación escolar, que en Catalunya, en su conjunto, es un asunto realmente grave. Esta situación no se debe confundir con otras escuelas concertadas que hacen un trabajo enorme y que están siendo castigadas por la administración por una mera cuestión ideológica. Pero eso ya se tratará en otros artículos. 

El hecho es que la práctica de la escuela concertada tiene su espejo en las promociones urbanísticas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni --recordemos que es del PSC, es decir, socialista-- ha renunciado a mantener esa reserva del 30% porque no ha funcionado. Y es cierto que los políticos, aunque su cometido es el de transformar la realidad --la izquierda, principalmente-- no pueden chocar contra un muro una y otra vez. Deben hallar alternativas. 

En eso está Collboni, que quiere pactar una medida que sustituya a esa reserva del 30% con Junts o con ERC, o con los dos, y que renuncia --es evidente-- a hacerlo con los comunes, que insisten en chocar contra el muro.

La realidad es la que es. La sociedad ha derivado hacia esos postulados por muchas razones. La mezcla de clases sociales se ve hoy --de hecho ha pasado siempre-- como algo rechazable. Y Collboni ya piensa en reservar edificios enteros para vivienda social, y, quizá, un porcentaje muy menor en otros edificios con más nivel. Junts le apoyará en esa dirección, como deja entrever Jordi Martí en la entrevista de este domingo en Metrópoli.

El mercado juega en esa dirección. ¿Qué implicaría?

De hecho, ya existe esa realidad. En un mismo distrito de Barcelona hay barrios homogéneos, con viviendas para personas de menor renta, y barrios con edificios de mayor calidad con viviendas mucho más caras. Se trataría ahora de ahondar en esa división. En el caso de que en algunos edificios se deba reservar un porcentaje a vivienda social, entonces hay una posibilidad: diseñar dos accesos distintos, dos puertas, una para pisos de mercado libre y otros para los sociales.

Es la idea que ha lanzado, sin pelos en la lengua, Elena Massot, vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), y consejera delegada del grupo inmobiliario Vertix.

¿Se ha renunciado por completo a la integración social? ¿Debemos separarnos todos por renta social? ¿Y cuándo nos podremos ver, en un concierto en el Estadi Olímpic para escuchar a Bruce Springsteen?